El sistema judicial costarricense frente al crimen organizadocondiciones, riesgos y respuestas preventivas

Resumen

La ofensiva coordinada contra el narcotráfico, a través de la Iniciativa Mérida en el norte y el Plan Colombia en el sur de América Latina, se ha traducido en un desplazamiento del eje de acción de las respectivas organizaciones criminales mediante una diáspora de delincuentes y la difusión de sus actividades ilícitas hacia países de la región que conforman refugios más seguros. Costa Rica, tradicionalmente considerada como patrimonio de estabilidad y seguridad democrática de la región, no ha sido inmune a este fenómeno de penetración criminal. Si bien, de una forma comparativa, Costa Rica sigue gozando de una posición privilegiada en una región fuertemente convulsionada, no es menos cierto que existen unas tendencias preocupantes. El país se está convirtiendo no sólo en punto de tránsito y bodegaje debido a su situación geográfica estratégica, sino también en centro logístico del narcotráfico por la existencia de almacenaje y por el blanqueo de capitales. Costa Rica representa un estudio de caso singular en el istmo centroamericano. El análisis de la encrucijada actual en la que se encuentra el país es particularmente interesante por un lado, por la relativa novedad y el incremento exponencial en la última década del fenómeno del narcotráfico en el territorio nacional y por otro lado, por el tipo de estrategia de contención que las autoridades costarricenses puedan desarrollar al respecto en un futuro. Los instrumentos legislativos, institucionales y operativos contra el crimen organizado están todavía en fase de despegue y existen importantes desafíos, tanto de aplicación efectiva como de reajuste en aquellos aspectos donde dichos instrumentos se constatan como insuficientes en la práctica. Dicho esto, Costa Rica se ha constituido históricamente en un referente de otras naciones centroamericanas para avanzar en la reconciliación social, la protección del bien común, la paz y el Estado de Derecho. Costa Rica puede ahora también plantear un nuevo paradigma para enfrentar el flagelo del narcotráfico desde una óptica que combine el enfoque típicamente represivo del derecho penal con una política preventiva de reforzamiento de la institucionalidad que viene caracterizando al país. El problema del crimen organizado ha de analizarse a través de una óptica de seguridad, pero también de gobernabilidad eficaz fundamentada en instituciones democráticas. Dentro de los tres poderes estatales: ejecutivo, legislativo y judicial, este último ocupa un papel decisivo en la lucha contra esta lacra. En este sentido, la instrumentalización del poder judicial significa, para el crimen organizado, garantizarse la impunidad y consecuentemente, la supervivencia. El poder judicial costarricense ha venido considerándose como uno de los más sanos y respetados de América Latina. En los últimos años, sin embargo, la confianza del ciudadano hacia sus órganos jurisdiccionales se ha visto paulatinamente erosionada. Dada la novedad del tema y su reciente evolución, no existe a día de hoy ningún estudio exhaustivo y holístico al respecto. Existe, por tanto, una necesidad real de generar mayor conocimiento sobre una cuestión candente y de interés prioritario, de interpretar la evolución de la criminalidad organizada y sus posibles efectos adversos en la legitimidad democrática y la seguridad del sistema judicial costarricense, así como de analizar la capacidad de respuesta de los órganos jurisdiccionales ante este problema. Se acomete así un examen de fortalezas, pero también de fallas de la judicatura costarricense, de cara a entender qué medidas son todavía necesarias para contrarrestar factores de riesgo frente a la conducta delictual y para promover los factores protectores que la previenen. Se analizan las amenazas que el mismo poder judicial ha autoevaluado comparándose con los estándares internacionales en torno al concepto de integridad judicial y sus cinco pilares fundamentales: independencia e imparcialidad; transparencia, equidad y eficacia; sistema ético y mecanismos anticorrupción; responsabilidad y rendición de cuentas; y por último, gobernanza y participación ciudadana. Todo ello con el fin de plantear vías de superación.