Activación del empleo y renta garantizada de ciudadaníauna perspectiva desde la intervención profesional del trabajo social.

Abstract

La Renta Garantizada de Ciudadanía (en adelante RGC), nombre que recibe el programa de rentas mínimas en la Comunidad Autónoma de Castilla y León, constituye un claro ejemplo de cómo las Políticas Activas de Empleo impregnan la acción pro-inclusión de los poderes públicos. Dilucidar si las estrategias y medidas de activación del empleo implementadas a través de la política se corresponden con una lógica garantista de los derechos sociales y empoderadora de las personas (doble derecho) o bien con una lógica controladora de la conducta de los individuos y vigilante en el cumplimiento de sus deberes (responsabilidad individual) orienta el objeto de esta investigación. Para alcanzar este conocimiento, se ha utilizado una metodología de estudio basada tanto en el estudio documental de los principales documentos programáticos de la RGC, como en el análisis cualitativo de opiniones, percepciones y criterios de profesionales del Trabajo Social implicados en la gestión de las prestaciones. Los resultados pasan por corroborar la hipótesis consistente en que la RGC está impregnada por la activación laboral, incorporando una importante dosis de estrategias y medidas para la promoción y creación de empleo, así como para la formación y el empleo combinado con formación. Sin embargo, al contrastar el diseño de la política con el alcance en su implementación mediante el discurso de los informantes clave, emergen dificultades y contradicciones de diversa índole, que sitúan a la política, a sus postulados y pretensiones, así como a la propia intervención profesional en una cierta posición de riesgo.