Transparencia e integridad en grandes eventos deportivoslecciones aprendidas en Río 2016

Laburpena

La transparencia gubernamental es un poderoso instrumento de regeneración democrática y prevención de la corrupción. Con ella, da a los ciudadanos la posibilidad de participar en la toma de decisiones y permite el control efectivo de las acciones del Estado, verificando su compatibilidad con la ley y con los principios jurídicos. La transparencia abarca además a todos los responsables de la gestión pública, en particular a los altos cargos de la Administración, quienes están obligados a divulgar todos sus actos y decisiones para conocimiento de los ciudadanos. En este sentido, la transparencia impone la publicación de informaciones relativas a la agenda profesional de compromisos de estas personas, demanda una efectiva claridad y exactitud de las informaciones oficiales y un acompañamiento eficaz de las actuaciones de los contratistas que se relacionan con la Administración Pública. A pesar de la relevancia de esas materias, la ley de transparencia de Brasil no obliga a que los altos cargos del Estado publiquen sus agendas profesionales mientras que desempeñan como titulares de cargo, empleo o mandato en cualquier órgano o entidad pública. Tampoco considera a los adjudicatarios del sector público sujetos obligados al deber de transparencia, pese a la naturaleza pública de las actividades que desarrollan o a la naturaleza oficial de los recursos invertidos. Esa lamentable omisión acaba creando ambientes de oscuridad en determinados sectores del poder público que favorecen la comisión de actos de corrupción, especialmente durante la preparación de grandes eventos deportivos como los Juegos Olímpicos. Desde esa perspectiva, es fundamental cambiar la ley de transparencia de Brasil, con objetivo de incorporar al ordenamiento jurídico de este país la obligatoriedad de divulgar la agenda de los altos cargos del Estado en todas esferas de gobierno, aparte de incorporar a los adjudicatarios del sector público como sujetos obligados a la transparencia activa.