El contrato de seguro de responsabilidad de administradores y altos ejecutivos de sociedades mercantiles en Estados Unidos como modelo para su desarrollo en España
- Angel Fernández Albor Baltar Doktorvater/Doktormutter
- Manuel José Botana Agra Co-Doktorvater/Doktormutter
Universität der Verteidigung: Universidade de Santiago de Compostela
Fecha de defensa: 12 von Dezember von 2003
- José Antonio Gómez Segade Präsident/in
- Anxo Tato Plaza Sekretär/in
- Jesús Quijano González Vocal
- José María Muñoz Paredes Vocal
- José Luis García-Pita Lastres Vocal
Art: Dissertation
Zusammenfassung
La Administración de sociedades se sitúa en el núcleo de un complejo ejercicio profesional que permite obtener control y poder sobre el patrimonio ajeno que debe estar sujeta a controles y a resposabilidades. Los escándalos financieros acontecidos en el marco de sociedades mercantiles a lo largo del siglo XX y comienzos del S. XXI son un buen ejemplo de este fenómeno. Junto con la exigencia de responsabilidades, se hace preciso establecer sistemas de protección de los directivos frente a reclamaciones infundadas, frente a reclamaciones basadas en el ejercicio del juicio empresarial equilibrado, etc. A lo largo del siglo XX se ha desarrollado en EEUU un tipo de contrato de seguro conocido como D&O que se basa en la técnica tradicional del seguro de responsabilidad civil, si bien presenta bajo la misma póliza varios acuerdos aseguradores independientes. (Responsabilidad derivada de actos negligentes de mala gestión), responsabilidad de reembolso y defensa jurídica. El D&O se ha extendido en Europa, y en todo el mundo, includio en España, siguiendo el modelo norteamericano. Precisamente por ello, a juicio de la autora, es preciso recurrir a las fuentes norteamericanas y muy en particular a la jurisprudencia, para encontrar las claves de muchas de las cláusulas contractuales más al uso. La tesis aporta soluciones originales de cara a la adpatación del modelo americano al régimen de responsabilidad de administradores de altos ejecutivos en España, teniendo en cuenta las modificaicones introducidas en la ley de trasparencia de 2003.