A eficácia dos instrumentos processuais na contenção do abuso de poder econômico nas eleições brasileiras

Resumen

La República Federativa de Brasil se constituye, según el primer párrafo del artículo 1 de la Constitución Federal de 1988, en un Estado democrático de derecho. Pronto, todo el poder emana del pueblo, en cuyo nombre será ejercido o directamente, por medio de instrumentos de democracia directa en el lugar para abrir el proceso de toma de decisiones de participación social, o indirectamente, a través de los representantes políticos elegidos. El sufragio libre es la condición indispensable y la necesaria puente para que los ciudadanos se sientan autores de los actos de las autoridades públicas, en particular las leyes que rigen el conjunto social. La ley solamente será legítima cuando las personas reconocen al mismo tiempo que es el autor y el destinatario, no sólo como un objeto. Y en este punto, bien hace reflexión Clémerson Cleve, "sólo la ley distanciada de la voluntad personal y del albedrío se le puede llamar ley. Esta es la manifestación de un poder político ajustado a las limitaciones impuestas por la voluntad de la gente. La legitimidad legal y legítimo derecho: los fundamentos del Estado democrático de derecho" . La ley resultado de los representantes libremente elegidos es legítima, porque la gente es su tema y, por lo tanto, está dispuesto a ser su objetivo, es decir, ciudadanos capaces de reconocer y cumplir con el mandato expresado por la norma. Se ratifica la legitimidad política en el momento cuando la gente transferencia de mandato de un gobernante individual, “el votante (principal) se convierte controlado y elegido (agente / controlado) se convierte en jefe, dictando las reglas (poder ejecutivo) o por las leyes (poder legislativo), por lo que el votante cumple, convirtiéndose así subordinado" . Es el dominio de la naturaleza racional-legal que se explica por Max Weber, cuya legitimidad busca refugio en las leyes impersonales, formalizadas a través de procedimientos previamente establecidos y la atención a los valores de la sociedad . Legitimidad, en el régimen democrático, es la aprobación popular, por lo que es posible que un gobierno impuesto ilegalmente con apoyo de la gente y por lo tanto aparente legitimidad, porque a pesar de que la legitimidad y legalidad a pie en la paridad, ambos requieren a menudo una de ellas no está presente en el ejercicio del poder. Paulo Bonavides afirma que "como regla general, los gobiernos que nacen de situaciones revolucionarias, de golpes de estado, conspiraciones, son los gobiernos ilegales triunfantes, pero al final legítimo, si abrazado por el sentimiento nacional de autorización para el ejercicio de su poder". Hiere la legitimidad política, el gobernante de autoritarismo que lleva sobre sí la detención del poder político y legal, la reducción de la orden estatal de la ejecución de intereses especiales, en contra de la aprobación popular depositada en el proceso electoral. "En este caso, las mismas personas que participan consensualmente del establecimiento de la legitimidad, pueden ponerse de pie en defensa, lo que provocó la resistencia compacta contra los gobernantes que se desvió - quoad executionem", como enseña Fávila Ribeiro . La permanente ausencia de legitimidad de un estado hace que sea condenado a la destrucción y ser capaz de conservar su poder sin que la sociedad apruebe apenas una regla. Así que la legitimidad política es una de las condiciones de satisfacer las necesidades esenciales para mantener un estado equilibrado. La libertad de ejercicio del derecho al voto representa una oportunidad para los ciudadanos en la medida en que la elección presenta los resultados representativos de una serie de análisis de su comportamiento, sus características personales y sus historias. La elección de una persona para actuar como un representante de reclamos populares, que sus banderas de lucha corresponden a las expectativas legítimas y los intereses reales de la comunidad, deben reflejarse en la legislación patrocinada por elegido . La democracia será tan más legitima y mucho más grande con la participación de las personas. La expansión de la cuota de los electores se extiende a la democracia. Hoy, en Brasil, el derecho al voto de la edad de 16 años y analfabeto integra el esfuerzo de consolidación de nuestro país como una de las democracias más grandes del mundo. La disminución en el número de analfabetos y la proliferación del hábito de lectura, acompañada de amplia libertad de expresión e información, con los medios de comunicación no comprometidos con las facciones políticas, pero sólo con la divulgación de los hechos, son factores fundamentales para la consolidación de una democracia ejercida con calidad y conciencia. El pueblo, como sujeto de la democracia tiene la enorme responsabilidad de no permitir que su voto sea vendido como una mercancía o las elecciones consideradas tiempo de obtención de favores y beneficios. Debe ejercer el derecho a elegir a sus representantes con la convicción de que los elegidos dirigirán mejor el negocio público, comando de la máquina pública y los cursos nacionales, legitimando Brasil que sea respetado en el ámbito internacional. Es esencial para los electores que tengan plena conciencia de su deber cívico y de que el sufragio es importante para el perfeccionamiento de las instituciones democráticas, que componen la sociedad. El elector debe ofrecer todas las condiciones para formar un voto consciente, a través de una educación política que realza la democracia como reciente logro social importante para una sociedad solidaria y libre de adicciones. El voto consciente basado únicamente en el interés del público para elegir los nombres que mejor representan las aspiraciones de la sociedad es, sin duda, una forma universal y eficaz de participación ciudadana en el proceso electoral. La contención del abuso de poder está directamente relacionada con el aumento de la concienciación de la ciudadanía. El voto consciente trae calidad de la educación y la salud, la generación de empleo e ingresos, disminución de privilegios y las desigualdades sociales, la construcción de una sociedad justa. Con esto, se queda fácil entender que la participación de los ciudadanos en la vida pública es esencial e inherente a la democracia. Las instituciones democráticas son, por lo tanto, más oxígeno cuanto más alto el rendimiento de la ciudadanía, evitando la burocratización del poder y sus dirigidos a la atención de algunos privilegios en detrimento del interés público. Sin embargo, dicha participación debe ir acompañada de la calidad del artículo, que requiere la definición conciente y libre de la voluntad política y el deseo de votar. No es suficiente para garantizar el voto directo y secreto. Los vicios del proceso electoral, interfieren en el ejercicio de la ciudadanía, que se desarrolla mediante la participación soberana de cada uno de los miembros de la sociedad. Ciudadanía puede verse en el proceso electoral como una práctica de la democracia. Rocha cree que sin la presencia activa de la ciudadanía y sin el ejercicio de titular directa o indirectamente “no hay democracia, incluso si esto se llama el sistema político adoptado, aunque de este modo se inscriban en la definición de texto legal del modelo de Estado” . La elección libre y consciente de los representantes es esencial a la construcción de un régimen legítimo y democrático en el que todos los individuos tengan garantizados "igualdad de oportunidades y un voto efectivo” . Sin embargo, su práctica perturba la manifestación espontánea, pero políticamente responsable, auténtica voluntad popular. La intervención del estado en la lucha contra abuso de poder es legítima para obtener la plena libertad de los ciudadanos en las elecciones. Se aplica la enseñanza propia del liberalismo político, que hace que la intervención de la autoridad pública legítima, para restringir o limitar las libertades individuales, cuando sea necesario para garantizar la libertad de todos los individuos. Es lo que se busca con la defensa de elecciones libres, libre de adictos y las prácticas abusivas en el escenario ideal de todos los ciudadanos a votar con el único compromiso de su propia conciencia. La suma de estas libertades y consciente de esta votación generarán una democracia perfecta que siempre buscada. Tiene la ley electoral como la manifestación soberana y la garantía de libre expresión de la voluntad del pueblo en la elección de representantes que, en los tiempos de los constituyentes, ejercen el poder político en los ámbitos legislativos y ejecutivos, en cumplimiento del artículo 1 de la Constitución Federal de 1988 . Mientras que la rama del derecho público, la ley electoral tiene como objetivo para un debido proceso capaz de legitimar, a través de elecciones libres, la elección de los ciudadanos a quienes la gente da el mandato, desde los actos preparatorios de disciplinar la circunscripción electoral en el momento de la graduación de los elegidos – el período llamado el proceso electoral. Es curioso la función de cumple la ley electoral en la construcción de la democracia en la que asegura la suavidad de las elecciones para frenar el abuso de poder. Es posible concebir el poder para imponer su voluntad a los demás. Es un fenómeno de la vida de relación entre los hombres. Cómo enseña a Fábio Konder Comparato, el poder "es un fenómeno de relaciones jerárquicas de la vida" . Así, en una sociedad de plena igualdad en todos los sectores no estaríamos hablando de sí mismo en el poder. Dice maestro, después de conferencias sobre el tema, que la fuerza es una connotación casi indispensable del poder, que "todo el mundo reconoce que el ejercicio de una imposición se presta al abuso." . Para contrapesar la fuerza existe allí es otro componente de la energía, que es la autoridad, "una influencia decisiva en el comportamiento de otros, por el prestigio, conocimiento técnico o científico, habilidad o experiencia del carisma" . El derecho se impone por el poder, pero entre sus misiones fundamentales están la contención o regulación del uso de energía, que sólo es legítima cuando existe la intención de cumplir con el propósito del Estado, que es lograr la armonía social y el bien común. Montesquieu, en el clásico Espíritu de las Leyes, ha advertido que "tenemos, sin embargo, la experiencia eterna que todo hombre que ha metido sus manos en el poder siempre se condujo a los abusos de lo mismo, y así va a seguir, hasta que encuentre algún límite. ¿Y quién diría, a la misma virtud necesita límites” . Únicamente con las limitaciones del ejercicio del poder es posible combatir las prácticas abusivas, por lo que subsisten la libertad y el orden democrático. Esta tarea sólo es posible con la contención del abuso de poder en sus diversas formas ya sea económico, político, cultural y social. No sólo el gobierno puede practicar abusos. El poder económico, situado en el sector privado, puede también interferir indebidamente en la vida política. En el ámbito cultural, con la llamada "inteligencia", del mismo modo bajo el poder social de los medios de comunicación, el uso ostensible y privilegiado de la misma, sobre todo radio, televisión y periódicos, podría distorsionar la voluntad de voto de la gente. Organizaciones clasistas o corporativas tienden a abusar de sus estructuras para beneficiar a ciertos candidatos. Sin dejar de mencionar la peligrosa amenaza a la soberanía nacional en la participación de Estados y organizaciones internacionales en apoyo inadecuado a ciertos grupos políticos brasileños. La realidad demuestra que el abuso de poder es una de las principales causas de la pérdida del mandato de representantes en Brasil, llegando a la culminación en la desintegración de incluso las elecciones para gobernador de los Estados del país. Esto es porque, si el poder – en particular en los aspectos económicos y políticos – puede interferir indebidamente sobre el proceso electoral, el abuso por parte de quien sostiene desfigura la democracia y mancha las elecciones, ya que resulta en una representación política que no nació libre y auténtica expresión del elector. La elección libre, esencial para el ciudadano, es posible con el estudio, la disciplina y la lucha implacable contra el abuso de poder en el proceso electoral, que es el tema central de este trabajo. El abuso de poder en las campañas electorales distorsiona el proceso democrático, porque se convierte los representantes del pueblo elegidos en función de las corporaciones económicas y maquinaria administrativa, casi siempre sin lealtad con los intereses de la mayoría de la sociedad. Por otra parte, el abuso de poder hace las elecciones más caras, puesto que deben gastarse recursos adicionales con la captura ilegal de votos, en la práctica de "es dando que recibimos," literal "compra" de dirigentes parroquiales, políticas en la distribución de mercancías a cambio de votos. Los gastos por lo tanto no se limitan a campaña electoral legítima, siendo ampliado en gran parte por las prácticas abusivas. Dichos gastos no llegan a estar inclusos en prestación de cuentas de los candidatos, partidos y coaliciones, porque son inadecuados. Surge, por supuesto, un adicto a la relación entre el poder político y económico que financia, incluyendo sin declaración oficial. El poder económico después de las elecciones, carga su cuenta ", afirmando que "los elegidos, ahora ocupando la maquinaria administrativa, adecuada compensación por su "inversión". Esto hace que la reproducción y propagación de la corrupción administrativa, con un tratamiento especial y favorecido a ciertos grupos en el negocio, perjudicial para los intereses públicos. El abuso del poder corrompe el proceso democrático, por un lado, e impide, obstaculiza y desalienta la participación de muchos sujetos de la vida política, desde otro ángulo. En última instancia contribuye así al debilitamiento del ejercicio de la ciudadanía plena. Un régimen que merece el nombre de la democracia, es comprendido como un "gobierno constitucional de la mayoría, que, sobre la base de la libertad y la igualdad, otorga a las minorías el derecho a la representación, la supervisión y la crítica parlamentaria" , o como el proceso "valores de realización (la igualdad, la libertad y la dignidad de la persona) de la convivencia humana” presupone la legitimidad en el ejercicio del poder político. El desarrollo y la consolidación vertical y horizontal de la democracia no pueden prescindir de un proceso electoral para garantizar a los participantes la libre elección de sus representantes políticos. La conducción de los candidatos electos a la dirección del gobierno legitima el principio de mayoría, subyacente el principio de la soberanía popular. Expresando el innegable poder de decidir, es la soberanía popular que "da legitimidad al ejercicio del poder del estado. Tal legitimidad sólo se puede lograr por consenso expresado en la elección hecha en las urnas" . La legitimidad, por lo tanto, brote de espontánea y clara voluntad de la mayoría, las minorías debidamente respetadas. Los representantes populares de los poderes Ejecutivo y Legislativo deben ser electos a partir de parámetros políticamente responsables, como las propuestas y los proyectos presentados en plena campaña electoral, con servicios y trabajos desarrollados en beneficio de la comunidad, virtudes e flaquezas referentes al ejercicio del mandato, posiciones y acciones políticas en la vida, así como el título y la coalición elegidos. No son criterios objetivos, puesto que la elección del votante deja siempre preferencias subjetivas. Sin embargo, debe tenerse en preferencias de cuenta que mandatos resultarán en beneficios para la sociedad en su conjunto y no para el elector en aislado. En consonancia con la opción de la Asamblea Constituyente de 1987-88 por un régimen democrático, la Constitución Federal de 1988 establece en su artículo 14, en el capítulo de los derechos políticos, "la soberanía popular se ejerce por sufragio universal y directo y voto secreto, con igual valor para todos". En el noveno párrafo, destacó la necesidad de la orden legal de proteger la normalidad y la legitimidad de las elecciones contra la influencia del poder económico y contra el abuso de la función, capacidad para el ejercicio y empleo en la administración pública. Aún el artículo 14, pero en el décimo párrafo, dispone que el mandato electivo podrá ser impugnado ante el tribunal electoral dentro de los quince días siguientes a partir de la graduación, indicada la acción con pruebas de abuso de poder económico, corrupción o fraude. La Constitución Federal de 1988, cuyo prisma debe ser basado en la lectura de todas las referencias jurídicas anteriores a su promulgación, sentó las bases necesarias para construir una democracia donde los ocupantes de los cargos políticos son representantes legítimos de las aspiraciones populares. Conditio sine qua non de un régimen verdaderamente democrático son las elecciones a los ciudadanos ejercer el derecho a votar libremente, sin temor a represalias por parte de quienes están en desacuerdo con el voto o sin sufrir indebidas influencias de quienes disputan la elección . La Constitución Federal de 1988 establece en su preámbulo, la libertad, la igualdad y la justicia como valores supremos de una sociedad fraterna, pluralista y sin prejuicios, fundada en la armonía social y la solución pacífica de controversias. El artículo 1 de la Carta Ciudadana establece que la República Federativa del Brasil se encuentra en un estado democrático de derecho cuyas bases, entre otros, son la ciudadanía, la dignidad humana y el pluralismo político. Los motivos prescritos de República de Brasil son incompatibles con el abuso de poder. Ciudadanía, que está lejos de un concepto estancado puesto que sus características están condicionadas históricamente, se manifiesta en la condición de la persona para participar plenamente en la vida política, económica y cultural de su comunidad, aprovechando las oportunidades ofrecidas por la vida en sociedad . La participación consciente de los ciudadanos en el curso de las actividades públicas no está en consonancia con las prácticas abusivas. Pluralismo político, que es la convivencia y la solución pacífica entre diferentes ideas, buscando la convicción de la mayoría y la prevalencia de su ideología y el logro de su proyecto, se oponen a los abusos de poder que intentan convencer mediante el uso de prácticas que distorsionan la libertad de elección de la educación . Por último, el uso de prácticas abusivas excluye los ciudadanos de la vida política como agente transformador y convierte el voto en mera mercancía, por lo tanto ofender al principio de dignidad de la persona humana. La contención del abuso de poder, lo que permite la libre y consciente elección de representantes efectivamente vinculado a las ideas defendidas explícitamente durante la campaña electoral y los intereses reales de los votantes, es esencial para el cumplimiento de la promesa que se cristalizó en el preámbulo de la Constitución Federal: Nosotros, representantes del pueblo brasileño, reunidos en la Asamblea Nacional Constituyente para instituir un Estado democrático, con el fin de garantizar el ejercicio de los derechos sociales e individuales, libertad, seguridad, bienestar, desarrollo, igualdad y justicia como valores supremos de una sociedad fraterna, pluralista y sin prejuicios, sobre la base de la armonía social y comprometido, interna e internacional, a la solución pacífica de las controversias, promulgar, bajo la protección de Dios, la siguiente CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA FEDERATIVA DE BRASIL. Frenar el abuso de poder para que florezca el ejercicio de la ciudadanía será el desafío de la ley electoral en la búsqueda de la consecución de los objetivos fundamentales de la República Federativa de Brasil, según lo revelado por el artículo 3 de la carta: la construcción de una sociedad libre, justa y solidaria, la garantía del desarrollo nacional, la erradicación de la pobreza y marginación, así como la reducción de las desigualdades sociales y regionales y la promoción del derecho de todos sin perjuicio cualquiera. Las elecciones cuyos resultados fueron determinados por abuso de poder y el aparato administrativo son adictas porque derivados de una voluntad popular contaminada en su origen – el votante. Los representantes electos usando estos dispositivos no aceptan compromisos con los objetivos de la comunidad, sino con la casta oligárquica y las corporaciones económicas que indirectamente garantizaron su victoria. Es "inaceptable en el medio del tercer milenio la persistencia del poder como un instrumento de opresión y privilegio, cuando su existencia sólo se justifica como afirmación de la libertad, de los derechos humanos y de la pacificación social" . Indudablemente que el derecho se impone por el poder . Sin embargo, entre sus fines principales está la contención y regulación del poder, cuya práctica se convierte legítima sólo cuando su objetivo es el cumplimiento de los fines del Estado, a saber “la obtención de la armonía social y el bien de todos”. De lo contrario, se desvía de su uso previsto, el poder debe ser limitado. En cuanto a legitimidad democrática, el derecho debe ser empleado para la expresión legítima de la voluntad de la gente en la elección de representantes que irán, en lugar del pueblo, ejercer el poder político en democracia. Límite de los abusos del poder político, económico, social y cultural es el más alto deber de la ley electoral en el tercer milenio. La democracia y la libertad sólo existen si la ley electoral cumple con su objetivo de velar por la expresión legítima de la voluntad popular en la elección de representantes que irán en nombre del pueblo ejercer el poder político. Para tanto: El problema de abuso de poder no puede quedarse en las restricciones públicas o privadas, teniendo que transponer estas líneas en busca de apoyo más amplio que penetran profundamente en las circunstancias concretas de la realidad contemporánea, con una base correcta de apoyo al régimen democrático representativo, expurgada de vicios que pueden impedir o contaminar el carácter genuino de la participación popular en procesos electorales . La contención del abuso de poder sólo se promocionará en su totalidad en todas sus cuatro manifestaciones: económico, político, cultural y social . Agentes predominantemente privados que trabajan en el ámbito del abuso de prácticas de libre mercado de la energía mediante el uso de su poder económico para influir en los resultados electorales en la forma en que es más conveniente para su interés. No sería diferente en el ámbito cultural, con la llamada "inteligencia" para influir en la formación de opciones del elector y las banderas de los elegidos a través de la hegemonía de sus ideas. En la esfera del poder social de los medios de comunicación, el uso intenso e interesado sobre todo de la radio, televisión e impresa, puede distorsionar y determinar la formación de la voluntad de los votos del electorado. Incorporado en el sistema regulatorio, el fenómeno del abuso de poder se traduce como una categoría jurídica, con alto grado de fluidez y abstracción que sólo puede ser definido semánticamente frente las condiciones presentadas en el caso concreto . La capacidad de manifestarse en la práctica de muchas maneras hace imposible reducir a una forma jurídica cerrada a ser aplicada por el juez de la subsunción - de todos modos, no es posible reducir el abuso de poder una regla "que revisar ciertas premisas, requieren, permiten o prohíben algo de manera definitiva, sin ninguna excepción" . Sólo los elementos fácticos de la situación presentada a la consideración del Poder Judicial permitirán al juez determinar si la conducta configura o no abuso de poder. Por lo tanto, tiene que, debido a la importancia del juez en la interpretación acerca de lo que establece el abuso de poder en la práctica, sigue siendo el importante papel en la definición de criterios de jurisprudencia. El asunto es repetidamente llevado a discusión en el Tribunal Superior Electoral, que recientemente cambió su comprensión sobre las condiciones para establecer el abuso de poder debido a la entrada en vigor de la ley complementaria nº 135/10. En caso de ocurrencia de abusivas prácticas bastaba anteriormente "la capacidad de los hechos que influyen en el resultado de las elecciones" . Con la inclusión del inciso XVI en el artículo 22 de la Ley de Inelegibilidades por ley de antecedentes, llamada de La Ficha Limpia, "para la configuración del acto abusivo, no se considerará como la potencialidad del hecho de que cambie el resultado de las elecciones, pero sólo la severidad de las condiciones que caracterizan". El abuso del poder electoral ya no tiene que configurarse en este caso, el requisito de la presencia de la presencia de la potencialidad del hecho de cambiar el resultado de la elección, requiriendo solamente caracterizar la gravedad de las circunstancias de la ley de tomada por abusivo . Esta innovación, de carácter interpretativo, implantada por la Ley Complementaria nº 135/10, ha introducido el inciso XVI al artículo 22 de la Ley Complementaria nº 64/90, que establece que “para la configuración del ato de abuso, no se considera la potencialidad del facto cambiar el resultado de la elección, sino solo la severidad circunstanciales de las condiciones que la caracterizan. La gravedad de las circunstancias del acto en sí mismo considerado, no la probabilidad de influencia en el resultado de la elección, se convierte en presunción para configurar el abuso de poder. La innovación legislativa tiene el sentido evidente de eliminar el requisito de la posibilidad de influir en el resultado de las elecciones como hipótesis de la presencia del acto abusivo . Cabrá a la jurisprudencia definir el alcance y significado del requisito de "gravedad de las circunstancias" que caracterizará el abuso del poder electoral, extrayendo, mediante la interpretación, el significado adecuado del significante. El término "gravedad", concepto de gran valor, bien aproxima el principio de prohibición de exceso o de proporcionalidad y razonabilidad, que debe guiar la acción de las autoridades públicas, incluyendo el poder judicial en su función típica de aplicación de la ley. Se convierte en obligatoria in casu la existencia de adecuación, necesidad y proporcionalidad en su strictu sensu en la aplicación de la pena de supresión de mandato. Convertir el principio de reserva legal en el principio de reserva proporcional, la doctrina moderna va a cuestionar no sólo la admisibilidad de las restricciones constitucionales a ciertos derechos, pero también la compatibilidad de las restricciones establecidas ante el principio de proporcionalidad. Debe la aplicación de la caducidad del término adecuado y necesario para lograr los objetivos deseados, es decir, la suavidad y la autenticidad de la elección. Decidir su aplicación o no debe tener en cuenta la "ponderación entre el significado de la intervención para el éxito y los objetivos perseguidos por el legislador (proporcionalidad o razonabilidad en sentido estricto)" . Medios y fines se colocan en la ecuación por un juicio de ponderación, con el fin de evaluar si el medio utilizado es desproporcionado al final. Esto es por lo tanto una cuestión de medición o incluso razonable si un fin: medir las desventajas de los medios con los beneficios finales. (...) evitar cargas coactivas o actos de injerencia en la esfera privada de senderismo . El ordenamiento no admite que se configure el abuso de poder por un hecho insignificante, sin relieve, carente de impacto social. “Gravedad” procede do latín “gravis”, lo que significa fuerte o importante. Circunstancias son los elementos que acompañan al hecho, sus particularidades, incluyendo las causas. Es acerca de cómo, dónde, cuándo, por qué y qué intensidad de la práctica de la ley. Analizarlas requiere la observancia cómo, dónde y cuándo se practica el acto, además de la intensidad de la práctica. . En el derecho penal, las circunstancias pueden materializarse o calificar el delito, sino también agravar la sanción a aplicar. La reincidencia y la práctica del delito a través del poder de la autoridad son circunstancias previstas por el artículo 61 del Código Penal Brasileño. Ha agravado el castigo, con arreglo al artículo 62 de dicho código, que tiene la función de dirección o que induce o coacciona a la práctica penal. Se trata de normas de derecho positivo que pueden ser utilizadas como una referencia por analogía para la interpretación, conocidas por la integración de la norma jurídica. La democracia presupone el predominio de la voluntad manifestada por el principio de mayoría, pero, para ser legítima, presupone el respeto de los derechos de la minoría. La banalización de la casación del mandato ante la interferencia repetida del poder judicial en los resultados de las elecciones, puede generar un gobierno autocrático - un “juristocracia” en la medida en que las disputas electorales serían desplazadas de la urna a la corte. El juicio de pérdida de mandato por abuso de poder debe efectuarse sólo en pruebas consistentes de conducta graves atentatorias a la normalidad, a la legitimidad del proceso electoral y la ley electoral. Debemos recordar que a Jurisprudencia en el Derecho Romano era entendida como la "ciencia del saber del derecho”. La prudencia debe presidir la decisión jurisdiccional de la elección o el mantenimiento de la predicción popular. El análisis de la evidencia en el caso, les pesando y no se tiendo en cuenta, es un trabajo de alto relieve. Sin duda, la presunción de la gravedad de las circunstancias, que debe ser corroborada así que propiedad y específicos, y no genéricos, extiende la responsabilidad del juez. La jurisprudencia electoral hacia la exigencia de que el abuso de ajuste de poder puede resultar en la pérdida del cargo, la presencia del supuesto potencial dañino, significa la probabilidad de los hechos abusivos interfiriere en la normalidad y la legitimidad de la elección . No había ningún requisito para correspondencia aritmética entre acto abusivo y resultados electorales por el juicio de probabilidad: "el examen del potencial no es resultado de las elecciones. Elementos de la materia que pueden influir durante un proceso electoral normal y legítimo sin vinculación necesaria con la diferencia de votos” . En cuanto a la práctica del funcionario público prescrito sellado de conductos en el artículo 73 de la ley de elecciones, justicia electoral entiende que su ocurrencia "no necesariamente implica la casación o diploma y ser proporcional a la gravedad de los ilícitos" y "examen de las circunstancias fácticas” . En este caso, la orden no fue revocada en la demostración de la utilización de los servidores públicos en la campaña electoral. En otro precedente importante, el Tribunal Electoral Superior profetizó que el requisito de potencial abuso del poder configurador debería: evaluarse a la luz de la seriedad y la gravedad de la conducta imputada a la peculiaridad del caso, tal análisis no debe basarse en cualquier número de votos que surgen del abuso o incluso diferencia de voto, aunque esta evaluación puede que merezca un examen cuidadoso de cada situación concreta . En este caso particular, se revocó el mandato de diputado federal por haber hecho "la cantidad de dinero en cuentas-sueldo de numerosos empleados de empresa de vigilancia, cuando no vinculados a cualquier prestación de servicios, ya sea para la empresa, que es administrada por el cuñado de la candidata, en campaña electoral". En cuanto a las otras especies de corrupción electoral, como actitudes prohibidas de agentes públicos, captura ilegal y colección de sufragio irregular y aplicación de recursos financieros en la campaña electoral, la jurisprudencia ya se requiere la presencia de "relevancia jurídica" de los ilícitos como supuesto al juicio de casación del mandato, observando los principios de proporcionalidad y razonabilidad. Antes del cambio de jurisprudencia, una porción sustancial de la doctrina expresaba que la potencialidad "no significa la relación de causalidad entre el agravio y el resultado de las elecciones, ni tampoco cálculo matemático", siendo suficiente la demostración que las "prácticas irregulares tendrían la capacidad o potencial para influir en el electorado, que hace ilegal la elección" . Dando un paso adelante, la doctrina de la vanguardia defendería, en homenaje al principio de soberanía popular, que la regla es la prevalencia de la voluntad popular. La excepción es la desintegración de esta voluntad, con la casación del mandato, en el caso de pruebas sólidas e indiscutible que el mandato fue elegido sólo porque la voluntad popular ha sido corrompida y engañosa por repetidas prácticas de abuso de poder económico o político, es decir malas prácticas que tienen capacidad suficiente para la disputa electoral. . Con respecto a la recaudación irregular o aplicación de recursos financieros en la campaña electoral, prevista en el artículo 30 de la Ley n ° 9504, prueba sobre su potencial ilícito practicado por los candidatos. es necesaria prueba de proporcionalidad (relevancia jurídica) el delito cometido por los candidatos en lugar de daño a la campaña electoral.. En estos términos, la sanción negativa de otorga del diploma o de casación debe ser proporcional a la gravedad de la conducta y el daño perpetrado al interés jurídico protegido . Así, “es necesario la medición de la importancia jurídica del ilícito, una vez que la casación del mandato o de diploma debe ser proporcional a la gravedad de la conducta y la lesión del derecho protegido por la norma legal". En este caso, no concedió la sentencia de caducidad de la autorización por razones de entonces candidato haber realizado "gastos de combustible, sin embargo, informar a los valores relacionados con el uso de vehículos y sin emitir los recibos de elecciones relativas a tales donaciones estimables en dinero" . A lo procedente: Esta irregularidad, a pesar del incurable vicio a configurar efectos de análisis de la rendición de cuentas, no constituye falta grave para dar lugar a la caducidad del título, considerada el importe total de los fondos gastados en la campaña. Esta innovación legislativa cambia el paradigma del abuso de poder, exigiendo, para su configuración, no la capacidad de influir en el resultado de las elecciones, pero la gravedad de las circunstancias del hecho en sí mismo considerado. El razonamiento no tiene en cuenta el resultado de las elecciones, incluso si a un juicio de probabilidad. Así, los distintos tipos de corrupción electoral se acercaron indeleble, como la gravedad de las circunstancias, requerido por la ley de abuso de poder, en tanto se asemeja a la relevancia jurídica del agravio, como lo exige la jurisprudencia para la configuración de los otros tipos de corrupción electoral . Sin embargo, la complejidad del sistema de instrumentos de procedimiento electoral ha causado más dificultades en la aplicación de la ley en Brasil, ya que son al menos tres especies de procedimiento capaces de ser manejarse contra el abuso del poder político y económico, cada uno con sus propias características procesales: función de expedición de diploma, acción de investigación judicial electoral y de impugnación de cargos electivos. Se espera también el desafío de la acción a la solicitud de registro de aplicación y denuncia. Para establecer el tipo de procedimiento aplicable, debe revisarse los motivos de hecho y de derecho, así como la aplicación deseada. Existe en la ley electoral el principio electoral de tipicidad de la acusación. Por lo que no es posible utilizar la acción electoral aleatoria completamente fuera de línea y siendo debido la gestión de otra demanda. Por lo tanto: no hay manera de admitir el ejercicio irrestricto del derecho a la acción en el Tribunal Electoral, ya que ello implicaría la inseguridad de las reclamaciones, comprometiendo el proceso electoral en su conjunto, que también se rige por las normas constitucionales que sirven al interés público . La reclamación tiene como objeto la violación de la Ley General de las Elecciones y la prohibición del acto ilícito y la condena de pena de multa, siendo posible, en determinadas situaciones, la retirada del registro o diploma - leer juicio político el mandato. La investigación judicial, a su vez, ha causado el uso indebido de los medios de comunicación y el abuso de poder o autoridad. Todavía, su aplicación se limita a la declaración de inelegibilidad y el casación del registro. Dado que el recurso de apelación contra el grado de expedición tenga como causa del abuso de poder, la captura ilegal de sufragio y de votación y el error de agregación. Como objeto, requiere pérdida del diploma emitido, lo que implica en la práctica la pérdida del mandato. Finalmente, el desafío del mandato electivo de nuevo contra la corrupción, fraude y abuso de poder y tiene como la casación del mandato y la realización de nuevas elecciones si la nulidad alcanza más de la mitad de los votos. Cuando se trata de infracción a la ley de elecciones generales, la demanda debe ser el primer paso. Si estos hechos son graves en sus circunstancias, hay que ser presentada también la acción de la investigación judicial. Graduados los elegidos y allí ya es un conjunto de pruebas que se producen en la corte o pruebas documentales existentes que puede ser presentada la apelación contra el grado de despacho, toma el asunto a la atención del tribunal ad quem. En quince días a partir de la fecha de graduación, en el caso de abuso de poder, también sería aplicable la acción de impugnación de mandato electivo. Sin embargo, la práctica de ciertos actos ilícitos, como la corrupción electoral, puede alcanzar tal cantidad que, por su vultuosidad, se configure por abuso de poder, desde que la conducta sean capaces de desequilibrar las elecciones . En esta hipótesis, varias medidas legales son aplicables. El TSE afirma que: Al ser una causa distinta de la acción de AIME (abuso de poder) que la AIJE (captura ilegal de los votos), la cancelación del cargo electivo, como el efecto de los méritos de investigación judicial electoral por incumplimiento del art. 41-A de la Ley Nº 9.504 / 97, no implica un perjuicio por esta mera circunstancia de haber sido impugnatoria previamente juzgada . En el mismo sentido, define el TSE que: La representación prevista en la Ley 9.504/97, la acción de la investigación judicial y la destitución de mandato electivo son autónomos, tienen requisitos legales y consecuencias. La fuerza de cosa juzgada de una no necesariamente excluye la otra. . Además de estos tres, la acción de recurso contra la entrega del diploma se puede también manipular, permitiendo que cuatro demandas sean manejadas con el mismo hecho ilícito como la causa de la acción, teniendo solamente el razonamiento jurídico y aplicación distinta. Por tramitaren autónomamente, sin conexión, tales acciones generarían la litispendencia. Situaciones como estas, por medida de economía, deben ser manipuladas por el poder judicial, lo que limitarán su uso más claramente con el fin de evitar la superposición de las demandas. La dificultad para instrumentalizarlos es uno de los principales obstáculos a la efectiva lucha contra el abuso de poder en las elecciones brasileñas. No obstante, incluso el gran número de gobernadores cuyo mandato ya ha sido impugnado en la corte en Brasil, considera los cuatro casos entre un universo de veintisiete entidades federativas , y el elevado número de acciones decididas por el TSE en eventual práctica de abuso de poder de gobernadores de estado permitiría la consolidación de la jurisprudencia suficientemente clara para los parámetros de los reclamantes. Por el contrario, como se demostrará completamente a lo largo del presente trabajo, a través del análisis de las sentencias del Tribunal Superior Electoral en la que decidió el establecimiento de abuso de poder, la jurisprudencia es tambaleante al interpretar los institutos que deciden de forma tan dispares casos similares. Hay, por ejemplo, la discusión sobre la acumulación pasiva necesaria entre el titular y vice de la posición mayoritaria cuando la demanda puede dar lugar a pérdida de mandato electivo. Mientras el Tribunal Superior Electoral, teniendo en cuenta la integración de la controversia como prescindibles, cumpliendo varias acciones que el titular fue acusado, organizó la preliminar para extinguir el proceso sin juzgar los méritos. Incurriendo en contradicciones y creando inseguridad jurídica, el Tribunal Electoral ordenó a varios alcaldes y hasta gobernadores bajo al motivo de dispensación de cita del funcionario público que directamente ha cometido actos de abuso, mientras que acogió procesal previo en el juicio de uno de los casos que se llevará a examen. Finalmente, dado el instrumento procesal para llevar al menos a la revocación de dos gobernadores, para después alejar apelación contra expedición de los títulos previsto en el artículo 262, IV, del Código Electoral con el pretexto de no haber sido aprobado por la Constitución Brasileña, la determinación de la conversión el litigio pendiente que ya están en el penúltimo año de los cuestionados mandatos. Las razones de la jurisprudencia inestable son la escasa distribución de del derecho electoral, distribuida en leyes promulgadas en muy distintos contextos sociopolíticos y la composición variable de la justicia electoral, integrada por un cuerpo de jueces cuyo mandato es de dos años y podrá renovarse por otros dos. Aunque no hay a los tribunales un hipotético "derecho a mantenimiento de jurisprudencia", se pone en discusión si y cómo la protección de la confianza está condicionada por la uniformidad en la dirección de funcionamiento de los tribunales . Esto es especialmente relevante al debate de Justicia Electoral, que no ha podido producir una jurisprudencia coherente capaz de asegurar la previsibilidad y estabilidad a los ciudadanos, contribuyendo con ello a una situación de extrema inseguridad jurídica. La imprevisibilidad de las decisiones judiciales es un problema que poco a poco enflaquece la legitimidad del poder judicial, causando el final una profunda crisis en el modelo democrático y sus instituciones, una vez que salen agravan los problemas causados por la inseguridad jurídica . En el caso de la ley electoral brasileña, una jurisprudencia coherente se convierte en necesario que la legislación consiste en una colcha de retazos verdadera. A uno sólo tiempo, el proceso electoral está sujeta a diferentes grados entre sí de diversas maneras, ya sea debido a la ideología que inspira o las circunstancias que guiaron a sus legisladores. La Constitución Federal de 1988 es parte del proceso de redemocratización nacional, razón es para proteger los derechos de los votantes y autonomía de las partes en sus respectivos artículos 15 y 17. Bajo su sello, aunque en diferentes momentos, se promulgó la Ley de Inhabilitación (Lei da Inelegibilidade), en mayo de 1990 y la Ley General de Elecciones, en septiembre de 1997. Radicalmente diferente la ideología fue promulgado el Código Electoral, la fecha de julio de 1965, período de la dictadura militar, cuando "la ingeniería electoral ha alcanzado el máximo de su imaginación creativa, la casuística electoral fue más frecuente y en mayor cantidad.” . La inestabilidad marcó el contenido de las resoluciones y consultas así como marca la dirección de las decisiones del Tribunal Supremo Electoral, cuya composición por ministros temporales fomenta la alternación de interpretaciones formuladas por la más alta instancia de justicia . Bajo la alegación de que las elecciones se celebran cada dos años y por lo tanto no justifican el establecimiento de un aparato propio, la justicia electoral es ejercida por personas, sean o no magistrados, que tienen su propia actividad profesional y son temporalmente llamadas a servirlo. Según Joel Cândido, “la composición de múltiples facetas, en sustitución de su propio poder judicial con jueces especializados, necesita de estudio"” . La composición de la variante y la legislación fragmentada contribuyen a la formación de jurisprudencia impredecible que, a su vez, implica inseguridad jurídica que, a su vez, socava la estabilidad del régimen democrático, ya que: Las decisiones del TSE, además de cambiar la voluntad de los electores expresada en las urnas, es un terremoto en las vidas de miles de personas que renunciaron a su privacidad y decidieron invertir tiempo y dinero en el desafío y la misión de servir a la causa pública, participar en el proceso electoral y política fortaleciendo así la democracia brasileña . La imprevisibilidad de la jurisprudencia del Tribunal Supremo Electoral pone en cuestión la eficacia del principio de seguridad jurídica en el campo electoral. Tanto los principios de antes de la ley electoral y la seguridad jurídica en materia electoral se pretenden desbaratar la ocasionalismo en toma de decisiones y en la expedición de resoluciones y declaraciones normativas. Es necesario garantizar el equilibrio en la disputa electoral y la justicia en los litigios judiciales. Seguridad jurídica es un principio que debe guiar las acciones del gobierno incondicionalmente frente del ciudadano. Por no ser más la ley una condición suficiente para garantizar la seguridad del jurisdicionado y estabilidad de los demandantes, lleva la actividad de corte un papel único en el estado democrático de derecho en el siglo XXI, aunque tradicionalmente a los países vinculados a Civil Law (estructura jurídica oficialmente adoptada en Brasil). La jurisprudencia se hace responsable, en la medida en que interpreta la ley a aplicar al caso, fomentar un sentido de cálculo y previsibilidad en cuanto a los efectos jurídicos de los actos normativos, mitigar el riesgo de sorpresa a los ciudadanos. Al conceder al poder judicial cada vez más protagonismo en el sistema jurídico, la tradición romano-germánica se acercó a la tradición anglosajona, donde los magistrados poseen un papel clave no sólo en ejecución sino también en la creación del derecho. Cuando del enfrentamiento político entre corona y parlamento en la Inglaterra del siglo XVII, local de nacimiento de common law, los tribunales impidieron el rey en muchas oportunidades de superar los límites que se han establecido a través de la aplicación reiterada y habitual de la ley en territorio inglés – la “law of the land”. Después de la revolución inglesa, debido al papel de los tribunales en la defensa de la ley común contra la arbitrariedad de la corona y, posteriormente, contra el carácter arbitrario del parlamento: la common law, sin perder su calidad de derecho positivo, se invirtió en una peculiar dignidad, que refleja una creencia ampliamente sostenida que ella era la máxima expresión de la razón natural desarrollado y expuesto por la sabiduría colectiva de muchas generaciones . Sin embargo, en su génesis, la “common law” fue basada en el uso y costumbres, no manteniendo la prevalencia de las decisiones del poder judicial, que actuaba sólo cuando este derecho común fuera violado por otros poderes o personas. En el siglo XVII, más de seis siglos después de su inicio en el año 1066, con la conquista del territorio que hoy se encuentra la Inglaterra, el precedente fue dispensado, pero no lo suficiente para asignarles la fuerza vinculante, sino poder sólo consultivo. En el siglo XVIII, emergería la doctrina reciente de lo precedente, considerada como "la regla que guía la toma de decisiones de la autoridad a considerar las decisiones anteriores” . Entre las distintas funciones realizadas por los precedentes, tiene relieve la que garantiza que los magistrados más dedicados a la actividad creativa, no pongan en peligro los principios de seguridad e igualdad jurídica. La hora de planificar sus acciones, los demandantes lo hacen de acuerdo a la ley. Sin embargo, en algunos casos, solamente el conocimiento de la ley no es suficiente para asegurar la regularidad de los conductos, y es necesario recurrir a la comprensión de los tribunales. Por lo tanto, es importante que las decisiones judiciales en casos similares también sean similares entre sí. Además como fortalece la seguridad, la aplicación del precedente fortalece el principio de la igualdad, en la medida en que los tribunales involucrados en litigios que se centran en el objeto mismo recibirán la misma decisión, no importa el estado de la federación en que reside o el juez que apreció la causa . Seguridad jurídica, principio fundamental del estado de derecho, se despliega en el problema de la previsibilidad de las acciones legitimadas por la ley, sino también por la jurisprudencia. En el momento en que privilegia el papel cumplido por los jueces en la common law, la civil law no presta atención a la importancia de centrarse también en la importancia del precedente en la toma de decisiones, ajeno al hecho que la asignación de un papel creativo para juzgar pone en peligro la estabilidad del orden, la seguridad de los demandantes y la igualdad entre tribunales : La falta de respeto a los precedentes se basa en el falso supuesto de civil law, que la ley sería suficiente para garantizar la certeza y la seguridad jurídica. La tradición de civil law afirma la tesis de que la seguridad jurídica sólo sería factible si la ley se hace cumplir estrictamente. La seguridad estaría garantizada por la certeza que surge de la subordinación del juez a la ley. Sin embargo, es curioso notar certeza de la subordinación del juez a la ley. Pero es curioso notar que la seguridad jurídica adquirió características antagónicas en civil law y common law, ya que este último fundó el stare decisis, mientras que en el civil law se utilizó para negar la importancia de los tribunales y sus decisiones . Seguridad y la igualdad jurídica no requiere de los jueces la aplicación irreflexiva y repetida de los precedentes. De lo contrario, si ves la rotura con las decisiones que le precedieron, ambos principios requieren el juez a asumir por sí mismos la carga argumentativa, a justificar adecuadamente sus decisiones. Si el derecho es una novela y el voto de un juez es un capítulo, el juez debe escribir con los ojos dirigidos al pasado – precedente – al presente – caso – y al futuro – las consecuencias. Este trabajo se desarrollará a partir del análisis de las demandas que enfrentaron los gobernadores de estado ante el Tribunal Superior Electoral, lo que representa una muestra significativa por tres factores. En primer lugar, es de altos líderes políticos que fueron elegidos según el principio de mayoría. En segundo lugar, porque con el juicio de estos procesos, brotan varias y distintas tesis. En tercer lugar, el elevado número de procesos – fueron más de 25 casos en el Tribunal Superior Electoral en los que discutieron la legitimidad de los mandatos por los jefes del Ejecutivo del estado. En cuatro oportunidades el Tribunal Superior Electoral, en la conclusión de que la práctica de abuso de poder en el proceso electoral anuló el cargo de elección popular de gobernadores estatales. Son las decisiones tratadas en: : i) RCED 671/MA, en el que revocó el mandato de Jackson Lago, elegido gobernador de Maranhão, ii) RO 1.497/PB, cuando fue inhabilitado el mandato de Cassio Cunha Lima, elegido gobernador de Paraíba; III) RO 510/PI, el cual fue sometido a juicio político al gobernador Francisco de Assis Moraes Souza - también conocido como "Mano de Santo"; iv) RCED 789/TO, cuya decisión revocó el mandato de Marcelo Miranda, entonces gobernador de Tocantins. Otras acciones en que impugnaba mandato electivo de gobernador del estado por motivos de abuso electoral eran escasas. También se analizará la controversia muy reciente que rodea a la cancelación de los cargos electivos de la presidenta de la República por el Tribunal Superior Electoral. Aún en curso, varias controversias se plantearon durante su ingreso, tales como la distribución del relator del proceso, la jerarquía de los actos electorales y litispendencia entre los procesos. Tales controversias se deben a la falta de un código electoral que regula exhaustivamente los procedimientos de elección a unir el tema bajo los mismos principios. De este modo, a través del análisis de varios puntos de controversia en la interpretación de los institutos procesales electorales brasileños centrada en la represión de los abusos de poder, trata de dibujar balizas interpretativas con el alcance al tiempo que garantiza la seguridad y combatir abuso de poder en las elecciones. Se estudiará la aplicabilidad de varias hipótesis, como la necesidad de integración de procedimiento o no, la constitucionalidad del proceso legal y por último la adecuación del sistema actual. Al final de la análisis tanto de la jurisprudencia como el abuso legal y teórico del poder, la inseguridad jurídica existente acerca de herramienta procesal para ser activado, así como los trámites técnicos que deben observarse, hace urgente la consolidación de las leyes electorales en un único instrumento legislativo. Por lo tanto, es un estudio que tiene pertinencia y actualidad. El uno, porque se trata de un tema caro a la democracia, régimen de gobierno que mejor asegura a los ciudadanos políticamente responsables libertad. Los dos, en la medida en que, en la actualidad, la sociedad y la justicia brasileña priorizan la lucha contra el abuso de poder como un paso para consolidar la democracia en el país. De esta manera, la investigación contribuye a la comprensión de las reglas procesales de la ley electoral que tienen sobre el abuso de poder. Analizando los casos que cuestionan el mandato electivo de los gobernadores, pondrá de relieve la necesidad de fortalecer la seguridad jurídica en las elecciones a través de la consolidación de las leyes electorales.