Presente y futuro de la procura

Abstract

La complejidad técnica y riqueza del derecho procesal en el ordenamiento jurídico español tiene como consecuencia la existencia e intervención de distintos profesionales del Derecho. El presente estudio se circunscribe a la figura del Procurador de los Tribunales. La primera parte se dedica al estudio de la profesión: requisitos para el acceso, funciones, responsabilidades, relación con cada uno de los operadores jurídicos y con los justiciables, así como los momentos y causas de finalización de su actividad. Realizado este análisis, nos posicionaremos en torno a la posibilidad y/o conveniencia de que la postulación procesal se desempeñe por una única figura como sucede en muchos de nuestros países vecinos o si, por el contrario, resulta más beneficioso mantener su autonomía a través de dos profesionales: abogado y procurador. Como corolario, argumentaremos en relación al carácter de este requisito, facultativo o preceptivo, con las excepciones que contempla la Ley actualmente y aportaremos una visión crítica sobre estos extremos. En la segunda parte del estudio, propondremos soluciones para el mejor funcionamiento de la Administración de Justicia que se materializan en la atribución a este colectivo de determinadas funciones, con el control y supervisión del órgano judicial como: otorgamiento de poderes, mediación, actos de comunicación, enajenación forzosa de bienes y, con gran vehemencia citamos, la ejecución de sentencias. Además, el proceso de cambio tecnológico y transformación digital que se está produciendo a nivel mundial tiene su reflejo en los activos empresariales y personales, así como en los contratos. Por lo tanto, si estos recursos han pasado a formar parte del patrimonio de las personas nuestra legislación procesal y la reguladora de la ejecución se tienen que adaptar a los mismos, posibilitando tomar medidas de apremio referidas a ellos. Los mecanismos de ejecución pre-programada deben respetar el derecho a recurrir a un juez para sancionar una irregularidad, controlar la proporcionalidad de la medida de ejecución o reparar el posible daño. El acceso a la Justicia y el derecho a la indemnización de los daños y perjuicios en el marco de un juicio justo constituyen condiciones necesarias para garantizar el respeto de los derechos fundamentales. Defendemos que el Procurador de los tribunales, que además de representante de la parte tiene atribuidas otras funciones de gran relevancia incardinadas en su faceta pública como colaborador de la Administración de Justicia, se convierta en Agente de Ejecución, concediéndole las competencias y capacidades precisas para ello. La dilación de los procesos y la falta de éxito en la ejecución de sentencias judiciales firmes restan valor a nuestra Justicia. Las experiencias europeas y mundiales demuestran que a través de los Agentes de Ejecución se proporciona al justiciable en tiempo la tutela efectiva de sus derechos. El procurador cuenta con toda la formación, requisitos y herramientas para asumir esta labor, pero resulta necesario que se le atribuyan nuevas funciones en esta materia. In illo tempore la Procura se ha ido adaptando a las necesidades de la Justicia y en la actualidad no puede la institución permanecer estática ante un sistema cambiante. Finalmente, se examinará el Plan Justicia 2030 y el papel que dentro del mismo se atribuye al procurador, proponiendo en último lugar cuestiones que no están contempladas en el mismo y que a la luz de las evidencias puestas de manifiesto a lo largo de esta tesis consideramos que deberían ser tenidas en cuenta ya que redundan en un beneficio para el conjunto de la Administración de Justicia que es el móvil del oficio de Procurador de los Tribunales desde su nacimiento. De este modo, la profesión cumpliría con su fin último, posibilitar que el término Justicia se despliegue en su máxima expresión.