Invisibles e invisibilizadas. La especial vulnerabilidad de las personas en situación de sinhogarismo frente a la violencia

Resumen

1 TESIS DOCTORAL 2021 INVISIBLES E INVISIBILIZADAS. LA ESPECIAL VULNERABILIDAD DE LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE SINHOGARISMO FRENTE A LA VIOLENCIA PATRICIA PUENTE GUERRERO PROGRAMA DE DOCTORADO EN DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES ALFONSO SERRANO MAÍLLO1 MODESTO ESCOBAR MERCADO2 1 Dr. Dr. Dr. h. c. mult. Alfonso Serrano Maíllo. Profesor Titular de Derecho penal y Criminología, UNED. 2 Dr. D. Modesto Escobar Mercado. Catedrático de Sociología, Universidad de Salamanca. 2 TESIS DOCTORAL 2021 INVISIBLES E INVISIBILIZADAS. LA ESPECIAL VULNERABILIDAD DE LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE SINHOGARISMO FRENTE A LA VIOLENCIA Autora: PATRICIA PUENTE GUERRERO Licenciada en Criminología (Universidad de Salamanca y Universidad de Alicante) Graduada en Psicología (UNED) Máster en Criminología y Ejecución Penal (Universitat Pompeu Fabra) PROGRAMA DE DOCTORADO EN DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES. DEPARTAMENTO DE DERECHO PENAL Y CRIMINOLOGÍA. FACULTAD DE DERECHO Directores: ALFONSO SERRANO MAÍLLO MODESTO ESCOBAR MERCADO 3 Paulo Patrício (2017) 4 Paulo Patrício (2017)3 3 Paulo Patrício (2017). As casas dos meus vizinhos não têm janelas [Ilustración]. En Pereira, A.C. (Coord.) (2017). As Vozes do silêncio. Um grupo de sem-abrigo à conquista de cidadania (pp. 37-38). APURO-Associação Cultural e Filantrópica. Reproducido con permiso del autor y la editorial. 5 AGRADECIMIENTOS A mis mentoras y mentores, fuentes de sabiduría e inspiración constantes y perpetuas. Y de manera especial: A Alfonso Serrano Maíllo, por su confianza y su infinita paciencia, por haber compartido sus dilatados conocimientos y experiencia sin reservas y por guiar, con tan buen juicio, mi camino. A Modesto Escobar Mercado, por haber ampliado mis horizontes y haber apoyado y encauzado con sus certeros consejos una travesía de aprendizaje que apenas acaba de comenzar. A Lina Mariola Díaz Cortés, profesional comprometida y maravillosa persona, por impulsarme siempre a crecer, en todos los sentidos. A quienes, tan gentilmente, han puesto sus conocimientos sobre el sinhogarismo y las personas que lo protagonizan a mi disposición. En particular, a Jesús Ruiz Farrona, cuyo pionero trabajo sentó las bases del mío, y a Albert Sales i Campos, que con su docencia sembró una semilla que brotó años más tarde dando lugar a esta obra. Con franca admiración por el trabajo que hacéis y, sobre todo, cómo lo lleváis a cabo, espero tener algún día la oportunidad de retornar siquiera una parte de todo lo bueno que, de un modo tan generoso, me habéis aportado, y seguiré vuestro ejemplo brindándoselo a otras personas. A mi familia, la de origen y la que he ido encontrando por el camino, por sus inestimables apoyo y acompañamiento a lo largo de mi vida y, singularmente, en el transcurso de esta aventura. Gracias a ellos he llegado hasta aquí. En especial, a mi abuelo, por ser un modelo de fortaleza y buen hacer que ha dejado, tras su amarga partida, un preciado legado. Procuraré llevar, siempre, el paso corto y la vista larga. A Blanca, por su sincera amistad y su ejemplar resiliencia. Quien tiene un/a amigo/a, tiene un tesoro, y yo tengo la fortuna de contar con uno realmente valioso. A mi compañero de vida, sueños y desvelos. Hasta que el mundo deje de girar. 6 ÍNDICE Prefacio ............................................................................................................................. 7 Summary .......................................................................................................................... 9 Resumen ......................................................................................................................... 32 7 Prefacio Vou ficar rouco de tanto gritar talvez fique afónico mas os teus ouvidos ficarão para sempre a ouvir o meu eco. Como podes sentir o bombardear se nunca o foste nem nunca te perguntaste? Tiago Gomes4 Tal y como rezaba la cartelería de la Campaña Nadie Sin Hogar 2018 de Cáritas5, las personas afectadas por sinhogarismo están tan cerca que, con demasiada frecuencia, no las vemos. Necesitamos aprender a mirarlas para tornarlas visibles, pues lo que no se ve, no existe. Pero hay también quien las ignora de forma deliberada, y quien las rechaza, las excluye, o dirige su odio y violencia contra ellas. Así lo expresa Miguel Fuster con la autoridad que le confiere el hecho de haber pasado 15 años de su vida en la calle, ese lugar “donde morir de muerte inacabable en la fosa común del olvido”6: “Desterrados, cautivos de la miseria y del alcohol, asistimos indefensos y dolientes frente al horrible espectáculo que nos ofrece la crueldad y el odio, y una desgarradora indiferencia y desprecio”7. Proclama el saber popular que no hay peor ciego que aquel que no quiere ver, o el que, aun habiendo descubierto la realidad, decide volver a cerrar sus ojos. Quisiera dedicar esta obra a todas las personas que, como diría Pedro José Cabrera, son huéspedes del aire, con el deseo y la esperanza de que en un futuro próximo estudios como este lleguen a ser considerados históricos, y logremos que primen la justicia y el respeto, la empatía y la compasión hacia todos/as aquellos/as con los/as que compartimos nuestra existencia. También, con profunda admiración y en reconocimiento de su extraordinaria y trascendental labor, a las/os profesionales que se implican en su trabajo y dedican sus energías a tratar de mejorar la vida y el horizonte de otros. No olvidemos que, como refiere Toni Boix, “Quien más quien menos, todos arrastramos heridas y cadenas (…) que reverberan y configuran estructuras colectivas también enfermas y encadenadas. A veces la magnitud de nuestras esclavitudes es tal que uno pierde el paso, tropezando en los propios errores o en las zancadillas de la 4 “Voy a quedarme ronco de tanto gritar. Tal vez me quede afónico, pero tus oídos siempre estarán escuchando mi eco. ¿Cómo puedes sentir el bombardeo si nunca lo fuiste ni te preguntaste?”. Gomes, T. (2010). Rouquidão. En Auto-ajuda. Mariposa Azual. Citado por Pereira, A.C. (Coord.) (2017). As Vozes do silêncio. Um grupo de sem-abrigo à conquista de cidadania (p. 63). APURO-Associação Cultural e Filantrópica. 5 Cáritas (2018). Campañas de sensibilización. Nadie sin hogar. Recuperado de https://www.caritas.es/cadiz/qhacemos_campanas_info.aspx?Id=882. 6 Fuster, M. (2016). 15 años en la calle. Obra completa. Barcelona: La Chula Productions, S.L. p. 137. 7 Ibid., p. 75. 8 injusticia social hasta acabar por los suelos. Luego, lo deseable sería levantarse de nuevo…pero para poder hacerlo hay que tener asideros afectivos, significantes y materiales a los que acogerse. Cuando no sucede así, se sigue cayendo, por debajo de losas y pavimento, sumergiéndose en un espacio líquido y difuso donde nada es firme. Un espacio marginal y lesivo que, para muchos, constituye un descenso interminable a los infiernos”8. En la aproximación al tema objeto de análisis se ha procurado en todo momento conjugar el rigor que requiere la investigación científica con la sensibilidad y el respeto debidos a las personas que protagonizan estas vivencias que tan poderoso impacto tienen sobre sus historias vitales. Espero sinceramente haberlo logrado y, si en algún aspecto no fuese así, ofrezco mis disculpas. Asimismo, a lo largo de la presente obra se utilizan diferentes expresiones para aludir a una misma realidad y sus diversas manifestaciones: situación de sinhogarismo, condición de sinhogarismo o de persona sin hogar, personas en situación de sin hogar, en situación de sinhogarismo, afectadas por sinhogarismo o sin hogar, personas sin techo, en situación de sin techo, en situación de calle o que desarrollan su vida en las calles. Todas ellas han de interpretarse referidas al sinhogarismo como una coyuntura en las trayectorias vitales de las personas que lo atraviesan y no como algo consustancial a la persona o que defina su identidad. Finalmente, y a pesar de que se emplee profusamente la palabra víctima y sus derivados, las personas afectadas por sinhogarismo son, por encima de todo, supervivientes. 8 Ibid., p. 80. 9 Summary 1. Introduction The central focus of the present work is the violence suffered by people experiencing homelessness. They pertain to a particularly vulnerable group that faces diverse and complex forms of violence which, in addition, are closely intertwined. Of especial relevance are the experiences of direct violence, often occurring in different moments over the courses of their lives and, regardless, emerging remarkably over their trajectory of homelessness. This work was conceived with the vocation of expanding knowledge of discrimination, violence, and victimisation as experienced by the homeless. It was also intended to examine the role that attitudes and, particularly, prejudices and stereotypes held by the general population regarding this social group play with respect to the aforementioned behaviours. Thirdly, it aimed to broaden knowledge on living conditions, needs and available resources for this group, exploring the relationship between these aspects and the previously cited issues. Finally, the most relevant and ambitious goal: that knowledge deriving from this research might be useful in the development of effective measures against such violence, by contributing to enhancing visibility and in designing strategies to improve the quality of life and promote security of people rendered homeless. Johan Galtung’s proposal of the triangle of violence has been taken as a reference for the definition of the forms of violence homeless people suffer. This work has primarily addressed direct violence, fundamentally, but not only, on the basis of the theoretical framework suggested by Hindelang, Gottfredson and Garofalo’s lifestyle exposure theory of victimisation, and building on the national-level sample of 2012 National Institute of Statistics’ Survey of Homeless People. Different bivariate and multivariate data analysis techniques have been applied. In any event, the majority of contributions are essentially exploratory since previous approaches to this issue in Spain are scarce. Likewise, one of the most original contributions of this work is the approach to some forms of violence that often go unnoticed as a result of their common normalization or justification. In this respect, a case study within the framework of criminalization of homelessness is conducted, examining the content of local ordinances on citizen coexistence and civic behaviour of provincial capitals in Castilla y León and their implications for people who are homeless. Additionally, on the basis of a bibliographic review and the professional experience of the co-authors, the way in which the COVID-19 pandemic has affected homeless people in our country from its outset to the beginning of the de-escalation process is explored, thus evincing the disadvantaged position this group has with respect to the exercise and protection of their rights. To conclude, a review of available literature has shown that victimisation of people experiencing homelessness has received scant attention in Portugal. Then, the relevance and importance of ascertaining the reason underlying this reality are argued, as well as the need for studying the nature and scope of this problem in our neighbouring country, since such knowledge is crucial to preventing and combatting 10 these experiences and their repercussions for the life and future of victims, in both the Portuguese and other contexts. 2. Contextualization. Homelessness: definition and scope Even though there is no consensus on the definition of “homeless person”, one of the most widespread and broadly accepted is that proposed by Dr. Dragana Avramov in 1995, when she worked as the research coordinator at the European Observatory on Homelessness: “those who cannot access or keep adequate accommodation, adapted to their personal situation, permanent and that provides them with a stable framework of coexistence, either for economic reasons or other social barriers, or because they have personal difficulties in leading an autonomous life” (Avramov, 1995, p. 71). The European Commission (2010, December 16) conceives homelessness and housing exclusion as one of the most extreme forms of poverty and deprivation. This phenomenon has been on the rise over the last decade in most European countries. It has recently been estimated that 700,000 people are currently sleeping rough or living in emergency or temporary accommodation across the European Union, representing a 70% increase in the span of ten years (Serme-Morin & Lamas, 2020). Regarding Spain, it is estimated that around 40.000 people are homeless in our country9 (Cáritas Española, 2019). Between 8,000 and 10,000 of them live and sleep on the streets every day (Hogar Sí, n.d.; Cabrera & Rubio, 2009). However, it should be noted that these figures reflect a restricted understanding of homelessness that limits its scope to those living on the streets or staying at facilities intended for people who are homeless, such as emergency shelters, thus excluding a whole series of situations of housing precariousness or vulnerability that transcend the purely physical or technical dimension to reach political and cultural issues (Cabrera & Rubio, 2008). On the basis of a wider outlook, the European Federation of National Organisations Working with the Homeless (FEANTSA, French initials) has developed a broader definition of this problem which is reflected on the European Typology of Homelessness and Housing Exclusion (better known as ETHOS). It represents a dimensional classification of different living conditions that comprise forms of homelessness and housing exclusion with varying degrees of severity10. The typology is anchored on a conceptual model of home which is based on three domains: 1) physical domain: having an adequate dwelling or space over which a person and his/her family can exercise exclusive possession; 2) social domain: being able to maintain privacy and enjoy social relations; and 3) legal domain: having legal title to occupation (FEANTSA, 2005). The serious limitation or absence of one or more 9 As a result of the integration of several data sources, the Integral National Strategy for Homeless People 2015-2020 included a more modest estimation: between 30,250 and 36,300, with an average of 33,275 (Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, 2015). 10 The application of this adjective is limited to the dimension of housing exclusion. It is not intended at all to qualify the seriousness of the impact of each situation on the wellbeing and quality of life of those who suffer it. 11 of them can be taken to delineate four main conceptual categories, whose subdivisions configure a total of thirteen operative categories describing different residential situations: 1) roofless: people living on the streets or in public spaces, without a shelter that can be defined as living quarters, or those with no usual place of residence who make use of emergency accommodation (overnight shelter, low threshold shelter); 2) houseless: people in accommodation for the homeless where the period of stay is intended to be short term (less than one year), women accommodated due to experience of domestic violence, people in accommodation for immigrants, those due to be released from institutions (penal, medical or children’s institutions, etc.) who have no housing available prior to their release, and those receiving longer-term support (more than one year) due to homelessness (long stay accommodation with care for formerly homeless people); 3) insecure housing: people temporarily living with family or friends, those who live in a dwelling with no legal (sub)tenancy or have occupied land with no legal rights or people living under threat of eviction or under threat of domestic violence; and 4) inadequate housing: people living in temporary or non-conventional structures, such as mobile homes or shacks, living in dwellings unfit for habitation as defined by national legislation or building regulations or those living in extreme overcrowding (FEANTSA, 2017). The first two categories —roofless and houseless—, in what refers to facilities aimed at people who are homeless, are those which are generally included on empirical research on homelessness, and the aforementioned figures correspond to them. However, when we adopt a broader definition of homelessness and housing exclusion, the problem goes well beyond this data. This is illustrated, for example, by the results of the latest Survey on Integration and Social Needs of FOESSA Foundation, in which it was estimated that in 2018 2.1 million people in Spain lived in insecure housing, 4.6 million lived in inadequate housing and half a million suffered both situations simultaneously (Fernández Maíllo, 2019; Fundación FOESSA, 2019, August 2). Unfortunately, there are reasons to believe that these figures, which correspond to the period immediately preceding the emergence of the health crisis caused by COVID-19, will go on the rise as a result of the pandemic’s impact, particularly if we take into account that in the latest report of the Spanish representative of the European Anti-Poverty Network (EAPN-ES) it is stated that 25.3% of the Spanish population, that is, almost 12 million people, were already at risk of poverty and/or social exclusion in 201911 (Llano, 2020). All in all, homelessness is a diverse and complex phenomenon which adopts both visible and other commonly veiled forms, but all of them involve serious consequences for the lives and futures of their protagonists. 3. Violence over the course of homeless people’s lives 3.1. The particular vulnerability to violence among people who are homeless 11 This figure represents the AROPE (At Risk Of Poverty and/or Exclusion) indicator, which corresponds to the sum of people who are either at risk of poverty, or severely materially deprived or living in a household with a very low work intensity. The indicator defines those who meet one or more of the three criteria. 12 According to Nifosi-Sutton (2017), the term vulnerable groups refers to “groups of persons who, because of certain factors, are particularly exposed or more likely to be exposed to harm, both physical and emotional” (p. 15). Similarly, Carmona Tinoco (2001) defines a situation of vulnerability as “an unfavourable particular state or circumstance, of disadvantage or deprivation in which people pertaining to an identifiable group, or a specific social category, are to be found with respect to the degree of satisfaction of their specific needs, the enjoyment and full exercise of their fundamental rights (…)” (p. 193). From this perspective, it is indisputable that people who are homeless, by virtue of the pathways that have led them to this situation and the living conditions they confront, with the implications —mainly barriers— such entails in all areas of their lives, constitute one of these groups. The experiences of these people with violence represent the most extreme manifestation of their vulnerable situation. Lack of housing in appropriate conditions represents the most common thread of the vast universe of situations which configure homelessness, but its connotations transcend the purely physical sphere. As the United Nations’ Committee on Economic, Social and Cultural Rights asserts, the right to housing must be interpreted in a broad sense as “the right to live securely, in peace and dignity somewhere” (Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 1991, art. 11). Given that human rights are interdependent and interrelated, the extent to which the right to housing is guaranteed will define the exercise of other rights, while at the same time the enjoyment of the former is mediated by the potential to exercise the latter, which are also interlinked: right to life, physical and moral integrity, freedom and personal security, dignity, equality and non-discrimination, privacy, work, education, protection of health, social participation or an adequate living standard are some examples. Within this tangle of connections, experiences with violence are transversally inserted. In sum, homelessness represents a situation of extreme vulnerability whose correlates —among which different forms of violence can be included— involve, direct or indirectly, significant restrictions in the exercise of homeless people’s rights. As a result, their quality of life and their potential for development are undermined. On the basis of the close interrelationship and intimate interdependence that exists between all human rights, guaranteeing access to adequate housing could be one of the keys to transforming this reality, and preventive approaches are the main tool to achieve it. 13 3.2. Johan Galtung’s triangle of violence Norwegian sociologist and mathematician Johan Galtung conceives violence to be “avoidable affronts to basic human needs (…) that reduce the actual level of needs satisfaction under what is potentially possible” (2003, p. 9). In this sense, he defines violence as the cause of the difference between the potential and the actual, what increases this distance or impedes its decrease (Galtung, 1969). In the words of the author, “when the potential is higher than the actual is by definition avoidable and when it is avoidable, then violence is present” (1969, p. 169). Galtung proposes three types of violence that can be graphically represented on each of the vertexes of a triangle. First, direct violence, visible in the form of conducts and involving a clearly identifiable aggressor and victim. In the second place, structural violence or social injustice, a kind of indirect, silent violence, on which a clear subject-object relationship does not exist. It is embodied in social structure and materialises in the form of inequality of power and, as a result, unequal opportunities. Finally, cultural or symbolic violence, which he conceives as those aspects of culture that can be used to justify or legitimate direct or structural violence and, thus, make them acceptable to society. It materialises in religion, ideology, art, language, science, law, media, and education. Throughout this document we will explore the way each of these forms of violence are connected to homelessness and the relationships between them. 3.3. Criminal victimisation experiences of homeless people Focusing on direct violence, it is unfortunately very present throughout the lives of homeless people, and particularly in their trajectories of homelessness. This has been proven by numerous national and international-level studies, which systematically show how victimisation rates of homeless people are considerably high and far greater than those in the general population. With this in mind, a first exploratory approach to homeless people’s experiences of victimisation was carried out, trying to identify which variables were most related to such events. The sample drawn from 2012 National Institute of Statistics’ Survey of Homeless People was used to examine the relationship between criminal victimisation experiences of participants while homeless and three major groups of variables: sociodemographic characteristics, living conditions and family history and personal background, were examined. Segmentation analysis (CHAID algorithm) and logistic regression were applied. Results showed the connection between victimisation and a variety of family history and personal background variables and, especially, unfavourable living conditions. Amongst the most important of these were police arrest, particularly when it had happened more than once, having served a sentence different from prison, experiences with domestic violence, having lived in an institution as the main place of residency or problems with alcohol within the family or of the participants themselves, in the three cases during childhood and/or adolescence, as well as involvement in risky behaviours like greater alcohol and/or drug consumption or sleeping rough, and vulnerability factors such as worse health statuses, living with disabilities, longer periods of homelessness and, to a lesser extent, lack of social 14 support. As compared to these findings, sociodemographic characteristics lost their value as immediate predictors of criminal victimisation events, but their importance in the configuration of the two other groups of variables should not be understated. Segmentation analysis and logistic regression yielded essentially convergent results, with the advantage that the first allowed interactions among variables to be automatically detected. That helped to deepen the nature and specificities of the relationships that were found, as well as to identify profiles with lowest and highest risk. For example, almost 9 out of 10 people that had been arrested by the police more than once, had had problems with alcohol themselves or within their families before the age of 18 and referred to having taken drugs in the previous month reported having been victims of a crime while homeless. 4. An approach to victimisation experiences of people who are homeless from lifestyle exposure theory of victimisation Lifestyle exposure theory of victimisation was articulated by Hindelang, Gottfredson and Garofalo in 1978 on the basis of the analysis of empirical data yielded by the first victimisation surveys, conducted in the United States in the 1970s. The model revolves around the concept of lifestyle, referred to routine daily activities, and the authors postulate its antecedents and the mechanisms that connect it to victimisation. They thereby propose that variations in lifestyles can be attributed to the way people with different constellations of demographic characteristics adapt, both individually and as a group, to the role expectations and the structural constraints which stem from them. Inasmuch as daily routines are predictors of when, where, with whom and under which circumstances people spend their time, and since victimisation is not randomly distributed across time and space, but there are high-risk times, places and people, they pose that different lifestyles are associated with various levels of exposure to situations that put people at high risk of victimisation. Criminal victimisation experiences follow probabilistically from exposure to such situations. This model seems a particularly appropriate theoretical framework for addressing criminal victimisation experiences of homeless people. Few groups are more exposed to high-risk situations than those who go are going through this circumstance. Accordingly, Gaetz (2004) sustains that the social exclusion that homelessness entails places those who suffer it in circumstances that limit their ability to secure their protection and safety so that their risk of suffering victimisation increases. 15 4.1. The connection between sleeping places and experiences of victimization A first study on the basis of Hindelang et al.’s model addressed the relationship between the place where homeless people usually spent the night and their criminal victimisation experiences. To do so, the sample drawn from the Survey of Homeless People was, once again, used, and logistic regression analysis was applied to test the hypothesis that those who referred to always sleeping in public spaces or other places not intended for accommodation (the hall of a building, a cave, a car, a garage, etc. —INE, 2012a—), as compared to people who slept in care centres or other places or resources intended for that purpose, would have suffered victimisation episodes to a greater extent, based on the consideration that the former involve a greater level of exposure to high-risk situations. A series of sociodemographic characteristics and other indicators of lifestyle were included in the model as control variables. The results supported the hypothesis: the odds of having been victim of a crime while homeless were more than 1.5 times higher for those who said they usually slept in public places or other places not intended for accommodation, as compared to those who declared sleeping in collective accommodation, flats, houses, guest houses or hostels. Likewise, the longer the time spent homeless, the worse the health conditions, alcohol consumption, and drug use during the previous month and regular participation in games of chance were also positively related to victimisation. These findings, and particularly the first, have important implications in relation to the predominant staircase model of attention to homeless people, thus pointing to the potential for greater preventive effectiveness for victimisation of alternative models, such as Housing First. In any case, regardless of the adopted model, it seems advisable to flexibilise, as far as possible, the conditions for access to the different resources in order to favour the minimisation or elimination of the risk factor that sleeping rough involves. 4.2. The probabilistic relationship between exposure to high-risk situations and victimisation On the basis of the same theoretical framework and using the same sample, a second contribution was made with the aim of testing the probabilistic relationship between exposure to high-risk situations and victimisation. The hypothesis were proposed that homeless people who referred to having got involved in risky behaviours would have suffered victimisation experiences to a greater extent as compared to those who had not done so, and especially when their participation in such behaviours had been more frequent and/or had entailed a greater diversity of them. In order to test these hypothesis, logistic regression and segmentation analysis (CHAID algorithm) were applied, establishing if the person had or had not suffered any victimisation event while homeless as the dependent variable. A series of indicators of lifestyle that prior research had associated to a greater risk of victimisation, both at the general level —a person’s contact with the justice system, alcohol consumption and drug use— and with regard to homeless people —sleeping rough—, were introduced 16 as independent variables. A set of sociodemographic variables similar to those suggested by Hindelang, Gottfredson and Garofalo in their model, as well as time spent homeless were included as control variables. The results supported the hypothesis. Thus, logistic regression analysis yielded that having been reported to the police or been arrested —particularly if it had happened more than once—, having served a sentence different from prison, a greater alcohol consumption and drug use during the previous month, as well as regularly sleeping rough as compared to spending the night in collective accommodation and, especially, flats or guesthouses, were all positively related to victimisation while homeless. For its part, segmentation analysis revealed that the highest risk profile corresponded to those who had been arrested more than once and, in addition, had recently used drugs or, otherwise, had served a sentence different from prison. They were followed by those who had been arrested once and had used drugs during the previous month or, otherwise, regularly slept rough. Participants who had neither been reported to the police, nor arrested nor used drugs represented the lowest risk profile. However, the findings pointed to a greater importance of the presence of these variables as risk factors than the influence their absence represented as protective factors. In any case, findings need to be interpreted considering a distinctive feature of homeless people: their involvement in risky behaviours frequently stems, to a greater or lesser extent, from the situation in which they find themselves. Thus, resource shortage, together with their limitations, means a lot of people will have to live their lives on the streets. In addition, homeless people’s contact with the justice system is often related to their living conditions and the survival strategies they employ, all without forgetting the possible intervention of factors related to the criminalisation of poverty in general and of homelessness in particular. Finally, alcohol consumption and drug use can represent a coping strategy to deal with the harsh living conditions this situation entails. As a result, we can conclude that the implementation of adequate preventive and intervention measures to combat homelessness and its associated problems would have an indirect impact on victimisation, since the factors that increase exposure to high-risk situations and usually constitute correlates of living without a home would be reduced or completely removed. Notwithstanding the above, we do not claim that greater exposure to high-risk situations is the only possible explanation for the increased probability of victimisation of homeless people, nor acting on it the only recommended response. Hate crimes of aporophobia evince that not just opportunity is important. In this sense, following Adela Cortina (2017), education, construction of institutions which promote respect to the equal dignity of all people and strengthening a personal moral conscience that is able to discern and act by itself and not just subject to the pressure of the environment are the best ways to fight aporophobia. 17 5. The experiences of violence of those people affected by homelessnes from an intersectional perspective Homeless people’s experiences with violence throughout life were addressed in the previous works from a global perspective. When we bring into the equation other factors of vulnerability like having served a prison sentence, gender and/or age, implications of homelessness with regard to experiences with violence undergo some changes which have to be taken into account in order to adapt any prevention or intervention strategy intended to be effective. On the basis, again, of the sample drawn from the Survey of Homeless People, efforts have been made to delimit these nuances. 5.1. Homelessness and imprisonment Beginning with the intersection between homelessness and imprisonment, characteristics and background of homeless people who had served a prison sentence were first compared to those who had not. Then, the potential impact of imprisonment on these people’s living conditions were analysed. In line with the findings of prior research conducted in other countries, it was expected that homeless people who had been previously imprisoned would count on a more unfavourable family history and personal background and worse living conditions as compared to those who had not been in prison. In order to test this hypothesis, bivariate analysis was applied using Chi-square test for qualitative variables and Student’s t-test for the quantitative ones, also calculating different measures of association as well as adjusted standardised residuals for contingency tables. The research variable was prison stay, and relationships were explored between it and a total of 29 other variables that were classified into three major groups: sociodemographic characteristics, family history and personal background, and living conditions. Findings supported the initial hypothesis since significant differences were found with regard to these variables between homeless people who had and had not been in prison. Thus, in what refers to sociodemographic characteristics, those who had been imprisoned were mainly men, Spanish nationals, had ended their education at a younger age and were primarily separated or divorced. Average age was also higher for this group, and there was a greater proportion of retired or disabled people within it. Possibly connected to the latter, the average total income during the previous month was significantly higher for this group. However, among those who said they were looking for a job, individuals who had served a prison sentence stated they had been doing it for a longer period, thus pointing to prison stay as an additional barrier to employability among these people. When it comes to background variables, former prisoners revealed a history of problems with alcohol themselves or within their family units, prison stay of one or both parents or problems with violence within the family, in all cases before the age of 18, to a greater extent. Likewise, among those who had been in prison there was also a higher proportion of people who had been in a juvenile detention centre, had been reported to the police or had been arrested, especially when it had happened more 18 than once. Paradoxically, more former prisoners asserted they had been employed for more than six months in the course of their life. Finally, the analysis of living conditions did not yield differences with regard to social support indicators between the two groups, maybe because the sample consisted of homeless people, for whom the rupture of social bonds is unfortunately common. However, those who had been in prison had been homeless for a longer time, had worse perceived health statuses, suffered serious or chronic illnesses or disabilities to a greater degree, a higher proportion of them had used drugs recently or regularly gambled and admitted more frequent alcohol consumption. In what refers to where they spent the night, former prisoners chose flats, houses, guesthouses, or hostels to a larger extent, while those who had not been imprisoned opted for collective accommodation, without differences regarding rough sleeping. To conclude, relationship between prison stay and level of perceived discrimination was positive and statistically significant, thus pointing to a double stigmatisation of homeless people who had also served a prison sentence. Likewise, this group said they had suffered criminal victimisation experiences to a much greater extent as compared to those who had not been in prison (more than 65% versus less than 46%). Results highlight the need for and importance to devote more resources both to homelessness and former prisoners, as well as optimising those that already exist, which are clearly not sufficient to achieve appropriate social inclusion and employability of these groups. In this context, preventive strategies are of particular relevance. They should address the roots of both conditions instead of acting on their consequences or manifestations. An approach like this would contribute to reducing the considerable economic and, more importantly, personal and social costs associated with ex post facto interventions. 5.2. Homelessness and gender A second contribution was devoted to addressing homelessness from a gender perspective, focusing on experiences with violence throughout life. Homelessness has traditionally been conceived as an eminently male phenomenon, which can be partially attributed to the undercover character women’s experiences of homelessness adopt. The latter deploy strategies or resort to alternatives which are heavily conditioned by gender roles in order to avoid ending up on the street or accessing certain resources, since they perceive these spaces as particularly hostiles due to the greater risk of exposure to violence and abuse they involve. In virtue of the above and of the greater stigma being homeless implies for women, when they are on the street, they strive to go unnoticed. Likewise, general resources for homeless people have traditionally been designed to attend to male users, so they often fail to respond to the differential needs of women, and services that specialise in attending to problems highly linked to female homelessness, such as domestic violence or cases of single mothers in vulnerable situations, are not generally classified as resources for homeless people. All of this favours the underestimation of the number of homeless women and contributes to making them less visible. Previous research had found a variety of differential features between homeless men and women. Among the most noteworthy are experiences of violence. Even though they are not exclusively female experiences, they constitute the vertebral axis 19 of a lot of homeless women’s life paths. In this sense, domestic violence, and particularly that perpetrated by the male partner, represents a primary precipitating factor for female homelessness, and lack of alternatives for accommodation is the reason why lots of women, to whom Nunan (1995, p. 38) has referred as “housed homeless”, remain in violent homes or return to their aggressors after having left their dwellings. Similarly, the emotional and psychological support a partner provides, as well as the fact that he can restrain other men from proposing a sentimental or sexual relationship or protect them from the risks which characterise living on the streets, make many homeless women stay with their partners even in the context of violent relationships. Moreover, a substantial proportion of homeless women inform of experiences with violence and abuse during childhood and adolescence, and prevalence of sexual violence throughout life is far greater for them than for homeless men and women from the general population. With this in mind, research was conducted to explore if there were differential features among homeless men and women from the reference sample regarding three major groups of variables: family history and personal background, living conditions and experiences with discrimination and victimisation while homeless. To do so, bivariate relationships between sex and a total of 26 variables were analysed using Chi-square test for nominal variables and Mann-Whitney U test for the ordinal ones. Effect size statistics and adjusted standardised residuals for contingency tables were also estimated. Results pointed to worse perceived health conditions among women, who also referred to suffering serious or chronic illnesses and disabilities to a greater extent, thus evincing increased vulnerability to victimisation. As for men, they claimed they had been homeless for longer periods and referred sleeping rough to a higher degree, while a larger proportion of women chose collective accommodation. Men also reported a heavier alcohol consumption and a greater proportion of them had used drugs during the previous month as compared to women, although it is important to take into account that homeless women who demonstrate these behaviours are doubly stigmatised: “for engaging in deviant behaviours which are not appropriate for their gender and for not conforming to cultural patterns that are ascribed to women in our societies” (Matulič et al., 2019, p. 127). In relation to perceived discrimination due to homelessness, differences were only found for the category “sometimes”, with a greater proportion of men. This may be explained, in part, by homeless women’s endeavours to go unnoticed. Finally, as expected, violence was highly present on female’s life paths, since they had more antecedents of problems with violence within the family during childhood and adolescence and were overrepresented among those who reported violence against them or their children as the reason why they had become homeless. Likewise, although no differences according to gender were found with regard to victimisation while homeless, disaggregated analysis by crime types revealed that men had suffered robberies to a greater extent, while the proportion of women who had suffered sexual assaults was much higher than that of men. Thus, it seems that, except for these cases, homelessness plays a more prominent role as a risk factor for victimisation, at least in what refers to people undergoing the most extreme situations 20 of housing exclusion. To conclude, even though more women claimed having reported these experiences to the police, those who had not done so said the reason had been fear of retaliation in a significantly greater proportion than that of men, which points to increased female vulnerability. Men overtook women in the category “it doesn’t make a difference”, which was in any case chosen by the largest portion of the sample. This could mean homeless people are in a state of “learned helplessness” regarding the reporting of these kind of experiences, maybe derived from previous experiences with law enforcement agencies or the criminal justice system, or even from the assumption that these episodes are, somehow, inherent to homelessness. All in all, as Bretherton (2020) states, women do not necessarily experience homelessness in the same way as men, so we need to improve our knowledge on the underlying reasons for this reality and its implications. This is equally valid for the particular constellations of risk and protective factors for victimisation affecting each group, thus evincing he need to integrate the gender perspective into studies and into the design of preventive and action strategies. 5.3. Experiencing homeless as a woman over the age of 64 The third contribution within this section added age to the gender dimension, with the goal of characterising homeless women aged 65 or over and identifying if there were differences with regard to experiences of violence before and during homelessness among this group and both younger homeless women and homeless men of the same age. Homeless people undergo premature ageing, their mortality is 3 to 4 times higher than that of the general population and their life expectancy is approximately 30 years shorter, so homeless people aged 65 or over necessarily represent a minority. With this in mind, previous works have found that elderly homeless people have more physical and mental health-related problems and increased social isolation as compared to their younger homeless or same-aged domiciled counterparts. This undoubtedly raises their vulnerability to violence. In this vein, it has been found that they tend to suffer more criminal victimisation episodes, as well as being more likely to be ignored by law enforcement agencies. However, some studies have shown that victimisation does not increase regularly with age for homeless people, thus suggesting homelessness is the key issue, since it counteracts the protective effect of age which has been found for the general population, including the one that stems from gender. Using again the sample drawn from the Survey of Homeless People, characteristics of homeless women aged 65 or over were first explored. Then, bivariate relationships between gender, on the one hand, for the group of homeless people over the age of 64, and age, on the other hand, with regard to the group of women, and nine variables related to experiences with violence at different times throughout their lifetimes were analysed. Chi-square test and Fisher’s exact test were applied, and effect size statistic Cramer’s V and adjusted standardised residuals for contingency tables were calculated as well. A general snapshot of characteristics and living conditions of homeless women aged 65 or over that participated in the survey (n=38), which represented only 5% of the total number of women in the sample (n=750), yielded that these women faced multiple barriers: they had a low educational level and reduced income; although they 21 had surpassed the statutory retirement age for 2012, a lot of them referred to being unemployed, and only half of them said they were retired; most of them counted with long homeless pathways; more than half said they suffered from a serious or chronic illness, and approximately one in four reported having an officially recognised disability; finally, their social support was globally low, since a large proportion of women did not have any contact with their family nor, especially, considered they had friends they could count on in the event they needed it. A lot of this characteristics and living conditions represent vulnerability factors to violence. In what refers to experiences with violence and victimisation throughout the life course, differences for women from each age group were only found with regard to the suffering of violence against the person or their children as a precipitant factor for homelessness and, to a lesser extent, to the experience of problems with violence within the family before the age of 18, in both cases more common for younger women. The first may indicate that younger generations take the plunge of leaving violent homes even when they do not have alternative housing, a hypothesis that further research could address. Differences were more apparent between elderly homeless men (n=103) and women. The latter had suffered problems with violence within the family before the age of 18 to a greater extent, and they outnumbered men with regard to experiences with violence themselves or their children as precipitants of homelessness. In what refers to episodes of victimisation while homeless, differences were only significant regarding sexual assault, which were reported by two women and no men. Thus, it seems, and in line with findings of previous research, that homelessness could be a more relevant risk factor for victimisation than age or gender, and sexual violence is a distinctive feature for women. 6. Some shared limitations by works cited so far The works gathered above have helped to delve into knowledge about experiences of homeless people with direct violence throughout their lives. However, they share some constraints that need to be taken into account when interpreting the results. Thus, in the first place, the reference sample was restricted to users of resources for homeless people, so findings are not necessarily representative of those who are outside the homeless services network. Secondly, the data date back to 2012, and even though results are in many respects in line with those of subsequent studies, it is important to count on updated data, especially considering the significant changes we have recently undergone. The fact that it is a cross-sectional study which did not collect information on the chronology of the experiences reported by participants impedes the determination of the directionality of most relationships found between variables. Finally, the survey adopted a restricted operative definition of homelessness, which particularly hinders the incorporation of the gender perspective to research. 7. Beyond direct violence: cultural and structural violence 7.1. Criminalisation of homelessness through local ordinances on citizen coexistence and civic behaviour 22 The criminalisation of homelessness, defined as “the use of laws and practices to restrict the activities and movements of people who are homeless” (O’Grady, Gaetz & Buccieri, 2001, p. 7), is a growing phenomenon in Europe. Among the criminalising mechanisms are the rules that penalise these people for carrying out their life-sustaining activities in public places. In Spain, these regulations are included in local ordinances, mainly those on citizen coexistence and civic behaviour, within the framework of an administrative law that has been characterised to this regard as “administrative law of the enemy” (Melero, 2016). Despite their legitimate pretence on paper, in practice these rules involve the criminalisation of situations of extreme exclusion, since homeless people often do not count on private spaces for carrying out certain behaviours which are sanctioned when they are done in public spaces. In this sense, as Waldron (1991-1992, p. 311) states: If sleeping is prohibited in public places, then sleeping is comprehensively prohibited to the homeless. If urinating is prohibited in public places (and if there are no public lavatories) then the homeless are simply unfree to urinate. Accordingly, it is argued that, by labelling people who are homeless as “uncivil” for carrying out behaviours upon which their survival depends to a greater or lesser extent, thus ignoring the fact that homelessness considerably restricts their options, provisions of local ordinances that sanction these activities constitute cultural violence as it is conceived by Galtung (1996; 2003). Cultural violence reflected on these norms is part of a larger system within which this and other manifestations of cultural violence against people who are homeless —as those materialised in language, media or ideology— are closely related, interact and are reinforced, both by each other and with other forms of violence. In order to delve into this issue from a criminological standpoint, provisions included in local ordinances of provincial capitals in Castilla y León, mainly on citizen coexistence, which could affect homeless and, particularly, roofless people to a greater extent were analysed. Thus, the following nine life-sustaining activities were chosen as categories of analysis: 1) satisfying physiological needs and/or spit in public roads and spaces; 2) lighting or keeping fires in public roads and spaces; 3) camping in public roads and spaces; 4) using public goods for purposes other than intended; 5) manipulating bins or containers —or their contents— placed in public roads and spaces; 6) washing or bathing, 7) washing clothes or other objects, 8) bathing animals and 9) watering animals, in all cases in public ponds or fountains. In addition, it was examined whether these norms included alternatives to fines, if specific provisions for people in a situation of social exclusion were laid down and which circumstances that could differentially affect homeless people had to be considered for adjusting the penalty. The pursued objectives were delimiting regulated areas, determining the nature and scope of infractions and sanctions, exploring whether provisions for adapting the precepts to cases in which the offender is in a situation of social exclusion were contemplated and identifying commonalities and differences among municipalities. A major finding of the study was the considerable diversity in what refers to regulated behaviours and nature and scope of sanctions. Even though in most cases infringements are considered minor, they entail fines which can reach up to 750 euros. Moreover, for the adjustment of the sanction, relapse or recidivism is contemplated as 23 an aggravating circumstance more often than not. Since these behaviours are life-sustaining activities, this is likely to happen. By contrast, in very few cases are the offender’s circumstances or economic situation taken into account in establishing the level and scope of the sanctions. Regardless, infringements may also be considered serious or very serious, and fines can then reach up to 3000 euros. Furthermore, most ordinances do not include specific provisions for adapting their contents to cases in which the offender is in a situation of social exclusion, and some even use the derogatory term “indigent”. Likewise, the general provision of the possibility of substituting fines for community service or similar measures implies, in practice, an additional factor of discrimination for people experiencing homelessness, and the same applies to the reduction of the amount of the fines due to immediate or quick payment. It has also been proven that precepts wording varies in a gradient that goes from very general formulations with different possible interpretations to others more specific, thus leaving a broad margin of discretion for authorities in charge of enforcing them and for the sanctioning bodies. Pending further research to address how these provisions are applied in practice when the offender is experiencing homelessness, it has been highlighted that, under the pretence of citizen coexistence and civic behaviour as their raison d’être, ordinances that regulate these issues overlook, or even try to justify, the fact that many of their provisions affect the most vulnerable people almost exclusively and in an extremely negative way, thus hardening their living conditions, which were already notably adverse, and hampering their pathways to social integration. In this sense, these norms represent instruments of exclusion and discrimination, particularly of people who are roofless, that favour stigmatization of this group, fuel social rejection and perpetuate prejudices and stereotypes against them, contributing to making the fact that poverty and homelessness are not lifestyle choices, but problems associated with social exclusion invisible. Inasmuch as, as Galtung states (2016; 2003), the different types of violence are interconnected, and he maintains the causal flow generally departs from cultural violence, passes through structural violence and culminates in direct violence, it is not difficult to guess the relevance of these findings. 24 7.2. Homelessness in the context of the health crisis caused by COVID-19 If structural violence is understood as an unequal exchange in which some obtain from the interaction in the structure more than others in terms of needs satisfaction (Galtung, 2003), and it reflects “the existence of a conflict among two or more groups in society (…) in which distribution, access or opportunities for use of resources is systematically solved in favour of certain parties and to the detriment of the rest, due to the mechanisms of social stratification” (La Parra & Tortosa, 2003, p. 57), we can claim that homelessness itself and its implications in the lives and opportunities of those who suffer it are a clear manifestation of this kind of violence. Notwithstanding the foregoing, the coronavirus crisis has notoriously raised the visibility of structural violence homeless people endure daily, thus evincing and exacerbating their disadvantaged position with respect to those who are not at this juncture. COVID-19 emerged in a context in which the network of resources for people experiencing homelessness was mainly in private ownership with public funding, based mostly on collective accommodation (emergency shelters, residences, or care centres) and fundamentally staffed by volunteers. The care system already had a significant gap in this area, since the maximum number of beds available during 2018, 20,643 (INE, 2018), was much lower than the estimated number of homeless people in our country, an average of 33,275 according to the Integral National Strategy for Homeless People 2015-2020 although, as we have seen, there are less conservative calculations. The result of this comparison yields that almost 4 in 10 homeless people were already outside the care system prior to the beginning of the pandemic. Additionally, there was a lack of effective coordination and governance mechanisms among the multiple intervening actors and agencies, both public and private. All these characteristics have significantly conditioned the response of the care system to the COVID-19 crisis. Prior to the enactment of the State of Alarm on March 14th, 2020, in the absence of leadership and clear guidelines most sectors in our society could not implement preventive strategies to better handle the upcoming crisis. Agents involved in attention to homeless people were not an exception. Once the State of Alarm and the order of confinement were declared, the Government asked administrators of social services for homeless people to reinforce and reorganise autonomic and local social services so that they could offer more efficient services (Secretaría de Estado de Derechos Sociales, 2020). Law enforcement agencies were also urged to minimise the use of coercive practices with people experiencing homelessness that could not comply with the lockdown requirements. However, responses to these mandates that were offered by different autonomic and local administrations were highly unequal, both regarding the speed of the response and the extent of its coverage, although some common trends can be identified. Thus, at first, the number of people accommodated in existing resources was increased, something which was reported to the Ombudsman (2020, April 3) since it entailed overexposing a population at risk to contagion because it was resulting in situations of overcrowding. Hence, the need to ensure social distancing was added to the initial shortage of spots, leading to the reduction of the number of available beds in parallel to the early closure of a lot of assistance resources and shops and facilities which provided homeless people with a variety of goods and services on a daily basis. All of this placed this group in circumstances of extreme vulnerability. 25 In this way, the confinement order turned the invisible into visible. Homeless people were already present and, unfortunately, they already counted with long trajectories of social alienation. However, when the streets emptied, homelessness became more evident than ever: how is a homeless person supposed to stay at home? (Hogar sí, 2020). In this regard, despite the recommendations, in some cases sanctions with a strong discriminatory component were imposed on homeless people who continued sleeping in the streets (Basanta, 2020 March 19; Ochando, 2020, May 1). Even Amnesty International declared its concern “for the disproportionate effects that the implementation of confinement measures has had on homeless people” (Amnistía Internacional, 2020, p. 34). In a second phase, collective centres (pavilions, sports centres, fairgrounds, hostels, hotels, and other facilities out of service due to the pandemic) were opened to provide temporary accommodation for people experiencing homelessness. However, despite the efforts made, a large number of cases persisted of people who, for a variety of reasons (added mental health conditions, addictions, personal reasons —among which we can include fear of contagion—, lack of enough places or even fear of stigmatisation due to the use of care services), failed to enter the spaces for confinement, left them or were expelled from them. Furthermore, a lot of people who were already going through a situation of housing vulnerability were not able to preserve their accommodation, thus ending up on the streets. Hogar Sí monitored, on the basis of press reports, the creation of, at least, 7,341 emergency accommodation places during the crisis, 91% of which were offered in collective accommodation, almost 8% in hotels and guesthouses and less than 1% in normalised dwellings (Hogar Sí, 2020). Comparing this figure with the average number of places previously available within the care system (INE, 2018), they found that number of places needed to be increased by more than 37% in order to properly provide a temporary response to homelessness. De-escalation also took place unevenly in different municipalities, and a lot of the emergency resources enabled during the State of Alarm were closed. This, combined with the loss of capacity of existing facilities in order to comply with measures for preventing contagion, involved a return to the situation of early March 2020. A notable exception to this was offered by Barcelona, which extended the opening time of emergency accommodation and adopted measures aimed at trying to find stable residential solutions for people leaving these facilities. For its part, Government-led initiatives to protect people in the most difficult situations, as the implementation of Minimum Vital Income, suffer from a number of limitations which could precisely exclude those who need it the most, namely people experiencing homeless. As a conclusion, the crisis triggered by COVID-19 has brought to light a reality which was already well known and had been repeatedly underlined by entities and professionals working in the field of homelessness and housing exclusion: accommodation does not remedy homelessness. Temporary accommodation facilities ought to guarantee subsequent accommodation, a process of recovery and economic stabilisation that enable users to restore their ability to make decisions about their own lives. Otherwise, we will return to the starting point over and over again and will 26 resort, with every new crisis, to “patch” solutions on the grounds of urgency, thus perpetuating a cycle of proceedings which are not only ineffective, but also inefficient. This situation must be addressed from a structural outlook, with tax, economic, employment, housing, health, and social policies able to meet the real needs of people and families and which promote their autonomy. Reduction of homelessness requires preventive policies in order to stop the flow of people falling into this situation, as well as actions that facilitate access to housing those already homeless. Otherwise, circumstances like the one we have recently gone through will continue striking the most vulnerable more severely, thus worsening their already notably adverse living conditions. 8. Generating synergies towards the achievement of a common goal: the study of victimisation experiences of homeless people in Portugal Albeit no exact data are available on the scope of homelessness in Portugal, the latest estimates indicate that at least 7,107 people were experiencing homelessness in Portugal at the end of 2019 (Grupo de Trabalho para a Monitorização e Avaliação da ENIPSSA, 2020, September 30), and this on the basis of a restricted definition of the phenomenon and prior to the COVID-19 outbreak. In recent years, Portugal has proved its strong commitment to combatting homelessness and housing exclusion. Significant progress has been made in this realm. However, a literature review evinces that almost no research has been conducted on the experiences of homeless people with violence and victimisation while homeless. This is a striking finding, indeed, taking into consideration the repercussions homelessness has for all areas of life, the results of studies carried out in other countries and the limited data available concerning the Portuguese context. The relevance and importance of researching on the nature and scope of this problem in Portugal are therefore concluded. This is in line with the visión and principles that govern the Portuguese National Strategy for the Integration of People Experiencing Homelessness 2017-2023. Strengths and good practices in this regard could serve as a reference for other settings, and the identification of areas for potential improvement would enable proper action to be taken. Following the recent launching of the European Platform on Combatting Homelessness (EAPN, 2021, June 23), the time is propitious for the exchange of information and experiences among countries, thus creating synergies in the pursuit of the common goal of eradicating homelessness and its correlates. 27 9. Major conclusions Homelessness places people who experience it in circumstances of special vulnerability to different forms of violence, intensifying at the same time the impact of the latter on their quality of life and their short, medium and long-term horizons. In spite of this, only recently has this issue garnered attention in our country. On the basis of the scarce but highly relevant prior initiatives, this work was aimed at broadening knowledge on this topic from academia, but without overlooking the importance of incorporating the vision of professionals working in the field of intervention. All of this with the ultimate goal of making the generated knowledge useful for the development of really effective preventive and interventional measures against this problem, contributing to raising visibility and the design of strategies that improve the quality of life and safety of homeless people. Reaching this milestone requires, now, that those in charge of making decisions in the area of homelessness are made aware and consider the findings both drawn from this and the rest of research which is currently being conducted in this field. The contributions compiled in this document are mainly based on the use of data from the Survey of Homeless People conducted by the National Institute of Statistics in 2012. This has helped to increase knowledge on the topic and make the different forms of violence homeless people endure more visible, but it entails some constraints that make it advisable for future studies to address this issue more directly, explicitly and in depth, using both quantitative and qualitative methods and with cross-sectional and longitudinal designs. The final output will be a comprehensive vision of the problem which will enable a more accurate approach. Among the major and most outstanding conclusions of this research study is the realisation that different forms of violence precede, accompany, or result somehow from homelessness. Among such forms, it has been proven that homelessness involves a greater level of exposure to high victimisation risk situations, particularly when more risk or vulnerability factors are present along the course of homeless people’s lives. In this context, results indicate a significant negative influence of homelessness itself that the presence of these factors tends to exacerbate, but their absence do not mitigate to the same degree. Low rates of reporting for these episodes, even for the most serious ones, repeatedly arguing that reporting will not make a difference, point to possible negative prior experiences with law enforcement agencies or the criminal justice system and/or to the consideration that these events are inherent to the dynamic of homelessness itself. Here, forms of cultural and structural violence gain importance. They are intertwined and mutually reinforced, and the same applies to direct violence. Variables that facilitate the occurrence of the former also contribute to the latter. It follows from the above that eradication of violence against people who are homeless lies, at least partly, in combatting homelessness, thus removing factors which are connected to this situation and increase the level of exposure of these people to high-risk situations. Thirdly, attention has been drawn to the importance of considering the great diversity that exists within the group of people experiencing homelessness, whose differing characteristics, biographies, and circumstances configure varying 28 constellations of risk and protective factors for violence. It is advisable, therefore, that analytic, preventive and intervention strategies be adjusted accordingly. The contributions compiled in this document have revealed some of these differences, among which those based on gender should be highlighted. In any event, experiences with violence among homeless people frequently constitute just a symptom of a much deeper pathology that sinks its roots to the very core of society and its structure. Thus, homeless people routinely face forms of cultural and structural violence which tend to go unnoticed or even become normalised, contributing to the legitimisation of other kinds of violence. One of the most important contributions of this research is the study of some of them. In this regard, it has been argued that some provisions included in local ordinances uphold the principles of civic behaviour and citizen coexistence to penalise people experiencing homelessness for carrying out, in public spaces, life sustaining activities which they often cannot do any other place. This represents a prime example of cultural violence, which is closely related to other manifestations of this type of violence and can materialise in situations of structural violence or even be used as a rationale for acts of direct violence. Circumstances that homeless people have endured since the beginning of the COVID-19 pandemic and, particularly, during the period when confinement was mandatory, also illustrate the concept of structural violence, which regardless accompany these people from the moment they fall into homelessness, and certainly before, too. They additionally show that cultural violence has sometimes been used to justify the disadvantaged position of homeless people at this juncture we are experiencing. In light of the above, the results yielded by the present study evince the need to opt for preventive strategies at the expense of reactive ones. This would require the implementation of deep structural changes within institutions and public policies, as well as substantial social change towards the recognition of all people, whatever their characteristics and situation are, as equally worthy of their rights being guaranteed, protected, and fully exercised. In the pursuit of the common goal of eliminating all forms of violence against those in situations of extreme social exclusion, collaboration among professionals, institutions, and even countries, as well as the cooperation of the society at large, are of paramount importance. 29 References Amnistía Internacional (2020). Actuación policial durante la pandemia. Violaciones de derechos humanos en Europa durante la aplicación de medidas contra la COVID-19. Londres: Amnistía Internacional. Retrieved from https://www.amnesty.org/download/Documents/EUR0125112020SPANISH.pdf. Avramov, D. (1995). 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Particularmente relevantes resultan las experiencias de violencia directa, que a menudo se hacen presentes en diversos momentos de sus trayectorias vitales y, en todo caso, emergen de forma especialmente destacable a lo largo de su historia de sinhogarismo. El presente trabajo nació con la vocación de ampliar el conocimiento sobre las experiencias de discriminación, violencia y los delitos de los que son víctimas las personas en situación de sin hogar. Asimismo, se deseaba examinar el papel que las actitudes y, particularmente, los prejuicios y estereotipos mantenidos por la población hacia este grupo social ejercen sobre los comportamientos citados. En tercer lugar, se buscaba ampliar el conocimiento sobre las condiciones de vida de este colectivo, sus necesidades y los recursos que conoce y/o a los que tiene acceso, explorando la relación entre estos aspectos y las dos cuestiones anteriores. Finalmente, el objetivo más relevante y ambicioso: se pretendía que el conocimiento generado por la investigación resultase de utilidad para el desarrollo de medidas eficaces contra la violencia, para contribuir a su visibilización y al diseño de estrategias que mejoren la calidad de vida y promuevan la seguridad de las personas afectadas por sinhogarismo. Para la definición de las formas de violencia que sufren las personas sin hogar se ha tomado como referencia la propuesta de triángulo de la violencia de Johan Galtung. En esta obra se ha abordado principalmente la violencia directa, utilizando para ello, fundamentalmente aunque no de un modo exclusivo, el marco teórico sugerido por Hindelang, Gottfredson y Garofalo en su teoría de los estilos de vida, y partiendo de la muestra a nivel nacional de la última Encuesta a las Personas sin Hogar, realizada por el Instituto Nacional de Estadística en 2012, sobre la que se han aplicado diferentes técnicas de análisis de datos bivariado y multivariado. En todo caso, la mayoría de las contribuciones han nacido con una vocación esencialmente exploratoria, motivada por la escasez de trabajos previos que abordasen esta cuestión en nuestro país. Asimismo, una de las aportaciones más originales del presente trabajo es la aproximación a algunas formas de violencia que acostumbran a pasar desapercibidas en virtud de su usual normalización o justificación. En este sentido, en el marco de la criminalización del sinhogarismo, se realiza un estudio de caso examinando los contenidos de las ordenanzas locales en materia de convivencia ciudadana y civismo vigentes en las capitales de provincia de Castilla y León y sus implicaciones para las personas sin hogar. Por otra parte, con base en una revisión bibliográfica y en la experiencia profesional de las personas coautoras de la publicación, se explora cómo la pandemia de COVID-19 ha afectado a las personas en situación de sinhogarismo en nuestro país desde su inicio hasta el comienzo de la desescalada, evidenciando la posición de desventaja de este grupo social con respecto al ejercicio y protección de sus derechos. 33 Para terminar, a través de una revisión de la literatura disponible se constata cómo la victimización de las personas afectadas por sinhogarismo es un asunto que apenas ha recibido atención en Portugal. Se argumentan entonces la pertinencia e importancia de investigar a qué obedece esta realidad y de estudiar la naturaleza y alcance de esta problemática en el país vecino, pues tales conocimientos son cruciales para prevenir y actuar frente a estas experiencias y sus repercusiones para la vida y el futuro de quienes las sufren, tanto en el contexto portugués como en otros. 2. Contextualización. El sinhogarismo: definición y alcance Aunque no existe una definición consensuada de persona sin hogar, una de las más ampliamente extendidas y aceptadas es la que la Dra. Dragana Avramov propuso en 1995, cuando trabajaba como Coordinadora de Investigación del Observatorio Europeo del Sinhogarismo: “aquella que no puede acceder a o conservar un alojamiento adecuado, adaptado a su situación personal, permanente y que le proporcione un marco estable de convivencia, ya sea por razones económicas u otras barreras sociales, o bien porque presenta dificultades personales para llevar una vida autónoma” (Avramov, 1995, p. 71). La Comisión Europea (16 de diciembre de 2010) concibe el sinhogarismo y la exclusión residencial como una de las formas más extremas de pobreza y privación. Se trata de un fenómeno que ha ido en aumento en los últimos años en la mayor parte de los países europeos. Una reciente estimación cifra en 700.000 el número de personas que duermen a la intemperie o viven en alojamientos temporales o de emergencia actualmente en la Unión Europea, suponiendo un 70% más que hace diez años (Serme-Morin y Lamas, 2020). Con relación a España, se calcula que en nuestro país unas 40.000 personas se encuentran en situación de sin hogar12 (Cáritas Española, 2019). Entre 8.000 y 10.000 de ellas viven y duermen cada día en la calle (Hogar Sí, s.f.; Cabrera y Rubio, 2009). Es preciso, no obstante, destacar que estas estimaciones reflejan una concepción restringida o estricta del sinhogarismo, que limita su alcance a quienes desarrollan su vida en las calles o viven en los recursos dirigidos a las personas en situación de sin hogar, como los albergues, dejando al margen toda otra serie de situaciones de precariedad o vulnerabilidad en el alojamiento que trascienden la dimensión puramente físico-técnica para abarcar cuestiones políticas y culturales (Cabrera y Rubio, 2008). Partiendo de una visión más amplia, la Federación Europea de Asociaciones Nacionales que Trabajan con Personas sin Hogar (FEANTSA, por sus siglas en francés) ha desarrollado una definición extensa de esta problemática que se materializa en la Tipología Europea del Sinhogarismo y la Exclusión Residencial (más conocida como ETHOS). Se trata de una clasificación dimensional de diferentes condiciones de vida 12 Integrando fuentes diversas de datos, la Estrategia Nacional Integral para Personas Sin Hogar 2015-2020 recogía una estimación más modesta, situando el número de personas sin hogar entre 30.250 y 36.300, con una media de 33.275 (Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, 2015). 34 que constituyen formas de sinhogarismo y exclusión residencial de más a menos extremas13. La tipología hunde sus raíces en un modelo conceptual de hogar basado en tres dominios: 1) físico: disponer de una vivienda o un espacio adecuados sobre los que una persona y su familia puedan ejercer su posesión en exclusiva; 2) social: poder mantener la privacidad y disfrutar de relaciones sociales; y 3) legal: disponer de un título legal de ocupación (FEANTSA, 2005). La grave limitación o ausencia de uno o varios de ellos delimita cuatro categorías conceptuales principales, que se subdividen para conformar un total de trece categorías operativas que describen diferentes situaciones residenciales: 1) sin techo: personas que viven en la calle o en espacios públicos, sin un refugio que pueda ser definido como residencia, o bien aquellas que pernoctan en recursos de emergencia (centros de pernocta, albergues de baja exigencia) sin que tengan un lugar de residencia habitual; 2) sin vivienda: personas alojadas a corto plazo (estancia durante menos de un año) en recursos para personas sin hogar, en centros de acogida para mujeres víctimas de violencia doméstica, en recursos de alojamiento para inmigrantes, quienes se encuentran en instituciones (centros penitenciarios, instituciones médicas, centros para menores, etc.) y no disponen de alojamiento en el momento de abandonarlas, así como las personas en alojamientos con apoyo sostenido (estancia superior a un año) debido a su condición de personas sin hogar; 3) vivienda insegura: personas que viven temporalmente con familiares o amigos, quienes residen en una vivienda sin título legal de ocupación, así como quienes se encuentran bajo la amenaza de desahucio o de violencia por parte de su familia o su pareja; y 4) vivienda inadecuada: personas que viven en estructuras temporales o no convencionales, como chabolas o caravanas, en viviendas no aptas para su habitabilidad según la normativa o en las que existe una situación de hacinamiento extremo (FEANTSA, 2017). Las dos primeras categorías —sin techo y sin vivienda—, en lo que concierne a los recursos dirigidos a personas en situación de sin hogar, son las que generalmente se ven reflejadas en los estudios empíricos sobre sinhogarismo, y a ellas corresponden las cifras indicadas al inicio del presente documento. Sin embargo, cuando partimos de una definición extensa del sinhogarismo y la exclusión residencial, el alcance de esta problemática resulta notablemente más amplio de lo que comunican tales datos. Así lo demuestran, por ejemplo, los resultados de la Encuesta sobre Integración y Necesidades Sociales de la Fundación FOESSA (Fomento de Estudios Sociales y de Sociología Aplicada) más reciente, en la que se estimó que 2,1 millones de personas en España residían en una vivienda insegura, 4,6 millones lo hacían en una vivienda inadecuada y medio millón de personas sufrían ambas situaciones de forma simultánea en 2018 (Fernández Maíllo, 2019; Fundación FOESSA, 2 de agosto de 2019). Desafortunadamente, resulta previsible que estas cifras, que corresponden al escenario inmediatamente anterior a la emergencia de la crisis sanitaria provocada por la COVID-19, vayan en aumento como consecuencia de su impacto, máxime si tomamos en cuenta que en el último informe de la Red Europea de Lucha contra la 13 La aplicación de este adjetivo se limita a la dimensión de exclusión residencial, sin que se pretenda en modo alguno calificar la gravedad del impacto de cada situación sobre el bienestar y la calidad de vida de las personas que la sufren. 35 Pobreza y la Exclusión social en el Estado Español (EAPN-ES) se recoge que el 25,3% de la población española, esto es, casi 12 millones de personas, ya se encontraban en riesgo de pobreza y/o exclusión social en 201914 (Llano, 2020). En definitiva, el sinhogarismo es un fenómeno diverso y complejo que adopta tanto formas visibles como otras que comúnmente permanecen encubiertas, pero todas ellas comportan graves consecuencias para las vidas y horizontes de sus protagonistas. 3. La violencia en las trayectorias vitales de las personas en situación de sin hogar 3.1. La especial vulnerabilidad de las personas afectadas por sinhogarismo frente a la violencia De acuerdo con Nifosi-Sutton (2017), el término grupos vulnerables resulta aplicable a los “grupos de personas que, a causa de determinados factores, se encuentran particularmente expuestos o presentan mayores probabilidades de verse expuestos a sufrir daño, tanto físico como emocional” (p. 15). De modo similar, Carmona Tinoco (2001) define la situación de vulnerabilidad como “un determinado estado o circunstancia desfavorable, de desventaja o de carencia en que se encuentran personas pertenecientes a un grupo identificable, o una categoría social determinada, respecto al grado de la satisfacción de sus necesidades específicas, el goce y ejercicio pleno de sus derechos fundamentales (…)” (p. 193). Desde esta perspectiva, resulta indiscutible que las personas afectadas por sinhogarismo, en virtud de los itinerarios que las han llevado a esta situación y las condiciones de vida que enfrentan, con las implicaciones, y particularmente barreras, que ello comporta en todos los ámbitos de sus vidas, constituyen uno de estos grupos. Las experiencias de violencia que sufren estas personas se erigen como la manifestación más extrema de su situación de vulnerabilidad. La carencia de una vivienda en las condiciones adecuadas representa el principal denominador común del amplio universo de situaciones que conforman el constructo de sinhogarismo, pero sus connotaciones trascienden la esfera puramente física. Como sostiene el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, el derecho a la vivienda ha de ser interpretado en un sentido amplio como “el derecho a vivir en seguridad, paz y dignidad en alguna parte” (Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 1991, art. 11). Dada la interdependencia e interrelación que existen entre los derechos humanos, el grado en el que se garantice el derecho a la vivienda arbitrará el ejercicio de otros derechos, al tiempo que el disfrute de aquel se verá modulado por el potencial para ejercitar estos últimos, que también se encuentran entrelazados: el derecho a la vida, a la integridad física y moral, a la libertad y la seguridad personal, a la dignidad, a la igualdad y la no discriminación, a la intimidad, al trabajo, a la educación, a la protección de la salud, a la participación social o a un nivel de vida adecuado constituyen algunos ejemplos. En 14 Esta cifra corresponde al indicador AROPE (At Risk Of Poverty and/or Exclusion), compuesto por la suma de tres subindicadores que representan a tres conjuntos de población: personas en riesgo de pobreza, personas con privación material severa y personas en hogares con baja intensidad de empleo. El indicador define a aquellos individuos que cumplen uno o más de los tres criterios. 36 esta maraña de conexiones, las experiencias de violencia se insertan de un modo transversal. En definitiva, el sinhogarismo representa una situación de suma vulnerabilidad cuyos correlatos, entre los que se incluyen diferentes formas de violencia, implican, ya sea de forma directa o indirecta, importantes restricciones en el ejercicio de los derechos de las personas que la sufren, quienes ven mermados, en consecuencia, su calidad de vida y su potencial de desarrollo. Partiendo de la estrecha interrelación e íntima interdependencia entre los derechos humanos, la garantía del acceso a una vivienda adecuada podría alzarse como una de las claves para transformar esta realidad, y las aproximaciones preventivas como la principal herramienta para lograrlo. 3.2. El triángulo de la violencia de Johan Galtung El sociólogo y matemático noruego Johan Galtung concibe la violencia como aquellas “afrentas evitables a las necesidades humanas básicas (…) que rebajan el nivel real de la satisfacción de las necesidades por debajo de lo que es potencialmente posible (2003, p. 9). De este modo, define la violencia como la causa de la diferencia entre lo potencial y lo real, lo que incrementa esta distancia o lo que impide que disminuya (Galtung, 1969). En palabras del autor, “cuando lo potencial es mayor que lo real es por definición evitable y cuando es evitable, entonces la violencia está presente” (1969, p. 169). Galtung (1969; 1996; 1998; 2003) propone la existencia de tres tipos de violencia que pueden representarse gráficamente en cada uno de los vértices de un triángulo. En primer lugar, la violencia directa, visible en forma de conductas y con un/a agresor/a y una víctima claramente identificables. En segundo lugar, la violencia estructural o injusticia social, un tipo de violencia indirecta, silenciosa, en la que no existe una clara relación sujeto-objeto. Se encuentra integrada en la estructura social y se materializa en forma de desigualdad de poder y, en consecuencia, de oportunidades vitales desiguales. Deriva en un intercambio desigual en el que algunos obtienen de la interacción en la estructura mucho más que otros en términos de satisfacción de necesidades. Finalmente, la violencia cultural o simbólica, que concibe como aquellos aspectos de la cultura que pueden ser utilizados para justificar o legitimar la violencia directa o la estructural y que, de ese modo, resulten aceptables para la sociedad. Se materializa en la religión, la ideología, el arte, el lenguaje, la ciencia, el derecho, los medios de comunicación y la educación. A lo largo del presente documento exploraremos el modo en el que cada una de estas formas de violencia y sus relaciones se conectan con el fenómeno del sinhogarismo. 3.3. Experiencias de victimización de las personas sin hogar Centrando el enfoque en la violencia directa, esta se encuentra muy presente en las trayectorias vitales de las personas sin hogar, y particularmente a lo largo de su historia de sinhogarismo. Así lo han constatado numerosos estudios realizados tanto a nivel nacional como internacional, que muestran sistemáticamente cómo las tasas de victimización que sufre este grupo social son notablemente elevadas y muy superiores a las de la población general. Partiendo de esta base, se realizó una primera 37 aproximación exploratoria a las experiencias de victimización sufridas por las personas sin hogar desde que se encontraban en esta situación, tratando de identificar qué variables guardaban una mayor relación con dichas experiencias. Se utilizó para ello la muestra de la Encuesta sobre las Personas sin Hogar, realizada por el Instituto Nacional de Estadística en 2012, y aplicando análisis de segmentación (algoritmo CHAID) y regresión logística se examinó la relación entre las experiencias de victimización sufridas por las personas participantes a lo largo de su historia de sinhogarismo y tres grandes grupos de variables: características sociodemográficas, condiciones de vida y antecedentes personales y familiares. Los resultados pusieron de relieve la conexión entre la victimización y diversos antecedentes personales y familiares adversos y, especialmente, condiciones de vida desfavorables que enfrentan estas personas. Entre las variables más relevantes se encontraban la detención de la persona en dependencias policiales, particularmente cuando ello había ocurrido en más de una ocasión, el cumplimiento de alguna condena diferente a la prisión, las experiencias de violencia en el ámbito familiar, la residencia en una institución o los problemas de alcoholismo en la familia o de la propia persona, en los tres casos durante su infancia y/o adolescencia, así como la involucración en conductas de riesgo como un mayor consumo de alcohol, el consumo de drogas o la pernocta en espacios públicos, amén de factores de vulnerabilidad como peores estados de salud, situaciones de discapacidad, periodos de sinhogarismo más prolongados y, en menor medida, la falta de apoyo social. Frente a estos hallazgos, las características sociodemográficas perdían valor como predictoras inmediatas de las experiencias de victimización, si bien no puede obviarse su importancia en la configuración de los otros dos grupos de variables. El análisis de segmentación y la regresión logística arrojaron resultados esencialmente convergentes, con la ventaja de que el primero permitió detectar de forma automática las interacciones entre las variables. Ello ayudó a profundizar en la naturaleza y particularidades de las relaciones encontradas y a identificar los perfiles de mayor y menor riesgo. Así, por ejemplo, casi 9 de cada 10 personas que contaban con varios antecedentes de detenciones policiales, habían tenido problemas de alcoholismo en la familia o de la propia persona antes de los 18 años y, además, indicaban haber consumido drogas en el mes previo habían sufrido algún delito o agresión a lo largo de su historia de sinhogarismo. 4. Una aproximación a las experiencias de victimización de las personas en situación de sinhogarismo desde la teoría de los estilos de vida La teoría de los estilos de vida fue formulada por Hindelang, Gottfredson y Garofalo en 1978 a partir del análisis de los datos empíricos arrojados por las primeras encuestas de victimización, realizadas en Estados Unidos en la década de los 70. El modelo gira en torno al concepto de estilo de vida, referido a las actividades rutinarias diarias, y los autores postulan sus antecedentes y los mecanismos que lo conectan con la victimización. De esta forma, proponen que las variaciones en los estilos de vida son atribuibles al modo en que las personas con diferentes constelaciones de características demográficas se adaptan, tanto a nivel individual como grupal, a las expectativas de rol y los condicionantes estructurales que se derivan de aquellas. En la medida en que las rutinas diarias predicen cuándo, dónde, con quién y bajo qué 38 circunstancias las personas pasan su tiempo, y dado que la victimización no se distribuye de forma aleatoria en el tiempo y el espacio, sino que existen momentos, lugares y personas de alto riesgo, postulan que diferentes estilos de vida se relacionan con grados diversos de exposición de las personas a situaciones en las que el riesgo de victimización es elevado. Las experiencias de victimización siguen, de forma probabilística, a la exposición a tales situaciones. Este modelo parece un marco teórico particularmente pertinente para abordar las experiencias de victimización de las personas sin hogar. Y es que pocos colectivos se encuentran tan expuestos a situaciones de riesgo como quienes atraviesan esta circunstancia. En este sentido, Gaetz (2004) defiende que la exclusión social que comporta la situación de sinhogarismo sitúa a quienes la sufren en lugares y circunstancias que limitan su capacidad para asegurar su protección y seguridad, de modo que su riesgo de sufrir experiencias de victimización se incrementa. 4.1. La conexión entre el lugar de pernocta y las experiencias de victimización Un primer estudio partiendo del modelo de Hindelang et al. analizó la relación entre el lugar de pernocta y las experiencias de victimización de las personas afectadas por sinhogarismo. Para ello, se utilizó nuevamente la muestra de la Encuesta sobre las Personas sin Hogar y se aplicó un análisis de regresión logística para contrastar la hipótesis de que quienes indicasen pernoctar siempre en espacios públicos o alojamientos de fortuna15, en comparación con quienes lo hiciesen en centros asistenciales u otros lugares o recursos destinados al alojamiento, habrían sufrido experiencias de victimización en mayor medida, bajo la consideración de que los primeros implican un mayor grado de exposición a situaciones de riesgo. Se incluyeron como variables de control en el modelo una serie de variables sociodemográficas y otros indicadores del estilo de vida. Los resultados apoyaron la hipótesis: quienes refirieron pernoctar en espacios públicos o alojamientos de fortuna presentaban más de 1,5 veces más probabilidades de haber sido víctimas de algún delito o agresión a lo largo de su historia de sinhogarismo en comparación con quienes afirmaron dormir en alojamientos colectivos, pisos, casas, pensiones u hostales. Asimismo, se encontró que la victimización se relacionaba positivamente con la situación de discapacidad, un mayor tiempo sin hogar, peores estados de salud, consumo de bebidas alcohólicas, consumo de drogas en el mes anterior y la participación habitual en juegos de azar. Estos hallazgos, y particularmente el primero, presentan importantes implicaciones con relación al modelo de atención en escalera predominante en nuestro país con respecto a las personas afectadas por sinhogarismo, apuntando a la potencial mayor eficacia preventiva de las experiencias de victimización de modelos alternativos, como el modelo Housing First. En cualquier caso, al margen del modelo adoptado, parece aconsejable flexibilizar, en la medida de lo posible, las condiciones de acceso a y permanencia en los diferentes recursos a fin de favorecer la 15 Espacios de un inmueble no previstos para su uso como dormitorio —hall, pasillo, escalera, etc.—, cueva, coche abandonado, garaje, etc. (INE, 2012a). 39 minimización o eliminación del factor de riesgo que implica la pernocta en espacios públicos. 4.2. La relación probabilística entre el grado de exposición a situaciones de riesgo y las experiencias de victimización Partiendo del mismo marco teórico y utilizando la misma muestra, se realizó una segunda contribución cuyo objetivo era testar la relación probabilística entre la exposición a situaciones de alto riesgo y las experiencias de victimización, proponiendo como hipótesis que aquellas personas sin hogar que indicasen haberse involucrado en conductas de riesgo habrían sufrido experiencias de victimización en mayor medida que quienes no se hubiesen implicado en tales conductas, y especialmente cuando la participación en conductas de riesgo fuese más frecuente y/o diversa. A fin de contrastar las hipótesis planteadas, se aplicó análisis de regresión logística y análisis de segmentación (algoritmo CHAID), considerando una vez más como variable dependiente si la persona había sufrido o no alguna experiencia de victimización desde que se encontraba sin hogar y como variables independientes una serie de indicadores del estilo de vida que la literatura previa ha relacionado con un mayor riesgo de victimización, tanto a nivel general —contacto con el sistema de justicia y consumo de alcohol u otras drogas—como con relación a las personas sin hogar —pernocta en espacios públicos—. Se incluyeron como variables de control un conjunto de variables sociodemográficas coincidentes con las sugeridas por Hindelang, Gottfredson y Garofalo en su modelo, así como el tiempo que la persona refería llevar en situación de sinhogarismo. Los hallazgos apoyaron las hipótesis de base. Así, el análisis de regresión arrojó que el hecho de que la persona hubiese sido denunciada o detenida en dependencias policiales, particularmente si había ocurrido en más de una ocasión, el cumplimiento de alguna condena diferente a la prisión, un mayor consumo de alcohol y el consumo de drogas en el mes previo, así como la pernocta habitual en espacios públicos o alojamientos de fortuna frente a los alojamientos colectivos y, especialmente, los pisos o pensiones, se relacionaban positivamente con las experiencias de victimización a lo largo de la historia de sinhogarismo. El análisis de segmentación, por su parte, reveló que el perfil de mayor riesgo correspondía a quienes habían sido detenidos en dependencias policiales en más de una ocasión y, además, indicaron haber consumido drogas recientemente o, en su defecto, habían cumplido algún tipo de condena diferente a la prisión. En segundo lugar se situaron quienes habían sido detenidos una vez y refirieron haber consumido drogas en el mes previo, así como las personas no consumidoras de drogas que pernoctaban habitualmente en espacios públicos o alojamientos de fortuna. Quienes no habían sido denunciados, detenidos ni habían consumido drogas representaron el perfil de menor riesgo. No obstante, los resultados apuntaron a un mayor peso de la presencia de estas variables como factor de riesgo del que representaba su ausencia como factor protector. Los resultados, en todo caso, han de ser interpretados sin perder de vista una cuestión distintiva de la población sin hogar, y es que con frecuencia su participación en conductas de riesgo se deriva, en mayor o menor medida, de la situación que atraviesan. De este modo, la insuficiencia de recursos, junto a las limitaciones que 40 estos presentan, determinan que muchas personas sin hogar deban desarrollar su vida en las calles. Asimismo, el contacto con el sistema de justicia a menudo se relaciona con sus condiciones de vida y las estrategias que emplean para su supervivencia, siendo importante considerar, además, la posible intervención de factores relacionados con la criminalización de la pobreza en general y del sinhogarismo en particular. Finalmente, el consumo de alcohol u otras drogas puede representar una estrategia de afrontamiento de las duras condiciones de vida que comporta esta situación. Así, es posible concluir que la implementación de medidas preventivas y de intervención adecuadas frente al sinhogarismo y sus problemáticas asociadas incidiría también, de un modo indirecto, en las experiencias de victimización que sufren estas personas, al reducir o eliminar factores que incrementan su exposición a situaciones de riesgo y muy a menudo constituyen correlatos de la vida sin hogar. No obstante lo anterior, no se pretende defender que la mayor exposición a situaciones de riesgo de estas personas constituya la explicación única de su probabilidad incrementada de sufrir episodios de victimización, ni que la actuación sobre aquella sea la única respuesta aconsejable. Los delitos de odio por aporofobia evidencian que no sólo el factor oportunidad es importante. En este sentido, siguiendo a Adela Cortina (2017), la educación, la construcción de instituciones capaces de fomentar el respeto a la igual dignidad de todas las personas y el fortalecimiento de una conciencia moral personal capaz de discernir y obrar por sí misma y no solo por la presión del entorno se alzan como los caminos más adecuados para luchar contra la aporofobia. 5. Las experiencias de violencia de las personas afectadas por sinhogarismo desde una perspectiva interseccional En los trabajos anteriores se abordaron las experiencias de violencia a lo largo de la vida de las personas afectadas por sinhogarismo desde una óptica global. Cuando incorporamos a la ecuación otros factores de vulnerabilidad como la estancia en prisión, el género y/o la edad, las implicaciones de la situación de sinhogarismo con relación a las experiencias de violencia experimentan algunos cambios que es importante tomar en cuenta a fin de adaptar cualquier estrategia de prevención e intervención que se pretenda que sea eficaz. Partiendo, nuevamente, de la muestra de la Encuesta a las Personas sin Hogar, se ha tratado de acotar estos matices. 5.1. Sinhogarismo y estancia en prisión Comenzando por la intersección entre la estancia en prisión y el sinhogarismo, se compararon, en primer lugar, las características y antecedentes de las personas en situación de sin hogar que habían estado en prisión con los de aquellas que no habían vivido esta circunstancia. En segundo lugar, se analizó el potencial impacto de la privación de libertad en las condiciones de vida de estas personas. En la línea de los hallazgos de estudios previos realizados en otros países, se esperaba que las personas en situación de sin hogar que además hubiesen estado en prisión presentasen antecedentes personales y familiares más desfavorables, así como condiciones de vida más negativas, que quienes no hubiesen sido privados de libertad. 41 Para testar estas hipótesis se recurrió al análisis bivariado, empleando el test Chi-cuadrado para las variables cualitativas y la prueba t de Student para las cuantitativas, y calculando asimismo diversas medidas de asociación y los residuos estandarizados corregidos para las tablas de contingencia. La variable de estudio fue la estancia en prisión, y se exploraron las relaciones entre esta y un total de 29 variables clasificadas en tres grandes grupos: características sociodemográficas, antecedentes personales y familiares y condiciones de vida. Los resultados apoyaron las hipótesis de partida, arrojando importantes diferencias con relación a estas variables entre las personas sin hogar que indicaron haber estado en prisión y quienes refirieron no haber sido privadas de libertad. De este modo, en lo que se refiere a las características sociodemográficas, entre las personas que habían estado en prisión primaron los hombres, las personas de nacionalidad española, quienes finalizaron sus estudios a una edad más temprana y las personas separadas o divorciadas, con una infrarrepresentación de personas casadas o en pareja. Asimismo, la edad media fue mayor para este grupo, que también contaba con una proporción superior de personas jubiladas, retiradas o en situación de invalidez y, posiblemente conectado con ello, unos ingresos medios totales durante el mes previo significativamente más altos. No obstante lo anterior, entre aquellas personas sin hogar que indicaron estar buscando trabajo, quienes habían estado en prisión refirieron llevar haciéndolo desde hacía más tiempo, apuntando así a que la privación de libertad constituye una barrera adicional para el logro de la inserción laboral en este colectivo. Con relación a los antecedentes, las personas ex presas revelaron en mayor medida una historia de problemas de alcoholismo en la familia o de ellas mismas, de estancia en prisión de alguno de sus progenitores y de violencia en el ámbito familiar, en todos los casos antes de los 18 años. Asimismo, entre quienes habían estado en prisión también había una mayor proporción de personas que indicaron haber estado en un centro de menores, haber sido denunciadas o detenidas en dependencias policiales, especialmente cuando había ocurrido en más de una ocasión. Paradójicamente, las personas ex presas afirmaron en mayor grado haber tenido un trabajo de duración superior a seis meses a lo largo de su vida. Finalmente, el análisis de las condiciones de vida no arrojó diferencias entre ambos grupos con relación a los indicadores de apoyo social, algo que quizá pueda atribuirse a que se partía de una muestra de personas afectadas por sinhogarismo, para quienes la ruptura de los vínculos sociales resulta, lamentablemente, común. Sin embargo, quienes habían estado en prisión llevaban más tiempo en situación de sin hogar, tenían peores estados de salud percibida, sufrían en mayor grado enfermedades graves o crónicas o algún tipo de discapacidad, indicaron haber consumido drogas en el mes anterior y jugar a juegos de azar en mayor proporción y declararon consumir alcohol más frecuentemente. En cuanto al lugar de pernocta, las personas ex presas refirieron en mayor medida dormir en pisos, casas, pensiones u hostales, mientras que aquellas que no habían sido privadas de libertad optaron por los alojamientos colectivos, sin que se hallasen diferencias con relación a la pernocta en espacios públicos o alojamientos de fortuna. Para terminar, la relación entre la estancia en prisión y el nivel de discriminación percibida resultó positiva y estadísticamente significativa, apuntando a una doble estigmatización de las personas sin hogar que además han pasado por prisión. Asimismo, este grupo refirió haber sufrido experiencias de victimización desde que se encontraba sin hogar en mucha 42 mayor medida que quienes no habían sido privados de libertad (más del 65% frente a menos del 46%). Los resultados apuntan a la necesidad e importancia de dedicar más recursos tanto al grupo de personas en situación de sinhogarismo como a las personas ex presas, así como de optimizar los ya existentes, que se muestran insuficientes para el logro de una adecuada inserción social y laboral de estos individuos. En este contexto, cobran especial relevancia las estrategias preventivas, que deberían incidir sobre las raíces de ambas condiciones en lugar de sobre sus consecuencias o manifestaciones últimas. Un enfoque de estas características contribuiría a reducir los considerables costes económicos y, lo que es más importante, personales y sociales, que comporta el recurso a intervenciones a posteriori. 5.2. Sinhogarismo y género Una segunda contribución se dedicó al abordaje del sinhogarismo desde una perspectiva de género, centrando el enfoque en las experiencias de violencia a lo largo de la vida. El sinhogarismo ha sido tradicionalmente concebido como un fenómeno eminentemente masculino, algo que puede atribuirse en parte al carácter encubierto que adopta entre las mujeres. De este modo, ellas despliegan estrategias o recurren a alternativas fuertemente condicionadas por los roles de género a fin de evitar terminar en la calle o acudir a determinados recursos, pues son espacios que perciben como particularmente hostiles debido al mayor riesgo de exposición a la violencia y el abuso. En virtud de lo anterior y del mayor estigma que implica encontrarse sin hogar para las mujeres, cuando se encuentran en situación de calle se esfuerzan por pasar desapercibidas. Asimismo, los recursos generalistas para las personas sin hogar han sido tradicionalmente diseñados para atender a usuarios masculinos, por lo que a menudo no responden a las necesidades diferenciales de las mujeres, y los servicios especializados en la atención de problemáticas estrechamente vinculadas a esta situación entre las mujeres, como la violencia doméstica o los casos de madres solteras en situación de vulnerabilidad, no suelen ser clasificados como recursos para personas sin hogar. Todo ello favorece la infraestimación del número de mujeres en situación de sinhogarismo y contribuye a hacerlas menos visibles. Los trabajos previos habían encontrado diversas características diferenciales entre los hombres y las mujeres que se encuentran sin hogar. Entre las más destacables se sitúan las experiencias de violencia, que aun no siendo vivencias exclusivamente femeninas aparecen como un eje vertebrador en las trayectorias vitales de muchas mujeres sin hogar. En este sentido, la violencia doméstica, y particularmente la ejercida por la pareja masculina, constituye un factor precipitante de primer orden del sinhogarismo femenino, y la ausencia de alternativas de alojamiento motiva que muchas mujeres, a quienes Nunan (1995, p. 38) se ha referido como “housed homeless”, permanezcan en hogares violentos o regresen con sus agresores una vez han abandonado el domicilio. Del mismo modo, el apoyo emocional y psicológico que aporta la pareja, así como el hecho de que pueda disuadir a otros hombres de proponerles algún tipo de relación sexual o sentimental y protegerlas de los riesgos que caracterizan la vida en la calle, hace que muchas mujeres sin hogar permanezcan con sus parejas incluso en el contexto de relaciones violentas. 43 Por otra parte, una considerable proporción de mujeres sin hogar informan de experiencias de violencia y abuso durante su infancia y adolescencia, al tiempo que la prevalencia de los episodios de violencia sexual a lo largo de la vida es muy superior para ellas en comparación con los hombres sin hogar y con las mujeres de la población general. Partiendo de esta base, se pretendía explorar si existían rasgos diferenciales entre las mujeres y los hombres sin hogar de la muestra de referencia con relación a tres grandes grupos de variables: antecedentes personales y familiares adversos, condiciones de vida y experiencias de discriminación y victimización a lo largo de su historia de sinhogarismo. Para ello, se analizaron las relaciones bivariadas entre el sexo y un total de 26 variables, utilizando la prueba Chi-cuadrado para las variables nominales y la prueba U de Mann-Whitney para las ordinales, y calculando asimismo estadísticos de tamaño del efecto y los residuos estandarizados corregidos para las tablas de contingencia. Los resultados apuntaron a estados de salud percibidos más negativos para las mujeres, quienes también refirieron en mayor medida sufrir situaciones de discapacidad y enfermedades graves o crónicas, evidenciando una mayor vulnerabilidad potencial frente a la victimización. Los hombres, por su parte, afirmaron llevar más tiempo que las mujeres en situación de sinhogarismo y refirieron en mayor medida pasar la noche en espacios públicos o alojamientos de fortuna, mientras que una mayor proporción de mujeres optó por los alojamientos colectivos. Aquellos también consumían alcohol y habían consumido drogas en el mes previo en mayor grado, aunque es importante tomar en cuenta que las mujeres sin hogar que realizan estos comportamientos son doblemente estigmatizadas: “por mantener conductas desviadas no apropiadas a su género y por no cumplir con los patrones culturales asignados a la mujer en nuestras sociedades” (Matulič et al., 2019, p. 127). Con relación a la discriminación percibida por la situación de sinhogarismo, tan solo se encontraron diferencias para la categoría “algunas veces”, con una mayor proporción de hombres. Quizá ello pueda explicarse, en parte, por el esfuerzo de las mujeres sin hogar por pasar desapercibidas. Finalmente, tal y como se esperaba, la violencia se encontraba muy presente en las trayectorias vitales femeninas, pues contaban con más antecedentes de problemas de violencia en la familia durante la infancia y adolescencia y se encontraban sobrerrepresentadas entre quienes indicaron que el sufrimiento de violencia por la propia persona o sus hijos/as se situaba en el origen de la situación de sinhogarismo. Asimismo, si bien no hubo diferencias por sexo con relación a los episodios de victimización a lo largo de su trayectoria de sinhogarismo globalmente considerados, un análisis desagregado por tipologías delictivas reveló que los hombres habían sufrido robos en mayor medida, mientras que la proporción de mujeres que había sido víctima de agresiones sexuales resultaba muy superior a la de los hombres. Parece, por tanto, que salvo para estos casos, la situación de sinhogarismo tiene un mayor peso que el género como factor de riesgo de victimización, al menos en lo que se refiere a las personas que se encuentran en las situaciones de exclusión residencial más extremas. 44 Para terminar, aun cuando más mujeres afirmaron haber denunciado estos hechos16, quienes no lo habían hecho indicaron como motivo el miedo a las represalias en una proporción significativamente superior a la de los hombres, lo que apunta a situaciones de mayor vulnerabilidad femenina. Los hombres superaron a las mujeres en la elección de la categoría “no sirve para nada”, que en todo caso fue seleccionada por la mayor parte de la muestra, lo que podría indicar un estado psicológico de “indefensión aprendida” entre las personas sin hogar con relación a la denuncia de este tipo de vivencias, quizá derivado de experiencias previas con las fuerzas y cuerpos de seguridad o el sistema de justicia, o incluso de la asunción de que estos episodios son, de algún modo, consustanciales a su situación de sinhogarismo. En definitiva, como indica Bretherton (2020), las mujeres no necesariamente experimentan el sinhogarismo del mismo modo que los hombres, siendo preciso ampliar nuestro conocimiento acerca de los motivos que subyacen a esta realidad, cómo de significativas son las diferencias y cuáles pueden ser sus implicaciones. Lo anterior puede hacerse extensivo a las particulares constelaciones de factores de riesgo y protección frente a las experiencias de victimización que afectan a cada grupo, evidenciando la necesidad de incorporar la perspectiva de género a los estudios y al diseño de estrategias preventivas y de intervención. 5.3. En situación de sinhogarismo, mujer y mayor de 64 años La tercera contribución de este bloque temático agregó la edad a la dimensión de género, con los objetivos de caracterizar al grupo de mujeres afectadas por sinhogarismo de 65 años o más y de identificar si existían diferencias en las experiencias de violencia sufridas por estas mujeres antes y durante la situación de sinhogarismo, tanto con respecto a las mujeres sin hogar más jóvenes como con respecto a los hombres sin hogar del mismo grupo etario. Las personas sin hogar sufren envejecimiento prematuro, su mortalidad es entre 3 y 4 veces superior a la de la población general y su esperanza de vida es aproximadamente 30 años inferior, por lo que la población sin hogar de 65 años o más es necesariamente minoritaria. Partiendo de esta base, trabajos previos han encontrado que las personas sin hogar mayores presentan más problemas de salud física y mental y un mayor aislamiento social en comparación con las más jóvenes y con quienes no se encuentran en esta situación, lo que sin duda incrementa su vulnerabilidad frente a la violencia. En esta línea, se ha encontrado que tienden a sufrir más experiencias de victimización, al tiempo que son más susceptibles de ser ignoradas por las fuerzas y cuerpos de seguridad. No obstante, algunas investigaciones han hallado que la victimización entre las personas sin hogar no se incrementa de forma regular con la edad, planteando que lo realmente importante es la situación de sinhogarismo, que contrarresta el efecto protector de la edad con relación a la victimización que se ha encontrado para la población general, incluido el que emana del género. 16 Es importante destacar que se desconoce qué delito o delitos fueron denunciados de entre los informados. 45 Utilizando una vez más la muestra de la Encuesta sobre las Personas sin Hogar, se exploraron, en primer lugar, las características de las mujeres sin hogar de 65 años o más que participaron en la encuesta. A continuación, se analizaron las relaciones bivariadas entre el género, por un lado, para el grupo de personas sin hogar de 65 años o más, y la edad, por otro, con relación al grupo de mujeres, y nueve variables que hacían referencia a experiencias de violencia en diferentes momentos de la vida. Se emplearon para ello el test Chi-cuadrado y la prueba exacta de Fisher, calculando asimismo el estadístico de tamaño del efecto V de Cramer y los residuos estandarizados corregidos para las tablas de contingencia. La radiografía general de las características y condiciones de vida de las mujeres sin hogar de 65 años o más que participaron en el estudio (n=38), que representaban tan solo el 5% del total de las mujeres de la muestra (n=750), arrojó que estas mujeres enfrentaban numerosas barreras: contaban con un bajo nivel educativo de base y unos reducidos ingresos; a pesar de haber superado la edad legal de jubilación para el año 2012, muchas refirieron estar en situación de desempleo, y tan solo la mitad indicaron estar jubiladas o retiradas; la mayoría contaba con largas trayectorias de sinhogarismo; más de la mitad refirió sufrir una enfermedad grave o crónica, y aproximadamente una de cada cuatro afirmó tener algún tipo de discapacidad reconocida; finalmente, su apoyo social resultó globalmente bajo, pues una gran proporción de las mujeres no tenía contacto con su familia ni, especialmente, consideraba tener amistades con las que pudiese contar en caso de necesidad. Muchas de estas características y condiciones de vida representan factores de vulnerabilidad frente a la violencia. En lo que se refiere a las experiencias de violencia y victimización a lo largo de la vida, las mujeres de cada grupo de edad tan solo mostraron diferencias con relación al sufrimiento de violencia por la propia persona o sus hijos/as como precipitante de la situación de sinhogarismo y, en menor medida, en cuanto a la vivencia de problemas de violencia en la familia antes de los 18 años, en ambos casos más comunes entre las mujeres más jóvenes. Lo primero podrían indicar que las generaciones más próximas dan el paso de abandonar los hogares violentos en mayor medida que las previas aun cuando no cuenten con alternativas de alojamiento, hipótesis que futuros estudios podrían abordar. Las diferencias fueron más marcadas entre los hombres (n=103) y las mujeres sin hogar mayores, hallando que las últimas habían sufrido en mayor medida problemas de violencia en la familia antes de los 18 años y superaban a los hombres en cuanto a la indicación de que las experiencias de violencia propias o de los hijos o hijas habían precipitado la situación de sinhogarismo. En cuanto a los episodios de victimización desde que la persona se encontraba sin hogar, las diferencias solo fueron significativas con relación a las agresiones sexuales, referidas por dos de las mujeres y ninguno de los hombres. Parece, por tanto, y en línea con los hallazgos de los trabajos previos, que la situación de sinhogarismo podría constituir un factor de riesgo de mayor peso que la edad o el género en cuanto a las experiencias de victimización, y que la violencia sexual resulta distintiva de las mujeres. 46 6. Algunas limitaciones comunes a las contribuciones citadas hasta el momento Las contribuciones reseñadas han permitido profundizar en el conocimiento acerca de las experiencias de violencia directa que las personas afectadas por sinhogarismo enfrentan a lo largo de sus trayectorias vitales. Sin embargo, comparten algunas limitaciones que han de tomarse en cuenta a la hora de interpretar los resultados. Así, en primer lugar, la muestra de referencia se restringió a personas usuarias de recursos dirigidos a personas sin hogar, por lo que los hallazgos no necesariamente resultan representativos de quienes se encuentran margen de la red asistencial. En segundo lugar, los datos se remontan a 2012, y a pesar de que los hallazgos coinciden en muchos aspectos con los de trabajos posteriores, se hace preciso contar con datos actualizados, máxime considerando los importantes cambios que hemos atravesado en el pasado reciente. El hecho de que se trate de un estudio transversal que no recogió información acerca de la cronología de las vivencias manifestadas por las personas participantes impide, asimismo, determinar la direccionalidad de la mayoría de las relaciones entre variables encontradas. Finalmente, la encuesta original adoptó una definición operativa restringida o estricta del sinhogarismo, extremo que condiciona de forma particularmente relevante la incorporación de la perspectiva de género en los estudios. 7. Más allá de la violencia directa: la violencia cultural y estructural 7.1. La criminalización del sinhogarismo a través de las ordenanzas municipales en materia de convivencia ciudadana y civismo La criminalización del sinhogarismo, entendida como “el empleo de leyes y prácticas para restringir las actividades y movimientos de las personas en situación de sin hogar” (O’Grady, Gaetz y Buccieri, 2001, p. 7) es un fenómeno creciente en Europa. Entre los mecanismos criminalizadores podemos citar las normas que penalizan a estas personas por la realización, en los espacios públicos, de sus actividades diarias de subsistencia. En nuestro país, estas disposiciones se plasman principalmente en las ordenanzas locales, fundamentalmente aquellas en materia de convivencia ciudadana y civismo, en el marco de un derecho administrativo que ha sido caracterizado en este punto como “derecho administrativo del enemigo” (Melero, 2016). A pesar de su legítima pretensión sobre el papel y su aparente neutralidad, estas normas comportan, en la práctica, la criminalización de situaciones extremas de exclusión, pues las personas sin hogar a menudo no cuentan con espacios privados en los que realizar ciertas conductas que son objeto de sanción cuando se llevan a cabo en lugares públicos. En este sentido, como apunta Waldron (1991-1992, p. 311): Si dormir está prohibido en los lugares públicos, entonces dormir está totalmente prohibido para los sin hogar. Si orinar está prohibido en los lugares públicos (y no hay baños públicos) entonces los sin hogar simplemente no son libres para orinar. De este modo, se defiende que, al etiquetar a las personas sin techo como “incívicas” por realizar conductas de las que depende, en mayor o menor medida, su supervivencia, obviando el hecho de que su situación de sinhogarismo restringe notablemente sus opciones, los preceptos de las ordenanzas municipales que 47 penalizan estas actividades constituyen violencia cultural tal y como es concebida por Galtung (1996; 2003). La violencia cultural que se refleja en dichas normas forma parte de un sistema más amplio en el que esta y otras manifestaciones de la violencia cultural dirigida contra las personas afectadas por sinhogarismo —como las que se reflejan en el lenguaje, los medios de comunicación o la ideología— se encuentran íntimamente conectadas, interactúan y se retroalimentan, tanto entre sí como con otras formas de violencia. A fin de profundizar en esta materia desde una perspectiva criminológica, se analizaron los preceptos recogidos en las ordenanzas municipales de las capitales de provincia de Castilla y León, fundamentalmente en materia de convivencia ciudadana, que podían afectar en mayor medida a las personas en situación de sin hogar y, especialmente, a aquellas cuya situación se enmarca en la categoría conceptual “sin techo” de la tipología ETHOS. Así, se seleccionaron como categorías de análisis las nueve conductas de subsistencia siguientes: 1) satisfacer necesidades fisiológicas y/o escupir en las vías y espacios públicos; 2) encender y/o mantener fuego en las vías y espacios públicos; 3) acampar en las vías y espacios públicos; 4) usar los bienes públicos para finalidades distintas a las que están destinados; 5) manipular papeleras o contenedores —o sus contenidos— situados en las vías y espacios públicos; 6) lavarse o bañarse, 7) lavar ropa u otros objetos, 8) bañar animales y 9) abrevar animales, en todos los casos en estanques o fuentes públicos. Asimismo, se examinó si estas normas preveían sanciones alternativas a las multas, si existían disposiciones específicas para personas en situación de exclusión social y qué circunstancias que pudiesen afectar de forma diferencial a las personas sin hogar se habían de considerar a la hora de graduar las sanciones. Los objetivos que se perseguían eran delimitar los ámbitos objeto de regulación, determinar la naturaleza y alcance de las infracciones y sanciones previstas, explorar si se contemplaban disposiciones que permitiesen adaptar los preceptos a los casos en los que las personas infractoras se encontrasen en situación de exclusión social e identificar los puntos en común y las diferencias existentes entre los municipios. Entre los principales hallazgos del estudio, se pudo constatar la notable diversidad en las conductas objeto de regulación, así como en la naturaleza y alcance de las sanciones previstas frente a las infracciones. Aun cuando en la mayor parte de los casos las infracciones son consideradas leves, comportan sanciones pecuniarias que pueden alcanzar los 750 euros y para cuya graduación, en la mayoría de las ocasiones, se plantea como criterio agravante la reincidencia o reiteración de la conducta, algo que resulta previsible habida cuenta de que se trata de actividades necesarias para la subsistencia. Por el contrario, en muy pocos casos se prevé tomar en cuenta las circunstancias de la persona infractora y/o su situación económica a la hora de establecer la cuantía y alcance de las sanciones. De cualquier modo, las infracciones pueden llegar a considerarse graves o muy graves, cuyas sanciones pecuniarias pueden alcanzar los 3000 euros. Por otra parte, la mayoría de las ordenanzas no contempla disposiciones específicas que permitan adaptar sus contenidos a los casos en los que las infracciones sean cometidas por personas en situación de exclusión social, e incluso algunas utilizan el término con connotaciones despectivas “indigente” en su redacción. Asimismo, la previsión general de la posibilidad de sustituir las sanciones pecuniarias por la 48 realización de labores para la comunidad o medidas similares supone, en la práctica, un factor de discriminación añadido para las personas afectadas por sinhogarismo, y lo mismo con relación a la reducción de las cuantías de las multas por pago inmediato o anticipado. Se ha podido comprobar, asimismo, que la redacción de los preceptos varía en un gradiente que va desde formulaciones muy generales con diversas interpretaciones posibles hasta otras más específicas, dejando así algunas disposiciones un amplio margen a la discrecionalidad de las y los agentes de la autoridad a cargo de hacerlas cumplir y/o de los órganos sancionadores. A la espera de que futuros trabajos permitan conocer cómo se aplican en la práctica las prohibiciones previstas en las ordenanzas cuando la persona infractora se encuentra en situación de sinhogarismo, se ha puesto de relieve que, al enarbolar los estandartes de la convivencia ciudadana y el civismo como su razón de ser, las ordenanzas que regulan cuestiones relacionadas con estas materias logran que pase desapercibido o, incluso, tratan de justificar el hecho de que muchos de sus preceptos afecten casi exclusivamente y de forma extremadamente negativa a las personas más vulnerables, endureciendo unas condiciones de vida que ya eran notablemente adversas y obstaculizando sus trayectorias hacia la integración social. En este sentido, estas disposiciones representan instrumentos de exclusión y discriminación, particularmente de las personas sin techo, que favorecen la estigmatización de este grupo, alimentan el rechazo social y perpetúan los prejuicios y estereotipos que se dirigen contra sus integrantes, contribuyendo a invisibilizar el hecho de que la pobreza y el sinhogarismo no son opciones de estilo de vida, sino problemas asociados a la exclusión social (Fernández Evangelista y Jones, 2013). En la medida en la que, como apunta Galtung (2016; 2003), los diferentes tipos de violencia se encuentran interconectados, y sostiene que el flujo causal generalmente parte de la violencia cultural, pasa por la estructural y desemboca en la violencia directa, no resulta difícil intuir la trascendencia de estos hallazgos. 7.2. El sinhogarismo en el marco de la crisis sanitaria provocada por la COVID-19 Si la violencia estructural se concibe como un intercambio desigual en el que algunos obtienen de la interacción en la estructura mucho más que otros en términos de satisfacción de necesidades (Galtung, 2003), y “remite a la existencia de un conflicto entre dos o más grupos de la sociedad (…) en el que el reparto, acceso o posibilidad de uso de los recursos es resuelto sistemáticamente a favor de alguna de las partes y en perjuicio de las demás, debido a los mecanismos de estratificación social” (La Parra y Tortosa, 2003, p. 57), encontramos en el propio fenómeno del sinhogarismo y sus implicaciones para la vida y las posibilidades al alcance de quienes lo sufren una clara manifestación de este tipo de violencia. Sin perjuicio de lo anterior, la crisis del coronavirus ha otorgado una notoria visibilidad a la violencia estructural que enfrentan cotidianamente las personas en situación de sin hogar, evidenciando e intensificando su situación de desventaja con respecto a quienes no transitan por esta coyuntura. 49 La COVID-19 emergió en un contexto en el que la red de recursos dirigidos a personas afectadas por sinhogarismo era fundamentalmente de titularidad privada con financiación pública, organizada en su mayoría en alojamientos colectivos (albergues, residencias o centros de acogida) y atendidos principalmente por personas voluntarias. En este ámbito, el sistema de atención adolecía ya de una brecha significativa que queda patente al comparar el número máximo de plazas de alojamiento disponibles durante 2018, 20.643 (INE, 2018), con el número estimado de personas afectadas por sinhogarismo en nuestro país, que en la Estrategia Nacional Integral para Personas Sin Hogar 2015-2020 se cifró en una media de 33.275, aunque como hemos visto existen estimaciones menos conservadoras. El resultado de esta comparación arroja que casi 4 de cada 10 personas sin hogar ya quedaban al margen del sistema de atención en el escenario previo al inicio de la pandemia. A lo anterior se ha de añadir la ausencia de mecanismos de coordinación y gobernanza eficaces entre los múltiples actores y organismos, tanto públicos como privados, intervinientes en esta materia. Todas estas características han condicionado de forma importante la manera en la que se ha respondido a la crisis de la COVID-19 por parte del sistema de atención. Con carácter previo al decreto del Estado de Alarma el 14 de marzo de 2020, la falta de liderazgo y de unas directrices claras motivaron que la mayoría de los sectores de nuestra sociedad no pudiesen afrontar, desde la prevención, la crisis sanitaria que se avecinaba, y los agentes implicados en la atención a las personas sin hogar no fueron una excepción. Una vez decretado el Estado de Alarma y la orden de confinamiento, el Gobierno solicitó a los gestores de los servicios sociales de atención a personas sin Hogar que reforzasen y reorganizasen los servicios sociales autonómicos y municipales para dar un servicio más eficaz (Secretaría de Estado de Derechos Sociales, 2020). Se instó asimismo a los servicios policiales a reducir al máximo el uso de métodos coercitivos con aquellas personas en situación de sinhogarismo que no pudieran cumplir la instrucción de confinamiento. Sin embargo, la respuesta de las diferentes administraciones autonómicas y locales a estos mandatos fue muy desigual, tanto en la velocidad de respuesta como en la amplitud de su cobertura, aunque es posible identificar algunas pautas comunes. Así, en un primer momento se optó por incrementar el número de personas acogidas en los diferentes dispositivos, extremo que fue denunciado ante el Defensor del Pueblo (3 de abril de 2020) por sobreexponer al contagio a una población de riesgo en virtud de la generación de situaciones de hacinamiento. De este modo, a la falta de plazas suficientes de base se sumó a la necesidad de garantizar el distanciamiento social, reduciendo el número de plazas disponibles en paralelo al incremento de la demanda derivada del mandato de confinamiento y el cierre inicial de buen número de recursos asistenciales, amén de numerosos comercios y establecimientos que proporcionaban cotidianamente bienes y servicios diversos a las personas sin hogar. Todo ello situó a este colectivo en circunstancias de extrema vulnerabilidad. De esta forma, la prescripción del confinamiento convirtió lo invisible en visible. Las personas en situación de sin hogar ya estaban presentes y, lamentablemente, ya contaban con amplias trayectorias de distanciamiento social. Sin embargo, cuando las calles se quedaron vacías, el sinhogarismo resultó más evidente que nunca: ¿cómo cumplir con el mandato de quedarse en casa cuando no se tiene una? (Hogar Sí, 2020). En este sentido, y a pesar de las recomendaciones, en algunos casos se impusieron 50 sanciones, con un fuerte componente discriminatorio, a personas sin hogar que continuaban pernoctando en la vía pública (Basanta, 19 de marzo de 2020; Ochando, 1 de mayo de 2020). Incluso Amnistía Internacional expresó su preocupación "por los efectos desproporcionados que la aplicación de las medidas de confinamiento ha tenido en las personas sin hogar” (Amnistía Internacional, 2020, p. 34). En una segunda fase se procedió a la apertura de centros colectivos (pabellones, polideportivos, recintos feriales, hostales, hoteles y otras infraestructuras en desuso a causa de la pandemia) para alojar de forma provisional a las personas en situación de sinhogarismo. Sin embargo, y a pesar de los esfuerzos realizados, persistieron numerosos casos de personas que, por diferentes circunstancias (problemáticas añadidas de salud mental, adicciones, motivos personales —entre los que podemos citar el temor al contagio—, la falta de plazas disponibles o, incluso, el temor a la estigmatización derivada del uso de los servicios asistenciales) no llegaron a acceder a los espacios de confinamiento, o bien los abandonaron o fueron expulsadas de los mismos. A lo anterior es preciso añadir que muchas personas que ya sufrían situaciones de vulnerabilidad residencial previas no pudieron mantener el alojamiento, viéndose abocadas a terminar en la calle. Hogar Sí monitorizó, mediante noticias en prensa, la creación de, al menos, 7.341 plazas de emergencia durante la crisis, de las cuales el 91% fueron habilitadas en alojamientos colectivos, casi un 8% en hoteles y pensiones y menos de un 1% en viviendas normalizadas (Hogar Sí, 2020). Comparando esta cifra con el número medio de plazas ordinarias con las que contaba previamente el sistema de atención (INE, 2018), encontraron que se tuvo que incrementar en más de un 37% el número de plazas para dar una respuesta temporal al sinhogarismo. La desescalada se desarrolló también de forma dispar en los diferentes municipios, y muchos de los recursos de emergencia habilitados durante el Estado de Alarma se cerraron, algo que, unido a la pérdida de capacidad de los ya existentes a fin de poder cumplir las medidas de prevención de contagios, supuso una vuelta a la situación de principios de marzo de 2020. Una notable excepción a lo anterior la ofreció Barcelona, que prolongó en el tiempo la apertura de los equipamientos de emergencia y puso en marcha medidas para tratar de buscar soluciones residenciales estables para el momento de abandonar estos dispositivos. Por su parte, las iniciativas impulsadas por el Gobierno para proteger a las personas en situaciones más precarias, como la implementación del Ingreso Mínimo Vital, adolecen de numerosas limitaciones que podrían excluir precisamente a las personas para las que resultan más necesarias, y entre ellas las personas afectadas por sinhogarismo. A modo de conclusión, la crisis generada por la COVID-19 ha puesto de relieve una realidad que ya resultaba de sobra conocida y había sido reiteradamente manifestada por las entidades y profesionales que desarrollan su labor en el ámbito del sinhogarismo y la exclusión residencial: el alojamiento no soluciona el sinhogarismo. Los centros de alojamiento temporal deben garantizar una salida habitacional, un proceso de recuperación y una estabilización económica que permitan a las personas atendidas recuperar la capacidad de decidir sobre sus vidas. De lo contrario, nos veremos abocados a regresar una y otra vez al punto de partida y a recurrir, con cada nueva crisis, a soluciones “parche” con marcada perentoriedad, 51 perpetuando así un ciclo de actuaciones que no sólo son ineficaces, sino también ineficientes. Se hace preciso abordar esta situación desde una perspectiva estructural, con políticas fiscales, económicas, laborales, de vivienda, sanidad y sociales que respondan a las necesidades reales de las personas y las familias y favorezcan su autonomía. La reducción del sinhogarismo requiere políticas de prevención para parar el flujo de personas que llegan a esta situación, y precisa de actuaciones que faciliten el acceso a la vivienda de quienes ya se han quedado sin ella. De lo contrario, situaciones como la vivida en el pasado reciente continuarán cebándose con los más vulnerables, empeorando unas condiciones de vida que ya resultaban notablemente adversas. 8. Generación de sinergias en la persecución de un objetivo común: el estudio de las experiencias de victimización de las personas sin hogar en Portugal Aunque no se dispone de datos precisos acerca del alcance del sinhogarismo en Portugal, las estimaciones más recientes indican que al menos 7.107 personas atravesaban esta situación en el país luso a finales del año 2019 (Grupo de Trabalho para a Monitorização e Avaliação da ENIPSSA, 30 de septiembre de 2020), y ello partiendo de una definición restringida de este fenómeno y antes de la pandemia del coronavirus. En los últimos años, Portugal ha demostrado su firme compromiso con la lucha frente al sinhogarismo y la exclusión residencial, ámbito en el que se han producido significativos avances. Sin embargo, una revisión bibliográfica pone de relieve la práctica ausencia de trabajos que aborden las experiencias de las personas sin hogar con la violencia y la victimización a lo largo de su historia de sinhogarismo, algo que resulta llamativo si tomamos en cuenta las repercusiones del sinhogarismo para todas las áreas de la vida de quienes lo sufren, los hallazgos de los estudios llevados a cabo en otros países y los escasos datos disponibles para el contexto portugués. Se constatan, por tanto, la pertinencia e importancia de investigar la naturaleza y el alcance de esta problemática en Portugal, en línea con la visión y los principios que rigen la Estrategia Nacional para la Integración de las Personas en Situación de Sin Hogar 2017-2023. De este modo, las fortalezas y buenas prácticas en esta materia podrían tomarse como referencia para su implementación en otros entornos, y la identificación de áreas de mejora permitiría emprender las acciones necesarias para contrarrestarlas, pudiendo para ello partir de otras experiencias exitosas. Tras la reciente puesta en marcha de la Plataforma Europea para Combatir el Sinhogarismo (EAPN, 23 de junio de 2021) parece el momento propicio para el intercambio de información y experiencias entre países, creando sinergias en la persecución del objetivo común de erradicar el sinhogarismo y sus correlatos. 52 9. Principales conclusiones La situación de sinhogarismo sitúa a las personas que la atraviesan en circunstancias de especial vulnerabilidad frente a diversas formas de violencia, al tiempo que intensifica el impacto de las mismas sobre su calidad de vida y horizonte a corto, medio y largo plazo. A pesar de ello, tan solo recientemente se ha comenzado a prestar atención a este tema en nuestro país. Partiendo de las escasas pero muy relevantes iniciativas previas, el presente trabajo se proyectó con la vocación de ampliar el conocimiento sobre esta realidad desde el ámbito académico, aunque sin perder de vista la importancia de incorporar la visión de las y los profesionales de la intervención. Todo ello con el objetivo último de que el conocimiento generado resultase de utilidad para desarrollar medidas preventivas y de intervención realmente eficaces contra esta problemática, contribuir a su visibilización y al diseño de estrategias que mejoren la calidad de vida y la seguridad de las personas afectadas por sinhogarismo. El alcance de esta meta requiere, ahora, que las personas a cargo de tomar las decisiones en materia de sinhogarismo conozcan y tomen en cuenta los hallazgos tanto de esta como del resto de las contribuciones que se están desarrollando en la actualidad en este ámbito. Las aportaciones recogidas en la presente obra se han basado, principalmente, en la explotación de los datos de la Encuesta a las Personas sin Hogar realizada por el Instituto Nacional de Estadística en 2012. Ello ha permitido ampliar el conocimiento y visibilizar las diferentes formas de violencia que sufren las personas en situación de sinhogarismo, si bien implica algunas limitaciones que aconsejan que futuros estudios aborden esta cuestión de un modo más directo, explícito y en mayor profundidad, empleando tanto métodos cuantitativos como cualitativos y con aproximaciones tanto transversales como longitudinales. El producto final será una visión integral del problema que permitirá orientar su abordaje de forma más certera. Entre las conclusiones más importantes de este trabajo destaca la constatación de que formas diversas de violencia preceden, acompañan o se derivan de algún modo de la situación de sinhogarismo. Entre ellas, se ha podido comprobar cómo esta circunstancia implica un mayor grado de exposición a situaciones de alto riesgo de victimización, particularmente cuantos más factores de riesgo o vulnerabilidad se encuentran presentes en las trayectorias vitales de las personas sin hogar. En este contexto, los hallazgos indican una importante influencia negativa de base de la propia situación de sinhogarismo que la presencia de estos factores tiende a agravar, sin que su ausencia la mitigue en la misma medida. La escasa tasa de denuncia de estas vivencias, incluso de las más graves, alegando en muchas ocasiones que denunciar no serviría de nada, apunta a posibles experiencias negativas previas con las fuerzas y cuerpos de seguridad o el sistema de justicia y/o a que las personas sin hogar podrían considerar que estas vivencias son inherentes a la propia dinámica de la situación de sinhogarismo. En este punto cobran protagonismo las formas de violencia cultural y estructural, que se entrelazan y retroalimentan entre sí y con la violencia directa, coadyuvadas por las mismas variables que propician esta última. De lo anterior se desprende que la erradicación de la violencia contra las personas sin hogar pasa, al menos en parte, por actuar frente al sinhogarismo, 53 eliminando de este modo los factores asociados a esta situación que incrementan el grado de exposición a situaciones de riesgo de quienes la atraviesan. En tercer lugar, se ha puesto de relieve la importancia de tomar en cuenta la amplia diversidad que existe dentro del grupo de personas afectadas por sinhogarismo, cuyas características, biografías y circunstancias configuran constelaciones de factores de riesgo y protección frente a la violencia muy dispares. Ello aconseja adaptar en consecuencia las estrategias analíticas, preventivas y de intervención. Las contribuciones recogidas en este documento han revelado algunas de estas divergencias, entre las que destacan las diferencias de género. En cualquier caso, las experiencias de violencia que sufren las personas sin hogar constituyen, a menudo, tan solo un síntoma de una patología mucho más profunda que hunde sus raíces en el núcleo mismo de la sociedad y en su estructura. Así, las personas sin hogar se enfrentan cotidianamente a formas de violencia cultural y estructural que acostumbran a pasar inadvertidas e incluso llegan a normalizarse o justificarse, actuando como instancias legitimadoras de otros tipos de violencia. Una de las aportaciones más importantes de esta investigación es el estudio de algunas de ellas. De este modo, hemos comprobado cómo algunos preceptos de las ordenanzas municipales enarbolan los estandartes del civismo y la convivencia ciudadana para penalizar a las personas afectadas por sinhogarismo por la realización, en espacios públicos, de actividades que son necesarias para su subsistencia y para las que, a menudo, no cuentan con alternativas, representando un claro ejemplo de violencia cultural que se relaciona estrechamente con otras manifestaciones de este tipo de violencia y puede materializarse en situaciones de violencia estructural e, incluso, emplearse como justificación de actos de violencia directa. Las circunstancias que han atravesado en nuestro país las personas sin hogar desde el inicio de la pandemia de COVID-19 y, especialmente, en la etapa en la que el confinamiento resultaba preceptivo, ilustran asimismo el constructo de violencia estructural, que en todo caso acompaña a estas personas desde el momento en el que se inicia su situación de sinhogarismo. Muestran, adicionalmente, que la violencia cultural se ha empleado en ocasiones para justificar la situación de desventaja de las personas sin hogar en esta coyuntura que nos ha tocado vivir. En virtud de lo anterior, los resultados de la presente investigación evidencian la necesidad de apostar por las estrategias preventivas en detrimento de las reactivas, algo que requeriría la implementación de profundos cambios estructurales en las instituciones y las políticas públicas, así como cambios sociales sustanciales en la dirección del reconocimiento de todas las personas, sean cuales sean sus características y situación, como igualmente dignas de la garantía y protección, así como acreedoras del pleno ejercicio, de sus derechos. En la persecución del objetivo común de eliminar todas las formas de violencia contra quienes se encuentran en estas situaciones de extrema exclusión social, la colaboración entre profesionales, instituciones e incluso países, así como la cooperación de la sociedad en general, resultan fundamentales. 54 Referencias Amnistía Internacional (2020). Actuación policial durante la pandemia. 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