El acceso a la justicia y la asistencia jurídica gratuita de los grupos vulnerables en Chilediseño jurídico-constitucional, adecuación convencional e institucionalidad

Resumen

El acceso a la justicia comprende una multiplicidad de elementos que convergen en la posibilidad que tiene toda persona sin ningún tipo de distinción, de ejercer los derechos que el ordenamiento jurídico les confiere. Esta concepción obedece a una perspectiva amplia, que estuvo precedida de dos olas de acceso a la justicia, orientadas a la ayuda legal de pobres y a la protección de intereses difusos, respectivamente. Tanto el Pnud, como las reglas de Brasilia y el protocolo Iberoamericano de actuación judicial para mejorar el acceso a la justicia define como grupos vulnerables, entre otros, a los constituidos por: a) Niñas, Niños y Adolescentes b) Personas con discapacidad c) Personas migrantes y sujetos de protección internacional. d) Personas, comunidades y pueblos indígenas e) Mujeres víctimas de violencia de género. En este contexto se describieron los obstáculos u trabas de los integrantes de estos grupos para ejercer con plenitud, y en condiciones de igualdad y no discriminación los derechos que el ordenamiento jurídico nacional e internacional vinculante, les confiere, como asimismo los mecanismos de compensación implementados en Chile. En a la asistencia jurídica gratuita como manifestación del acceso a la justicia, se analizan los distintos instrumentos creados en Chile, destacando la Defensoría Penal Pública, Abogado de turno y especialmente la Corporación de Asistencia Judicial. En base al cotejo de distintos parámetros, se sostiene que existe conformidad convencional entre las respuestas que ha dado el Estado chileno a una serie de directrices y criterios jurisprudenciales o consultivos, que respecto de la asistencia jurídica gratuita han establecido los organismos de protección internacional, como la Corte IDH, por una parte, a través de sus sentencias y OC, y por otra, el Comité de Derechos Humanos, mediante sus informes y dictámenes. Dentro de estos estándares de asistencia jurídica destaca la determinación de la existencia o no de requisitos para ejercer este derecho. En este punto, la posición de la CADH dista a la del PIDCP, en tanto que éste último exige un menoscabo económico para solicitarlo y un “interés de la justicia”, su par americano, en cambio, le otorga un carácter irrenunciable.