Respuestas políticas al cambio económico y socialuna mirada al potencial inclusivo de la renta garantizada de ciudadanía en Castilla y León

Resum

Las consecuencias económicas y sociales de la reciente crisis financiera y económica han forzado el rediseño de las estrategias de intervención social y han propiciado el surgimiento de nuevos modelos de acción social, de nuevas formas de hacer y pensar la intervención y la política social. Así, en un contexto de creciente necesidad y menguantes recursos, hemos asistido en las diferentes regiones españolas a una amplia actividad normativa en un intento de adaptar los instrumentos de intervención y/o establecer nuevos cauces para el abordaje de las situaciones de emergencia, la reducción de la pobreza extrema, la promoción de la inclusión activa, etc. Ahora bien, ¿cuál es la lógica que preside estas respuestas políticas al cambio económico y social?, ¿cuál está siendo el sentido de los cambios en la acción protectora de las personas más desfavorecidas? El presente trabajo se centra en el caso de Castilla y León (CyL), una región que ha apostado recientemente por el desarrollo de una estrategia integrada de inclusión activa en la que todos los instrumentos en marcha deben contribuir a la promoción de la empleabilidad de las personas en situación de vulnerabilidad para lograr su plena inserción sociolaboral. Uno de los ejes fundamentales de la política social castellano-leonesa, y en la que centraremos de forma específica el análisis, es la Renta Garantizada de Ciudadanía. Se estudiará al respecto, en primer lugar, cuáles han sido los principales cambios que ha experimentado este recurso en los últimos años, según se refleja en la normativa que lo regula. Este análisis, que se acompañará de un estudio del número de personas beneficiariasy de los recursos públicos invertidos, se completa con los resultados preliminares de un análisis cualitativo de los principales dilemas y retos que tiene planteado el sistema. Para ello se dispone de abundante información sobre la percepción que los profesionales del Tercer Sector de Acción Social, personal técnico de servicios sociales y de empleo y personas usuarias de esta prestación tienen al respecto. Todo este trabajo se enmarca en un proyecto de ámbito nacional denominado INCLUSIVE financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad.