O ministério público como defensor dos direitos humanos e agente informador social no Brasil

Laburpena

Ao estudar a evolução do conceito de liberdade como plataforma o desenvolvimento da Liberdade de Informação e do Direito à Informação, o presente trabalho objetiva revelar a característica de agente informador social reservada ao Ministério Público brasileiro pela Constituição Federal de 1988. Assim, são analisados neste trabalho os elementos característicos do Ministério Público brasileiro, o aperfeiçoamento da Instituição, notadamente através de ações de concretização de Direitos Humanos, e o manejo das informações obtidas em razão de suas atividades dentro da realidade cultural, econômica e social do país. Apresenta pesquisa doutrinária envolvendo desde autores clássicos da filosofia, da ciência política e da teoria do Estado, até a moderna doutrina constitucionalista, nacional e internacional, especializada em direitos e garantias fundamentais. Serve-se, também, de pesquisa na imprensa em geral, de pesquisas de institutos de opinião pública, da produção doutrinária de membros do Ministério Público, bem como de discussões específicas do Poder Legislativo brasileiro sobre a temática tratada no trabalho. Tudo permeado por lógicas comparações com o sistema jurídico espanhol. Enfim, conclui que a sociedade brasileira tem o direito de ser informada sobre as atividades do Ministério Público, o que, tornado realidade, constituiria uma importante conquista para o nosso processo democrático. RESUMEN: Al estudiar la evolución del concepto de Libertad como plataforma para el desarrollo de la Libertad de Información y del Derecho a la Información, el presente Trabajo hace poner de relieve la característica de agente informador social reservada al Ministerio Público brasileño en la Constitución Federal de 1988. El trabajo analizará las características y funciones del Ministerio Público brasileño, la atribución de nuevas funciones a dicha Institución, como las que objetivan asegurar el cumplimento de los Derechos Humanos o a perseguir su transgresión, y el uso que se hace el Ministerio Público de las informaciones obtenidas en razón de sus actividades. Algo explicable en el contexto cultural, económico y social del país. Traza un estado de la cuestión sobre la bibliografía existente incluyendo desde autores clásicos de la filosofía, de la ciencia política y de la Teoría del Estado hasta la moderna doctrina constitucionalista, nacional y internacional, especializada en derechos y garantías fundamentales. Además de esto, han sido analizados diversos artículos de prensa, encuestas realizadas por Institutos de Opinión Pública, producción científicas de miembros del Ministerio Público, así como discusiones específicas del poder legislativo brasileño sobre la temática tratada en el trabajo. Todo acompañado por las lógicas comparaciones con el sistema jurídico español. Por último, concluye que la sociedad brasileña tiene el derecho de ser informada sobre las actividades del Ministerio Público, lo que, tornándose una realidad indiscutible, seria un importante logro para nuestro proceso democrático. INTRODUCCIÓN. Todo el mundo sabe que la teoría del “Big Bang” actualmente domina la Astrofísica, explicando el surgimiento del universo a partir de una "gran explosión", que inició un proceso de expansión de las galaxias; fenómeno cada vez más lento por causa de la gravedad. En lado diametralmente opuesto, se argumenta también en la Astrofísica, pero en minoría, la teoría del “Big Crunch”, sosteniendo que la expansión de las galaxias tiene un límite y, más que eso, tiene un "punto de inflexión"; desde donde se iniciará un proceso inverso de expansión hasta la vuelta y la nueva concentración de energía en el mismo punto que originó el universo. Muchos estudiosos del Derecho, como el profesor Martínez-Buján Pérez, por veces traen esas teorías para las Ciencias Sociales, utilizándolas metafóricamente para explicar algunos fenómenos jurídicos. En este trabajo, es perfectamente posible hacer una analogía entre estas teorías Astrofísicas y el desarrollo del Ministerio Público brasileño. Actualmente, este último pasa por un período de expansión, que puede ser ejemplificado por el proprio título de esta Tesis. En el futuro, necesariamente pasará por momentos de desaceleración, incluso revertiendo este expansionismo, a la medida en que nuestra sociedad - mejor informada y educada - no tanto necesite de protección estatal en algunos aspectos de su vida. Se utiliza esta tesis para, en las palabras de Humberto Eco, estimular el sentido positivo y progresivo del estudio, elaborar una crítica a partir de la experiencia profesional, mejorar las capacidades, e identificar y proponer soluciones a los problemas actuales. El camino elegido para hacerlo fue muy duro, pero se ha revelado posible de ser recorrido con la ayuda de los guías correctos; porque, como afirmado por Spinoza, seguramente debe ser difícil lo que raro es. La tesis predominantemente expansionista que ahora se presenta tiene el objetivo general de analizar el papel de agente informador social reservado al Ministerio Público, La Fiscalía, como un agente público responsable por garantizar el principio constitucional de la publicidad y el derecho a la información. Así que todavía suele preguntarse: ¿La Fiscalía tiene este papel de agente informador social? En la metodología de una investigación que se ocupa de las ciencias sociales y humanas, esta pregunta es lo que se llama de un "punto de partida", el problema que estimulará todo el estudio con el fin de demostrar su validez, o no. Y esta hipótesis inicial formulada aquí es concisa (claridad), es realista (falsabilidad), y tiene el objetivo de comprender y explicar un fenómeno actual del proceso democrático brasileño (pertinencia). De manera más específica, el objetivo principal es la defensa de la exigencia constitucional de que los Fiscales deben revelar sus actividades a la sociedad, sobre todo porque ha sido una fuerza importante en la consolidación del proceso democrático brasileño. Por lo tanto, en la fase de exploración del trabajo ha sido realizado lo que la metodología llama "lecturas preparatorias" para alcanzar el "estado actual de la cuestión." Y tal estado, en medio de las discusiones de aprobación, o no, de varios proyectos de "mordaza" en el Congreso de Brasil, sigue siendo la incertidumbre y el conflicto. Configuración propicia para estudiar y escribir sobre el tema. Los sectores más avanzados de la sociedad brasileña defienden el atributo de agente informador social para la institución Ministerial Pública, anclados en el principio constitucional de la publicidad; mientras que los sectores conservadores, liderados por las viejas oligarquías políticas y económicas, insisten en negar tal atributo a la Fiscalía. En el "trabajo de campo" llevado a cabo, la investigación se ha desarrollado de la experiencia y de las lecturas individuales del investigador en dirección al punto de vista de los expertos en el tema de las libertades, en particular en el derecho a la información. La muestra principal explorada, sin duda, fueron los datos recogidos de las personas más interesadas en el tema, que son los miembros del Ministerio Público brasileño. El pensamiento de esa clase profesional se estudió a fondo a partir de encuestas de opinión pública, análisis de documentos y análisis de la legislación. Sin embargo, más allá de estos métodos importantes, se destacó en este estudio el uso del método de análisis del discurso; basado en la teoría del lenguaje. Por lo tanto, se examinaron en profundidad el discurso conservador de las oligarquías políticas y económicas, que se materializan en guerreados Proyectos de Ley de "mordaza"; y el discurso producido por el Ministerio Público que, a través de perlocución, convenció a la sociedad, hasta el momento, para defender el trabajo de la institución Ministerial Pública como más uno importante agente informador social. Recogido todo este material, se ha observado y analizado lo mismo a la luz de la hipótesis formulada originalmente. Y como resultado de estas comparaciones, el trabajo también presenta inquietudes, preguntas y nuevas ideas sobre el proceso de desarrollo de Brasil que, para una mejor comprensión, debe tener analizadas las distintas acciones políticas del Estado en la actualidad, con sus respectivas consecuencias jurídico sociales. En la novedosa teoría de los derechos fundamentales de la cuarta generación, sólo la garantía de una información adecuada a los ciudadanos, junto con el sistema pluralista, puede solidificar el derecho a la democracia. Según el profesor Paulo Bonavides, incluso contra los valores de la “globalización neoliberal”, con sus nefastas consecuencias sociales, en esta era de umbral de milenio, tarde o temprano, caminamos para una "globalización política" donde vamos exigir la realización universal del discurso de los Derechos Humanos, más específicamente la solidificación de los derechos a la información, el pluralismo y la democracia. Como consecuencia de este proceso de búsqueda ardua para la estabilidad democrática en Brasil, la institución Ministerial Pública, en su deber de defensa intransigente del sistema legal, régimen democrático, y los intereses sociales no disponibles, se ha destacado con las acciones judiciales y extrajudiciales de: prevención y la represión de cualquier afronta a los derechos del consumidor, de la niñez y la juventud, la salud, la educación, los ancianos y los discapacitados, en la lucha contra todo tipo de delitos, a los actos de mala conducta administrativa, el abuso y desviación de poder , daños al patrimonio público e histórico, daños al medio ambiente, entre otros. Tales acciones están precedidas, por regla general, de una coleta de pistas y pruebas (investigaciones, pericias técnicas, testimonios tomados, etc.) capaces de revelar al agente público, miembro del “Parquet”, si este realmente está trabajando de una manera consistente con los valores democráticos. Esto, entonces, se materializa en los procedimientos administrativos y judiciales de interés público indudable. Numerosos actos administrativos bajo el imperio de los principios constitucionales de la administración pública, consagrados en el artículo 37 de la Constitución de 1988 de Brasil, en especial el principio de publicidad, también constituyen mucho material de trabajo para todos los sectores de los medios de comunicación. Eso se convierte en información importante para los ciudadanos y la sociedad, así como caracterizan la Fiscalía como “formadora” de la opinión pública. Entendiendo que el presente trabajo tiene el mérito de enfocar una temática no pacífica y todavía no legislada específicamente dentro de nuestro ordenamiento jurídico, es que se estudia, en el capítulo I, la lucha del hombre por la evolución del concepto de libertad como una gran plataforma para el futuro desarrollo de la libertad de información y el derecho a la información. Se centra la libertad en diferentes momentos de la historia humana, haciendo uso de los hechos históricos y del trabajo de muchos pensadores capaces de ilustrar esta lucha en las diferentes etapas de la Historia, para tener una mejor comprensión de la importancia y trascendencia del derecho actual a la información. Además, se investiga la libertad de los antiguos, el "libre albedrío" y "Reforma", la contribución del existencialismo, y las concepciones modernas de la libertad política y la libertad de información. También se analiza la evolución de este concepto de base a través de la obra de Thomas Hobbes, John Locke, Jean-Jacques Rousseau, Immanuel Kant y John Stuart Mill. En el Capítulo II, se lleva a cabo el análisis de la Institución Ministerial Pública brasileña, estudiando el perfeccionamiento de la Fiscalía hacia la condición de defensora de los derechos fundamentales y de garantizadora de la libertad de información. Comienza explicando lo que es la Fiscalía y que es el Fiscal. Es decir, lo que es la institución y quien son las personas que conforman la institución. Se discute a continuación, el crecimiento de la institución, proporcionado por la Constitución de 1988, las garantías constitucionales de la institución, las garantías de sus miembros y sus funciones. También se estudia la vocación de la Fiscalía a la defensa de los derechos fundamentales, destacando algunos casos verídicos de gran repercusión. Al final de este capítulo, se analiza la colisión inevitable entre derechos fundamentales, que se produce cuando la Fiscalía tiene la intención de funcionar como agente informador social; centrándose en la necesidad de limitación de algunos de los derechos fundamentales para que la institución pueda actuar satisfactoriamente, sobre esta función. Por último, en el capítulo III, se estudia la Fiscalía en su rostro de agente informador social en la realidad brasileña. En esta fase del trabajo, se examina la teoría general del derecho fundamental a la información y el escenario doctrinal y legislativo actual de este derecho en el ordenamiento jurídico brasileño. En ello se comprueban algunos de los frecuentes intentos de "mordaza", presentadas contra el Ministerio Público de Brasil, dando énfasis a la lucha histórica contra el Proyecto de Enmienda Constitucional n.º 37/2011, que intentó restringir los poderes de investigación de los Fiscales. En esa oportunidad, se ha revelado necesario también el análisis del discurso emitido por el Ministerio Público para rechazar tal retroceso en el sistema penal brasileño, así como la recepción de este discurso por el resto de las instituciones y la sociedad en general. En el paso siguiente, la Tesis revela la cuestión del respeto, la confianza y la legitimidad que la institución Ministerial Pública goza hoy en día en la escena nacional, y el estudio concluye con un examen del principio constitucional de la publicidad como cemento del papel del Fiscal como agente informador social. Se muestra que la institución Ministerial Pública recibió una importante legitimidad de la sociedad brasileña y, a través de su obra, ha comenzado a recompensarla por la confianza recibida; de la manera como ha explicado Adam Smith: “recompensar es retribuir el bien por el bien recibido”. A lo largo del trabajo, inevitablemente se realizarán comparaciones lógicas entre el sistema jurídico brasileño y español, lo que servirá para explicar mucho mejor la idea central de investigación y su adaptación a la realidad de un país en desarrollo como Brasil. CONCLUSIONES: Cuando se estudia la evolución del concepto de libertad como una gran plataforma para el futuro desarrollo de la libertad de información, el derecho a la información, así como a la condición actual de la Fiscalía como una defensora de los derechos fundamentales e agente informador social, se concluye que los antiguos no conocían la libertad individual, pues nacían, vivían y murrian sólo para el engrandecimiento del Estado. San Pablo, en este caso, fue el precursor de la despolitización de la cuestión de la libertad, pero fue San Agustín quien comenzó el estudio de la libertad como el libre albedrío, la libertad del individuo delante otro individuo. Más tarde, la Reforma Protestante, que inicialmente se hizo cargo libertades de naturaleza individual-religiosa, culminó tratando de una liberación política y económica. En su contribución a esta evolución, el existencialismo ha afirmado que el hombre es libre dentro de su situación existencial y, en otro paso adelante, la filosofía de Hannah Arendt ha demostrado que la libertad es parte de la condición humana, ya que fue construida y conquistada para nuestra realidad a través de nuestros propios esfuerzos. Por último, en conjunto con las ideas inmortales de filósofos del derecho como Thomas Hobbes, John Locke, Jean-Jacques Rousseau, Immanuel Kant y Stuart Mill, esa fue la base teórica capaz de proporcionar la conclusión de que la conquista de la libertad es un proceso continuo. Además, el Derecho se convierte en un cuerpo sin alma si no está bien explicado a través de sus raíces históricas. Por lo tanto, es innegable que la historia es uno de los factores determinantes del Derecho y del fenómeno del poder. El concepto clave de la libertad de pensamiento se desarrolla para las libertades de expresión, opinión, la crítica, la religión, la educación, los medios de comunicación y la información. Esta última fue jurisdiccionalizada para garantizar a todos el derecho a ser informado. Hoy en día este proceso de maduración continúa, con el espíritu de nuestra Constitución Federal de 1988 acreditado al Ministerio Público como un defensor de los derechos fundamentales y más una herramienta importante para el desarrollo del concepto de libertad, cuando trabaja como un agente informador social. Por lo tanto, se ha hecho posible, dentro de la realidad democrática en desarrollo de América del Sur, hacerse la defensa de más esta forma de control del poder, que viene de dentro del propio poder público, a través de un Ministerio Público que también puede y debe informar a la sociedad, con responsabilidad. Principalmente por el hecho de que el poder de informar, en este Continente, sigue dos caminos distintos y muy peligrosos. A veces está monopolizado en manos de los gobiernos dirigidos por dictadores camuflados, aunque elegido por "voto libre y secreto" de las masas; o tal vez en manos de las grandes corporaciones multinacionales movidas exclusivamente o comprometidas con meros objetivos de mercado, diametralmente opuestos a una educación adecuada de las personas. Mientras que Brasil se jacta de unirse al selecto grupo de países exportadores de petróleo y se ha convertido en el sexto poder económico del mundo, sigue siendo esclavo de una prensa en gran parte partidista, hipócrita y de mala calidad, es decir, que no informa bien a la sociedad. Esta misma sociedad, según el Informe del Examen Periódico Universal de la ONU, sigue siendo mal informada y mal formada por una escuela pública de mala calidad, que tiene altas tasas de evasión y baja escolaridad. Hay información de calidad sólo para los que pueden pagar un alto precio por eso. Los medios de comunicación en Brasil, a pesar de que suele ser una actividad estatal prevista por la Constitución, están en manos de empresas privadas que tienen autorización pública para funcionar. La mayoría de ellas propiedad de las viejas oligarquías del país; las mismas que se sienten incomodadas con el trabajo de la Fiscalía. Por lo tanto es necesario la defensa de más esta nueva forma de auto-control ejercida por los Fiscales, que sería una consecuencia natural del proceso de desarrollo del Estado y de sus instituciones, como corolario del entendimiento de que sólo el poder controla el poder. Todo ello, teniendo en cuenta que el campo de poder del Estado debe ser siempre limitado, porque siempre debe restar espacio para la organización social y el desarrollo de habilidades personales de cada individuo. Y la realización de esto en la sociedad se traduce en la libertad. De ello se desprende, además, que el Ministerio Público brasileño prácticamente renace fortalecido con las garantías y privilegios otorgados a la institución y sus miembros por la Constitución de 1988, que ha sido un divisor de aguas. Los Fiscales, en cuanto agentes políticos, actualmente ocupan algunos de los puestos clave en la estructura constitucional, representando también la voluntad política del Estado. El miembro del Ministerio Público brasileño tiene, en promedio, cuarenta años de edad, es católico, casado, e todavía mantiene el perfil conservador; una vez que el brasileño es fruto de la Contrarreforma. El nivel de educación y el número medio de hijos son compatibles con las tasas europeas, que son características que difieren de la mayoría de la población de un país en desarrollo. Es parte de la clase media alta, que asisten a buenas escuelas privadas y las mejores universidades públicas. Y él es plenamente consciente de que su rol en la sociedad es del protagonista de una revolución lenta, pero continua, que debe centrarse en la lucha contra la corrupción y en la consolidación del proceso democrático. El producto del trabajo de estos Fiscales está dirigido al interés público, y, por eso, son muy demandados tanto por la prensa y por los ciudadanos que necesitan de información para llevar a cabo sus actividades diarias más simples o para ejercer sus derechos políticos más complejos. Después de la Constitución Federal de 1988 los Fiscales no se ocupan solamente de la represión de los delitos, pues se dedican también a la elaboración y ejecución de acciones, programas y políticas públicas para abordar y solucionar los problemas estructurales de un país en desarrollo como Brasil. Es decir, la Fiscalía tuvo un engrandecimiento de su poder y éste debe ser utilizado para el desarrollo de la vocación institucional para la defensa de los derechos fundamentales, pero se hizo evidente que estos tienen límites que deben ser respetados. Y debido a que uno de los objetivos del Ministerio Público es la realización de los derechos fundamentales, uno entonces debe concluir que las garantías y prerrogativas de la institución y sus miembros son, sobre todo, las garantías de la sociedad, por la independencia de subvención a las autoridades pueden actuar beneficiar al interés público. Desafortunadamente, sin embargo, también concluyó que, en los países en desarrollo como Brasil, el derecho a la información todavía se enfrenta a batallas diarias para asegurar su debido respeto. El derecho que tienen los ciudadanos a ser bien informados viene bajo ataque en el Congreso de Brasil, a través de proyectos de ley y la enmienda a la Constitución Federal que tratan de reprimir cualquier actividad institucional hacia mantener la sociedad bien informada, y que se quedaron conocidos popularmente en Brasil como "mordazas". Algunos proyectos incluso con el objetivo de establecer sanciones monetarias para los Fiscales que revelan sus actividades a través de la prensa, es decir, que están bien informando a la población. El problema, desde luego, no es ese tipo de proyecto de ley, pero lo que hay detrás. Estos proyectos, que en la actualidad se están procesando en el Parlamento realmente tienen el objetivo de “amordazar” a la Fiscalía, ya que la institución, cuando se da a conocer sus actividades, puede afectar negativamente a muchos objetivos políticos y oligárquicos, objetivos de personas que durante siglos se utilizan del aparato estatal de Brasil en favor sólo de sus intereses privados. El principal intento de amordazar a la Fiscalía fue dado por el Proyecto de Enmienda Constitucional ( PEC ) n.º 37/2011, que tenía por objeto eliminar los poderes de investigación de la institución. Sin embargo, con la ayuda de los manifestantes que salieron a las calles para protestar en junio de 2013, se empezó una verdadera lucha contra el "PEC de la impunidad", que culminó con su rechazo por el Congreso. El discurso pronunciado por el Ministerio Público en esta etapa histórica de la solidificación de la democracia brasileña fue bien recibido por la sociedad. Quedó claro que el Ministerio Público de Brasil no quiere ser policía, pero sólo estar junto a la policía cuando los intereses de la sociedad más lo requiera. Nadie debe luchar sólo por la bandera de la Fiscalía, la policía, la abogacía, sea pública o privada, o incluso por la bandera judicial. Hay que añadir a las instituciones, en primer lugar, el sentido de luchar por la bandera de la Justicia, ya que todos los actores que conforman el escenario jurídico deben estar en el mismo lado. Una lucha conjunta es necesaria contra la corrupción, en todos los niveles de gobierno a fin de que los recursos públicos sean bien utilizados y que hagan realidad los derechos humanos más básicos, reduciendo las enormes desigualdades existentes en Brasil. En paralelo a las manifestaciones que tuvieron lugar en las calles de Brasil, todos los miembros del Ministerio Público brasileño también participaron de los esfuerzos de mantenimiento del poder de investigación de la institución y, en consecuencia, mejoraron la comprensión de la sociedad acerca de la necesaria lucha contra la corrupción. Pero para hacer esto era necesario adoptar, principalmente a través de las entidades representativas de clase de la institución Ministerial Pública, un discurso capaz de "contaminar" la sociedad con las razones que justificaban la lucha por el rechazo del PEC 37. En el ejercicio de su "munus" constitucional de guardián del orden democrático y de fiscalizar otras instituciones, los Fiscales han luchado principalmente contra las prácticas del abuso de poder económico y la corrupción electoral que siempre apoyaron las oligarquías más fuertes en Brasil. Y eso molesta y crea enemigos poderosos que, a través de trucos legales, intentan intimidar al trabajo del Ministerio Público, porque está usando la ley como una herramienta de liberación, y no como una herramienta de dominación. El problema revelado por la Tesis, que ahora se finaliza, se plasma en el hecho de que una parte de los políticos en Brasil ( que no tienen la confianza de la población ) no quieren Fiscales Anticorrupción ( que son de confianza de la población ) comunicándose bien con la sociedad, directamente o incluso a través de la prensa. Todo esto se evidencia en las encuestas estudiadas y constantes de este trabajo. Cuando el Ministerio Público, a través de los Fiscales, habla de acciones de investigación y lucha contra la corrupción, revela la terrible forma de gestionar los asuntos públicos utilizada por estos políticos incompetentes y corruptos. La solución propuesta para este problema pasa necesariamente por el reconocimiento de la condición de agente informador social presente en la institución Ministerial Pública, para la misma pueda ayudar en el proceso de información de la población brasileña. Como exigencia de nuestros objetivos constitucionales de la construcción de un Estado democrático, de los principios constantes del artículo 37 de la Constitución, y en especial el principio de publicidad, podemos concluir que es obligación de los Fiscales hacer la divulgación de sus actividades, a fin de asegurar a los ciudadanos su derecho constitucional a ser informado, a recibir "información seria". Además de la administración pública en general, la Fiscalía tiene que motivar y dar a conocer sus actos en los procesos y procedimientos administrativos de su asignación, dando a los ciudadanos lo que los expertos llaman "información seria". En la actualidad, ya no son admisibles procesos o procedimientos no auténticos o confidenciales, que marcaron las décadas de gobiernos autoritarios. Eso, sin perjuicio de las hipótesis legales de secreto y las esenciales para la seguridad de la sociedad misma. El manejo diario de información seria, de interés público y que debe ser divulgada, garantiza al Ministerio Público, en el ejercicio constitucional de sus actividades, el atributo de agente informador social, basado en el respeto, confianza, y legitimidad que la institución ha logrado junto a la población brasileña en las dos últimas décadas. Sin embargo, la divulgación de las actividades administrativas y judiciales de los fiscales tiene límites impuestos por la legislación ordinaria, especialmente por la Ley Nacional Orgánica del Ministerio Público. También restan claras las limitaciones de orden constitucional establecidas por los principios, de las cuales el mejor ejemplo es el fenómeno de la colisión entre los derechos al honor, a la intimidad, la privacidad y la imagen “versus” el derecho a la información. Por lo tanto, los fiscales deben estar preparados para enfrentar y resolver los conflictos derivados de la colisión entre derechos fundamentales, como en los casos que aparece de un lado, la acusación pública, bajo la protección de los principios de la publicidad, la libertad de expresión y el derecho a la información, necesarios para la difusión de sus actividades; y, por otro lado, tenemos los ciudadanos investigados o en enjuiciamiento, invocando sus derechos fundamentales a la intimidad, a la privacidad, el honor y la imagen. Y la solución de estos conflictos no es algo sencillo. Finalmente, se concluye que la idea expuesta en esta Tesis no puede ajustarse perfectamente a la realidad de los sistemas sociales y jurídicos de países ya considerados desarrollados como, por ejemplo, España. Esto, debido al nivel más avanzado de desarrollo educativo y del grado avanzado de la información ya presente en este tipo de sociedad. Por lo tanto, se centró en el estudio del Ministerio Público de Brasil, en cuanto agente informador, como un modelo de conducta política en el margen de los factores ideológicos y conceptos abstractos que caracterizan a la institución ministerial en todo el mundo. El estudio se enfrenta claramente la realidad de este país, todavía en desarrollo. Y así, en lugar de analizar el Ministerio Público brasileño sólo en los aspectos teóricos y doctrina básica de la institución, se analiza y se defiende un nuevo rostro institucional nacido de la presión ejercida por la actual realidad cultural, económica y social del país.