El conflicto entre las élites nacionalistas y el estado constitucional

Resumen

Si íbamos a estudiar la influencia del nacionalismo en ese proceso, debíamos decantarnos por una concepción del mismo, que fue finalmente la concepción instrumentalista, según la cual las naciones se consideran realidades artificiales, muy alejadas de esa visión de la nación esencialista que, como sostenía Ernest Gellner, parecía ser: “Una fórmula natural, dada por Dios, para clasificar a los hombres”. Para analizar el conflicto entre Constitución y élites nacionalistas vascas y catalanas era necesario optar por un instrumento analítico que, en nuestro caso, ha sido el individualismo metodológico, que considera que las personas que intervienen en los procesos políticos buscan su propio interés en un doble proceso: cuando se fragua la Constitución, fijando las reglas de juego, y en el proceso post-constitucional, utilizando la política como la vía idónea de “capturar rentas” al margen del proceso productivo. Haber vivido en este contexto de evocación y mitificación del pasado, como principio de legitimación, desde el que configurar nuestro modelo territorial, hizo que mi elección de tema de análisis se decantara por la investigación de la tensión entre historia y constitución, que no solo había sido una constante en la historia del constitucionalismo español, sino que se hizo especialmente visible en el proceso constituyente de 1978. En base a esta elección, el primer capítulo de nuestro estudio analiza las consecuencias constitucionales que se derivan de convertir la historia en principio de legitimidad constitucional. Sin duda, la Constitución de 1978 realizó un esfuerzo enorme, al diseñar fórmulas muy integradoras a través de la disposición adicional primera y del artículo segundo, donde se reconoce el hecho nacional cultural de Comunidades como Cataluña y el País Vasco, a través de la mención expresa del derecho a la autonomía de nacionalidades y regiones, que terminó situando las asimetrías autonómicas en un fuerte desafío al constitucionalismo, pues se negaba la igualdad entre CCAA, permitiendo a los estatutos vasco y catalán incluir competencias excesivas y relaciones bilaterales con el Estado, que rompían cualquier esquema de federalismo fundacional, conduciendo al Estado hacia una deriva confederal casi inevitable; y, lo que era más peligroso, consolidaban asimetrías en el acceso al Estado social, dando lugar a dos tipos de españoles: los que supuestamente tenían historia, con más competencias y recursos financieros, y los sin ella, condenados a sufrir esas asimetrías, junto a la acusación perpetua de su pasado opresor. Se consolidaba así una realidad constitucional que fortalecía el relato nacionalista del conflicto de identidades; de ahí que la nueva organización de las autonomías en la década de 1980, no solo supuso nuevas partidas de recursos públicos para investigar el supuesto antecedente histórico perdido, sino que la tarea política de las élites nacionalistas se redujo a rebuscar en la historia para el despertar de sus “naciones durmientes”. Fomentaron las señas de identidad nacional de sus respectivas poblaciones de influencia, con una constante victimización colectiva, sobre la que se construyó un pasado marcado por un relato público del “nosotros dolientes”, que justificara la supuesta historia de sufrimiento de los pueblos vascos y catalanes por la supuesta “agresión exterior” de los españoles sobres sus pacíficos pueblos, omitiendo que la historia proporciona demasiadas dudas, como para poder convertirla en tópicos identitarios, que tanto condicionan la convivencia. Se aceleraron los procesos de nacionalización, gracias al dominio de la enseñanza y de los medios de comunicación, que les permitió patrimonializar la cultura y la lengua, contribuyendo a consolidar una serie de mitos, símbolos y rituales que intentaron ocultar la pluralidad dentro de la sociedad vasca y catalana.