La incidencia del Derecho internacional ambiental en la concreción de un sistema de responsabilidad estatal por daños ambientales en Colombia

Resumen

En la actualidad existen estudios que reflejan la realidad de los derechos colectivos y del ambiente que evidencian detrimentos y daños en su calidad, cantidad y potencial. El abuso por el uso, el goce y disposición, la efectividad en su control y la vigilancia de los bienes y servicios ambientales, ha originado que se replanteen las libertades y derechos sobre los mismos, para garantizar de forma preventiva y progresiva la sustentabilidad de las generaciones futuras, deber que le corresponde al Estado, tal como lo dispone el plexo de normas internacionales, constitucionales y legales. La declaratoria de responsabilidad ambiental por el incumplimiento de los deberes calificados de protección ambiental es una proyección de su papel institucional que lo ubica en una posición de garante que estructuralmente demanda la formulación de políticas legislativas y administrativas destinadas a prevenir o minimizar los daños ambientales. Las políticas en ese orden, deben ser, entonces, implementadas por los mecanismos de control. Por regla general, la debida diligencia debe ser la actuación a adoptarse por estos, frente a lo que generalmente se considera que es razonablemente proporcional al riesgo de daño ambiental en el caso particular. La falla del Estado en la protección del medio ambiente no es sino la manifiesta violación de estas obligaciones, las cuales pueden darse aun antes de que ocurra cualquier daño ambiental, como por ejemplo con la omisión de denuncias, solicitudes, peticiones con ocasión de actos dañosos al medio ambiente. Desde el reconocimiento del derecho humano al medio ambiente adecuado, hasta la reciente adecuación de una agenda internacional para el desarrollo sostenible, es posible distinguir algunos intentos por establecer un sistema de responsabilidad ambiental de los Estados por daños ambientales y/o ecológicos, pero no en el sentido de la responsabilidad de un Estado frente a otros Estados o sujetos de derecho internacional. Evidenciando la posibilidad de que los sujetos activos de una sociedad, tengan capacidad legal internacional, para iniciar acciones contra sus Estados u otros Estados ante un tribunal internacional, para que se resarzan daños ambientales generados por estos, y frente a la defectuosa, tardía o denegada administración de justicia pese a las inevitables dificultades que se generarían con su aplicación.