Desempeño policial democráticoel caso de la Policía Nacional Civil de El Salvador

Resumen

La policía, desde sus orígenes y a lo largo de toda su historia, ha desempeñado un rol al interior del Estado de gran relevancia y funcionalidad para el régimen político, constituyéndose como una institución determinante en la obtención y el mantenimiento del poder. Pese a ello es evidente el número limitado de estudios que existen sobre el tema, en comparación con los que se han llevado a cabo en torno a otras instituciones del Estado. Sin embargo, durante las últimas décadas el abordaje investigativo sobre los cuerpos policiales ha demandado una atención especial en diversos países, como consecuencia de la incompatibilidad entre las normas democráticas y de derechos humanos y la actuación y características policiales existentes, puesto que en el escenario político actual la democracia convive con diversos grados de autoritarismo y abuso policial y, en muchos Estados es cuestionable el nivel de empoderamiento de los ideales democráticos en el desempeño de sus cuerpos de seguridad. No obstante, ello no ha llevado a desconocer la necesidad de que los países cuenten con una policía, pero sí ha enfatizado en la relevancia de que dicha policía sea democrática. Hablar de una policía democrática implica subsanar los rezagos autoritarios y represivos que los regímenes no democráticos le transmitieron a los cuerpos de seguridad, para reconfigurarlos y adaptarlos a un contexto político que obliga a dispersar las alteraciones sociales a través del uso de estrategias distintas a la opresión, “pues las prácticas autoritarias y abusivas que habían caracterizado su accionar, aunque eficientes en algunos casos, dejaron de ser aplicables en un entorno en el cual los pilares democráticos se esgrimen con fuerza” (Bonilla, 2015c:27). Conformar una policía democrática implica garantizar la prestación de un servicio policial integral que satisfaga las demandas ciudadanas y gubernamentales en materia de criminalidad y desorden público, mediante la implementación de un enfoque de trabajo preventivo y comunitario que trascienda al tradicional rol de control político desarrollado por los cuerpos policiales. De allí que una policía democrática deba operar bajo esquemas de respeto a los derechos humanos y al orden constitucional, de manera que su accionar se libere de falencias como la opresión, la arbitrariedad, el abuso de autoridad, la desigualdad y la injusticia, tan característicos del desmesurado poder policial y el abrigo de impunidad conferido en otro tipo de regímenes. Para ello, la no militarización, la no sectarización y la no politización de la policía resultan tan claves como el hecho de que ésta soporte su función en acciones altamente especializadas y profesionales. Además, es necesario que la policía en democracia esté supervisada por mecanismos de control variados e independientes que “garanticen la transparencia de sus funciones y disminuyan los incentivos para actuar fuera de los parámetros de la ley (accountability), al tiempo que reconozcan su responsabilidad sobre la calidad de la respuesta ofrecida a los individuos y del colectivo social (responsiveness), que son su prioridad operacional (Bonilla, 2015c: 28-29). Todo ello favorecerá su grado legitimidad ante la sociedad civil, factor elemental de una policía democrática, cuyo cliente final es capaz de valorar positivamente su desempeño en términos de efectividad y legalidad. Tras reconocer el papel determinante que la institución policial juega en la protección del Estado de Derecho y del régimen democrático, han proliferado esfuerzos gubernamentales internos y externos en diversos países del mundo, con el fin de diseñar marcos normativos orientados a la consolidación de estructuras policiales democráticas. En este sentido, la consolidación del régimen esta relacionada con la forma en que el cuerpo de seguridad es capaz de interiorizar y afirmar los valores y las normas democráticas en la resolución de los distintos conflictos que puedan generarse en la sociedad, manteniendo ante todo su compromiso democrático y garantizando, con las características de su desempeño, un conjunto más amplio de derechos que favorezca su legitimidad y la del régimen. De allí que resulte favorable diseñar mecanismos de medición que permitan evaluar y monitorear el desempeño policial democrático y proponer un modelo explicativo de los avances y retrocesos que al respecto presentan los cuerpos policiales que operan en el marco de sistemas democráticos.