Aspectos procesales en la determinación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en la República de Ecuador

Abstract

La pregunta central que rodea esta investigación es en qué medida el sistema vicarial adoptado por el COIP en relación con la determinación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas puede cumplir legítimamente su finalidad sin un sistema procesal que asegure los derechos del debido proceso del ente corporativo. Sabemos por experiencias ajenas que una reforma penal en materia de responsabilidad penal a las personas jurídicas no puede aplicarse eficazmente si no se han tomado los recaudos procesales que aseguren un procedimiento que vaya acompañado de un despliegue garantizador para las personas jurídicas como sujeto procesal con características similares al que rodea a las personas físicas encausadas y cómo la adopción de los programas de cumplimiento conjuntamente con la implementación de un modelo autónomo de responsabilidad penal de la persona jurídica permitirían superar las deficiencias del sistema de responsabilidad vicarial vigente, y del sistema procesal de juzgamiento adoptado por el Código Orgánico Integral Penal del Ecuador aplicable al juzgamiento de las corporaciones. Los resultados arrojados confirman la existencia de un régimen de responsabilidad penal corporativo cerrado únicamente a los delitos previstos en el COIP, con la utilización del criterio de equidad de la pena como fundamento punitivo legitimado desde el plano constitucional. El sistema vicarial extremo, previsto en el art. 49 COIP, al exigir como hecho generador de la responsabilidad penal de la persona jurídica la responsabilidad previa de la persona física presupone un modo de responsabilidad objetiva, porque permite que los entes morales respondan por hechos ajenos cometido por otras personas distintas de las jurídicas. Siendo así, este sistema rompe con los principios constitucionales de culpabilidad, responsabilidad subjetiva por hecho propio, injusto personal y personalidad de las penas. Además no exige que la persona física actué en nombre o por cuenta de la persona jurídica introduciendo dudosos criterios extra limitantes en la imputación penal. La confirmación de la existencia de varios elementos que resienten las bases garantistas en los que se sustenta el principio de culpabilidad constitucional y penal nos permiten dejar sentadas las bases con los lineamientos generales a ser utilizados en el diseño de una salida alternativa de reforma penal que configure un sistema autónomo de imputación penal de las corporaciones. Descriptores clave: responsabilidad penal de las personas jurídicas, responsabilidad objetiva, sistema vicarial extremo, programas de cumplimiento.